El Acuerdo de Escazú: un aliado estratégico para la sostenibilidad

¿Qué implica el Acuerdo de Escazú, más allá del discurso político? El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, se erige sobre pilares fundamentales, de suma relevancia para el contexto socio-político de los países de América Latina, ya que propone adecuaciones estructurales y sistémicas en lo concerniente a transparencia, datos abiertos, acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia y principios de protección para personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

En la actualidad, ha sido adoptado por 24 países de la región, entre los que se encuentra Panamá, a través de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020 (Gaceta Oficial No.2895-A) y recientemente, a través de la Resolución No. DM-0037-2026 del 27 de enero de 2026 (Gaceta Oficial No.30466), se adoptó la Hoja de Ruta para la Implementación de este Acuerdo en Panamá.

La entrada en vigor de estas normativas, en primer lugar, otorga condiciones de mayor seguridad jurídica, reforzando los mecanismos de participación y consulta ciudadana por parte de la gestión pública, y a su vez pone a disposición las herramientas necesarias para que otros sectores sociales y económicos, vinculados a regulaciones ambientales ya sea de forma directa o indirecta, integren en sus estrategias gestiones de sostenibilidad integrales y cónsonas con las exigencias actuales.

La Hoja de Ruta en su contenido identifica puntualmente como actores clave, a diversas organizaciones del sector privado, pertenecientes a rubros como la agricultura, pesca, ganadería, industrias y comercios, lo que en palabras simples se traduce en una invitación para asumir el reto de transformar la forma en la cual se gestionan los proyectos con incidencia ambiental.

En términos prácticos, en procesos como el de evaluación de impacto ambiental, las consultas ciudadanas, el acceso a información veraz y oportuna, deberán garantizar transparencia y trazabilidad, para la toma de decisiones estratégicas. Para la esfera privada esto no solo implica el cumplimiento de obligaciones normativas, sino también anticipar escenarios con estándares más exigentes de gobernanza ambiental.

En el caso de Panamá, este proceso representa una oportunidad estratégica, para iniciar la conversación en los temas que importan como sociedad y para que en alianza el Estado, la ciudadanía y los sectores productivos actúen en sinergia, impulsando acciones para la estructuración de un modelo de desarrollo, alineado con estándares internacionales, donde se opere con mayor transparencia y desde el respeto por los derechos humanos y ambientales.

Desde el Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP), empoderamos al sector académico y reafirmamos nuestro compromiso de aportar activamente, al fortalecimiento de capacidades y la creación de espacios de diálogo y pensamiento crítico, que permita avanzar en la adecuada implementación del Acuerdo de Escazú.