El ageísmo en el debate público: jubilación, trabajo y relevo generacional en Panamá

Las vistas para el Presupuesto General del Estado 2027 reabrieron un reclamo recurrente: la permanencia de personas jubiladas en las instituciones públicas. Titulares, comentarios en redes y cuestionamientos oficiales volvieron a centrarse en cifras globales llamativas, reduciendo un problema complejo a una simple suma de salarios. Lo que se ha instalado en la conversación pública no es solo una discusión sobre gasto estatal, sino una clara manifestación de ageísmo o discriminación por edad, que distorsiona la realidad.

En Panamá, jubilarse rara vez significa retirarse. La principal causa es económica: miles de personas concluyen su vida laboral con hipotecas, gastos médicos y responsabilidades familiares intactas. Las pensiones no alcanzan para cubrir el costo de vida actual, y pasar del salario al retiro implica, para muchos, caer por debajo de la subsistencia. Salvo contadas excepciones mediáticas, la mayoría de los jubilados que continúan trabajando perciben ingresos modestos para sostener un nivel de vida mínimo; esta es la cifra que debería desglosarse y hacerse pública, porque trabajar no es un capricho; es la única opción.

A esto se suma la estructura familiar panameña. Los adultos mayores siguen siendo el sostén económico y de cuidado en hogares donde los hijos enfrentan desempleo o inestabilidad. En el trabajo también aportan experiencia, rigor y estabilidad a sus puestos, lejos de representar una carga para el sistema, en la mayoría de los casos. El problema central no es que sigan activos, sino que el sistema de seguridad social sea incapaz de garantizarles un retiro digno, no solo en cuanto a dinero, sino a servicios y atenciones.

Sugerir que permanecer en el mercado laboral después de la edad legal es una irregularidad es, en sí mismo, discriminatorio. El trabajo es un derecho humano que no vence a los 60 o 65 años.

Por otro lado, el debate sobre el relevo generacional suele plantearse mediante una falacia: la idea de que un joven solo consigue empleo si un adulto mayor es despedido. La ocupación de cargos en el sector público obedece a dinámicas distintas, y muchas tareas operativas no bloquean el desarrollo profesional de las nuevas generaciones. El empleo juvenil no se resuelve expulsando a los trabajadores con experiencia, sino adaptando la formación técnica y profesional a las demandas de la economía actual, dejando atrás funciones o perfiles que el mercado ya no requiere.

La convivencia entre distintas generaciones en el ámbito laboral no frena el progreso. Cuestionar a los jubilados que trabajan en el Estado desvía la atención de los problemas estructurales: la suficiencia de las pensiones, la modernización de la fuerza laboral y el respeto a la capacidad productiva de las personas, independientemente de su edad.