El alcance de la Acodeco: qué puede hacer y qué corresponde a los consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ejerce funciones que inciden directamente en los consumidores y en el funcionamiento de los mercados, por lo que su labor resulta esencial para proteger los derechos de la ciudadanía y contribuir al fortalecimiento de la economía nacional.

La vida cotidiana de toda persona implica una constante sucesión de actos de consumo, mientras que las empresas desarrollan, de forma permanente, múltiples actividades comerciales dentro del mercado. Estas relaciones pueden ser objeto de evaluación por parte de la Acodeco cuando exista la posibilidad de que se vulneren la Ley 45 de 2007, otras normas especiales de protección al consumidor o las disposiciones que garantizan la libre competencia.

Dentro de este enfoque, también es importante destacar que la Acodeco no tiene un único papel en su gestión de conformidad con el diseño normativo que le rige. En algunos casos, tiene el sombrero de juez, en otros, el de litigante que demanda judicialmente el cumplimiento de las normas de protección al consumidor o defensa de la competencia, en otros, el de autoridad técnica que puede brindar criterio a tribunales o la administración pública, para citar algunos ejemplos.

Ante esta complejidad, en ocasiones se presentan dudas entre los usuarios, de hasta dónde la gestión de esta entidad, les alcanza, en determinado caso. Ante esta situación, es importante destacar los siguientes aspectos básicos: la Acodeco, está supuesta a defender los intereses de los consumidores, sin que esto suponga una justicia o gestión automática, sino que el consumidor debe promover su proceso mediante el aporte de las pruebas y demás elementos que apoyen su argumento.

Por otra parte, según el diseño normativo aplicable, en ningún escenario se concibe que se defienda o abogue por los intereses de las empresas, sino que, al mismo tiempo que cuida del cumplimiento de los derechos de los consumidores, debe mantener la vigilancia y corrección de los mercados para que sean más competitivos. En estos casos, sus acciones van directamente dirigidas a impactar el clima de competencia de los mercados, no a beneficiar a un agente económico.

Lo anterior supone, igualmente, que los agentes económicos ya sea en el ámbito de la protección al consumidor, como en discusiones en materia de libre competencia, deben familiarizarse con los distintos pasos y requerimientos, así como permanecer atentos a la evolución de los mismos, mediante la inclusión de sus apoderados en dichas discusiones, ya sean en etapa de investigación o de proceso de decisión o demanda, puesto que luego de agotadas las instancias correspondientes, no es posible revertir la actuación que no contó con la debida aportación de elementos de convicción relevantes para la elaboración de las decisiones de fondo.

En conclusión, aunque la Acodeco mantiene el firme compromiso de fortalecer las relaciones de consumo y promover mercados más competitivos mediante sus decisiones y actuaciones, dicho propósito no puede sustituir la responsabilidad que corresponde a consumidores y agentes económicos dentro de los procedimientos. La calidad de las decisiones institucionales depende, en gran medida, de que las partes aporten oportunamente los elementos de convicción que permitan establecer con precisión la realidad de los hechos sometidos a consideración de la entidad.