El bien común: la pieza olvidada del desarrollo

En el debate público panameño hablamos con frecuencia de crecimiento económico, inversión, empleo, competitividad, seguridad ciudadana y estabilidad fiscal. Son temas importantes y determinantes para el futuro del país. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre una pregunta que debería orientar todas las demás: ¿para qué queremos crecer como sociedad?

La respuesta parece obvia: para vivir mejor. Pero vivir mejor no significa únicamente producir más riqueza. Significa construir una sociedad donde las oportunidades sean más equitativas, las instituciones inspiren confianza y las decisiones públicas respondan al interés de todos, y no al de unos pocos. Ese propósito tiene un nombre que, con el paso de los años, ha ido desapareciendo del lenguaje político y del debate ciudadano: “el bien común”.

No se trata de un concepto abstracto ni de una aspiración idealista. Desde Aristóteles hasta las democracias contemporáneas, el bien común ha sido entendido como el propósito fundamental de toda comunidad política: “crear las condiciones para que todas las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con dignidad”.

Sin embargo, hoy resulta frecuente que el debate público se reduzca a la confrontación de intereses sectoriales. Cada grupo defiende sus propias prioridades; cada institución protege su espacio; cada actor busca preservar sus ventajas. Poco a poco, el interés general cede terreno frente a la suma de intereses particulares.

Cuando eso ocurre, el bien común deja entonces de ser el punto de encuentro entre el Estado, el mercado y la sociedad. En ese sentido, el reciente informe de la CEPAL sobre cohesión social subraya que, una sociedad cohesionada requiere instituciones confiables, reglas justas, igualdad de oportunidades y ciudadanos que compartan un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. Es difícil imaginar cualquiera de esas condiciones sin una orientación clara hacia el bien común. Y es que, el bien común constituye precisamente el principio que articula esas dimensiones.

Cuando las decisiones públicas se orientan hacia el bienestar colectivo, la inversión en educación deja de verse como un gasto para convertirse en una apuesta por el futuro del país. La salud pública deja de ser una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud o de la Caja de Seguro Social para convertirse en un compromiso nacional. La protección del ambiente deja de enfrentarse al desarrollo económico para entenderse como una condición de su sostenibilidad. Y la transparencia deja de ser un simple requisito legal para convertirse en un fundamento de la confianza ciudadana.

Lo contrario también es cierto. Durante décadas Panamá logró construir una economía dinámica y competitiva, capaz de atraer inversiones y generar crecimiento. Sin embargo, ese éxito económico no siempre estuvo acompañado por una reducción equivalente de las desigualdades ni por un fortalecimiento proporcional de las instituciones públicas. Y, con frecuencia, el debate político parece concentrarse más en quién ejerce el poder que en el propósito con el que ese poder debe ejercerse.

Tal vez haya llegado el momento de recuperar una pregunta que parece sencilla, pero que puede transformar la forma en que concebimos el desarrollo: ¿Estamos construyendo un modelo de desarrollo que fortalezca el bien común? Esa pregunta debería orientar las grandes políticas públicas, pero también las decisiones cotidianas del Estado. Debería estar presente cuando se define el presupuesto nacional, cuando se planifica una obra de infraestructura, cuando se reforma el sistema educativo, cuando se fortalece la atención primaria de salud o cuando se diseñan políticas para atraer inversiones. No porque exista una única respuesta correcta, sino porque obliga a mirar más allá de los intereses inmediatos y a pensar en las consecuencias para el conjunto de la sociedad.

El bien común no exige uniformidad ni elimina la diversidad de intereses que caracteriza a toda democracia. Por el contrario, reconoce esa diversidad, pero propone un criterio para armonizarla: que las decisiones públicas amplíen las oportunidades, fortalezcan la cohesión social y beneficien al país en su conjunto. Esa es, quizás, una de las mayores responsabilidades del liderazgo político. Gobernar no consiste únicamente en administrar el presente ni en responder a las demandas más visibles. Gobernar también implica construir futuro. Y no puede construirse un futuro compartido cuando el interés colectivo queda subordinado a intereses particulares.

Panamá necesita seguir creciendo, atraer inversiones, generar empleo y aumentar su productividad. Nadie discute esos objetivos. Pero ese crecimiento solo alcanzará todo su potencial si responde a un propósito más amplio: fortalecer el bienestar de toda la sociedad. Porque el verdadero desarrollo no consiste únicamente en crear riqueza. Consiste en poner esa riqueza al servicio de las personas, fortalecer las instituciones y construir una comunidad donde cada ciudadano pueda reconocer que forma parte de un proyecto común.

Entonces, estamos obligados a colocar el bien común en el centro de las decisiones públicas. No como una consigna, sino como el principio que debe orientar el desarrollo, fortalecer la cohesión social y devolver a los panameños la confianza en que es posible construir un mejor país para todos.