El ‘Bukele cero, Panamá miles’

Conforme la metodología estándar, Panamá registró en 2025 una tasa de 12,9 homicidios por cada 100000 habitantes, inferior a Colombia (25,8), Ecuador (50,9), Honduras (23,2), Guatemala (17,4) y Costa Rica (16,8).

No se trata de mencionar cifras para justificar situaciones. Los índices de criminalidad constituyen una materia tan delicada que resulta irresponsable abordarlos de manera superficial, como acostumbran algunos críticos a los que ahora les ha dado por llevar a las redes comparaciones a todas luces asimétricas e inexactas.

Se han posteado por estos días, con una ironía que se aproxima a la sorna, comparaciones entre los índices de criminalidad de Panamá y El Salvador, como si fueran iguales los antecedentes y las realidades de ambos países. Para Panamá resulta saludable y meritorio que cualquier país de la región logre reducir este flagelo significativamente, pero tal condición no puede ser utilizada como indicador de si lo realizado en nuestro país, o en cualquier otro de Latinoamérica, sea malo, bueno o regular.

Cada país tiene su realidad. Nadie niega, y menos el gobierno nacional, el daño que el crimen organizado asesta a Panamá cada vez que sus luchas intestinas llenan de luto a nuestros hogares, o utilizan a nuestra juventud a través de las pandillas. La asignación anual de recursos para combatir estos delitos en todas sus formas y manifestaciones es prueba de la preocupación oficial sobre este tema, pero en el caso de Panamá, además, la transparencia, los métodos y el respeto a un conjunto de leyes que norma la actuación de las unidades policiales, corresponden al sistema democrático en que se vive. No existen, ni dentro ni fuera del país, críticas contra nuestros estamentos de seguridad en estos aspectos.

Sería bueno saber si los que establecen comparaciones entre Panamá y El Salvador pueden desmentir a InSight Crime, una de las fuentes especializadas más reconocidas de la región, cuando coloca un asterisco sobre esa nación centroamericana, porque sus cifras excluyen determinadas categorías de muertes y existen limitaciones para su verificación independiente. Siempre según la fuente citada, cuerpos encontrados en tumbas no marcadas, un método que las pandillas utilizan regularmente para ocultar a las víctimas, los asesinatos por parte de la policía y los asesinatos en prisiones, están excluidos de los datos oficiales. Eso no ocurre en Panamá.

Aquí se sabe abiertamente cuánto cuesta la seguridad pública, el pie de fuerza con el que se cuenta, el equipo que se utiliza, los métodos aplicados, las limitaciones legales que marcan las acciones policiales, y la coordinación internacional con que se actúa.

No nos corresponde ni criticar ni censurar la manera como cada país resuelve sus temas de criminalidad. Lo que si podemos afirmar categóricamente es que en Panamá no existen Organizaciones No Gubernamentales prohibidas, ni actores importantes señalando violaciones de derechos humanos.

El debate fabricado: ‘Bukele cero, Panamá miles’ no constituye una comparación estadística válida. Hay que considerar que El Salvador mantiene un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, mientras Panamá desarrolla su política de seguridad dentro de un régimen constitucional ordinario. Panamá presenta una tasa baja dentro de su entorno regional y, en 2025, inferior a varios países latinoamericanos con problemas de crimen organizado.