El Canal, el agua y la falla de Pedro Miguel

El terremoto del pasado 9 de octubre, que sacudió buena parte del territorio nacional y ocasionó importantes daños humanos y materiales, debe dejarnos una lección que trascienda la comprensible preocupación de aquellos días: la necesidad de examinar nuestra capacidad para proteger las infraestructuras de las que dependen la vida, la seguridad y el funcionamiento del país.

Mucho se ha escrito, acertadamente, sobre la prevención sísmica, la seguridad de las edificaciones y la preparación ciudadana. Quisiera detenerme en dos asuntos estrechamente relacionados, cuya importancia estratégica merece particular atención: la continuidad operativa del Canal de Panamá y la seguridad hídrica de nuestra población.

Ambos podrían verse comprometidos ante un terremoto fuerte originado en las proximidades de la falla de Pedro Miguel.

Esta falla geológica, próxima al Canal y a la capital, no constituye una amenaza imaginaria. Investigaciones científicas publicadas en 2010 documentaron varias rupturas durante los últimos 1,600 años, incluida la asociada con el terremoto de 1621, que ocasionó graves daños en Panamá Viejo. Los estudios señalan que el sistema de fallas de Pedro Miguel y Limón tiene capacidad para producir terremotos de magnitud cercana a 7.

Esto no significa que estemos ante un acontecimiento inminente. La ciencia no puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, ni existe fundamento para afirmar que el reciente movimiento de Azuero haya activado esta falla.

Sin embargo, un terremoto de menor magnitud que el del 9 de octubre, pero originado mucho más cerca de la capital, podría producir sacudidas considerablemente más intensas sobre determinadas infraestructuras.

¿Qué significaría semejante escenario para el Canal de Panamá?

Una aceleración intensa podría afectar esclusas, presas, sistemas electromecánicos y taludes del Corte Culebra, ocasionando daños o interrupciones operativas que, aun siendo temporales, tendrían consecuencias económicas importantes para Panamá y el comercio internacional.

Debemos reconocer que la Autoridad del Canal de Panamá ha incorporado estudios sísmicos a sus proyectos, particularmente durante la ampliación, y ha contemplado evaluaciones de estructuras históricas, algunas con más de un siglo de existencia.

No se trata de desconocer los avances alcanzados ni de cuestionar sin fundamento la seguridad de nuestras instalaciones, sino de comprender que la gestión de riesgos exige evaluación permanente, mantenimiento y planes de continuidad debidamente probados.

Pero existe otra dimensión igualmente importante: el agua que consumimos.

Los embalses de la cuenca del Canal son esenciales para abastecer de agua potable a una parte significativa de nuestra población. Un terremoto cercano podría afectar tuberías, estaciones de bombeo, plantas potabilizadoras y sistemas eléctricos, o provocar deslizamientos que incrementen la turbidez del agua y dificulten temporalmente su tratamiento.

No sería necesario que una presa sufriera daños graves para que se produjeran interrupciones importantes del suministro.

En un artículo publicado en Destino Panamá, titulado «El seguro más importante que necesita Panamá», mi querido hermano Gabriel de Obarrio, reconocido especialista en riesgos y seguros, recordó que la seguridad hídrica depende también de administrar, proteger y aprovechar eficientemente el agua disponible. A esa reflexión agregaría la necesidad de garantizar la continuidad de los sistemas que permiten llevarla hasta nuestros hogares.

Surge entonces una pregunta fundamental: ¿cuenta Panamá con planes suficientemente integrados y probados para enfrentar una interrupción simultánea de las operaciones del Canal y del abastecimiento de agua potable?

No afirmo que tales planes no existan. Instituciones como la ACP cuentan con capacidades técnicas reconocidas. Pero sería conveniente conocer, sin comprometer información sensible, cómo se articulan sus protocolos con los del IDAAN, SINAPROC y demás autoridades responsables.

La preparación debe considerar también la interdependencia entre agua, energía, telecomunicaciones, transporte y servicios de emergencia.

Existe, además, una dimensión financiera que merece atención.

El reciente terremoto activó una póliza paramétrica contratada por el Estado mediante el mecanismo regional CCRIF, que anunció un desembolso de 17.4 millones de dólares para apoyar la respuesta a la emergencia.

Es una previsión valiosa, pues permite disponer rápidamente de recursos, aunque no sustituye los seguros patrimoniales ni garantiza indemnizaciones individuales.

Quienes tienen capacidad económica deberían revisar sus coberturas catastróficas, sumas aseguradas y responsabilidad civil. En las propiedades horizontales, conviene distinguir entre las pólizas de áreas comunes y las coberturas individuales.

Pero tampoco podemos olvidar a quienes carecen de recursos para asegurarse. Para esas familias, la protección debe apoyarse en mecanismos públicos de asistencia y recuperación, respaldados por instrumentos financieros sostenibles y administrados con transparencia.

De cara al futuro, convendría evaluar si nuestras coberturas catastróficas, reservas financieras y protocolos de respuesta serían suficientes ante escenarios que comprometieran simultáneamente infraestructuras estratégicas y servicios básicos.

La prevención sísmica exige coordinación entre autoridades, comunidad científica, universidades, sector privado y sociedad civil. No necesitamos sembrar temor ni especular sobre fechas de futuros terremotos, sino información confiable, evaluaciones rigurosas y preparación verificable.

Panamá ha demostrado que puede construir y administrar una de las obras de ingeniería más importantes del mundo. Esa misma capacidad debe permitirnos anticipar riesgos, proteger nuestros recursos estratégicos y, por encima de todo, preservar la vida humana.

No podemos impedir que la tierra vuelva a temblar. Pero sí podemos prepararnos para que, cuando ocurra, el país pueda seguir funcionando y su población permanezca protegida.