El Consejo de Asociación Panamá-Costa Rica: el foro necesario hoy

Pocas relaciones bilaterales en el hemisferio tienen tanto potencial como la de Panamá y Costa Rica. Dos democracias sólidas, economías abiertas y complementarias, fronterizas, con vocación atlántica y pacífica, cuyos ciudadanos comparten un espacio de vida transfronterizo activo y dinámico. Que esa relación atraviese hoy una etapa que podemos describir como “tensionada”, a causa de un diferendo comercial que ha escalado hasta afectar incluso otros sectores de la relación política y económica entre ambas naciones, no es solo una anomalía preocupante sino una señal de que ambos gobiernos deberían actuar con urgencia y con altura de miras.

El diferendo tiene ya varios años. Surgió de restricciones comerciales que Panamá impuso sobre productos agropecuarios costarricenses, cuya incompatibilidad con las normas internacionales fue confirmada, en diciembre de 2024, por un panel de la Organización Mundial del Comercio. Desde entonces, los intentos de Costa Rica por abrir canales de solución, -tanto comerciales como diplomáticos-, no han encontrado, aún, la respuesta constructiva que la situación demanda. La apelación presentada por Panamá, ante un órgano de la OMC que lleva años paralizado, ha dejado el asunto en un limbo jurídico sin salida a la vista, y la tensión resultante ha ido escalando de lo comercial a lo diplomático, con consecuencias que ya se sienten en otras áreas de la relación bilateral.

El problema tiene además una dimensión institucional que lo complica. Panamá lo trata como un asunto estrictamente comercial, fuera del alcance de su Cancillería. Costa Rica lo ha elevado, -con razón creo yo-, a tema de política exterior. Esta asimetría de enfoque impide que las conversaciones avancen en el nivel adecuado. Se necesita un foro donde lo comercial y lo diplomático puedan ser analizados y negociados con autoridad para producir resultados. Ese foro existe, fue pactado por ambos países hace quince años y, salvo una sola reunión celebrada en 2017, ha permanecido sin activarse.

El Acuerdo de Asociación suscrito por Panamá y Costa Rica en 2009, y ratificado por Panamá en 2010, estableció el Consejo de Asociación como mecanismo de más alto rango en la relación bilateral. Lo presiden los cancilleres de ambos países y participan los ministros de Estado convocados y cuya presencia sea pertinente según la agenda, lo que lo hace, por diseño, el único espacio capaz de reunir simultáneamente las dimensiones comercial y diplomática de cualquier controversia bilateral. Su mandato cubre la totalidad de la relación: política, comercial, social, ambiental y de seguridad. Puede establecer comisiones de trabajo temáticas, convocar a representantes del sector privado y reunirse de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo justifiquen. Solo se ha reunido una vez, en mayo de 2017, en San José, donde abordó una agenda de más de setenta puntos de cooperación. Lo que hoy vive la relación entre ambos países justifica, plenamente, una nueva convocatoria extraordinaria.

Activar el Consejo sería, ante todo, un acto de sensatez política. Le daría al diferendo comercial el tratamiento político de alto nivel que ya requiere, con capacidad real para avanzar hacia una solución pragmática que, como en toda negociación madura, no tendrá que satisfacer el cien por ciento de los intereses de ninguna de las partes para ser valiosa. Pero el Consejo haría mucho más que eso: permitiría restablecer la agenda bilateral en toda su amplitud, tales como seguridad fronteriza, migración, cooperación técnica y científica, medio ambiente; así como otros temas de interés estratégico compartido como la relación con Estados Unidos, la estabilidad regional, del continente o del orden mundial, frente a amenazas por parte de regímenes totalitarios y actores afines, que la crisis ha opacado injustamente. De igual forma, podría ser también el escenario de un gran encuentro empresarial binacional, que ponga a dialogar a los actores que, al final, son los verdaderos motores de ambas economías.

Hay además una razón de fondo por la que Panamá, en particular, no debería subestimar esta oportunidad. Panamá es miembro pleno del subsistema de integración económica centroamericana desde 2013, con un área de libre comercio vigente y obligaciones regionales asumidas que incluyen las derivadas del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, negociado precisamente en bloque con Centroamérica. Esa arquitectura jurídica regional no es un detalle menor: cualquier aspiración panameña de integrarse plenamente a otra unión aduanera, -como el Mercosur, al que Panamá se incorporó como Estado Asociado-, encontraría una limitación estructural seria en tanto Panamá siga siendo miembro del mercado común centroamericano, que tiene su propio arancel externo común. Creo que antes de mirar hacia nuevos bloques, Panamá ganaría más consolidando los que ya construyó hasta hoy.

En esa amplia tarea, Costa Rica podría ser un aliado natural. Ambas son las economías más abiertas, competitivas e internacionalizadas de Centroamérica. Juntas, con una relación bilateral sana y una agenda compartida, pueden aprovechar plenamente una red de acuerdos comerciales de enorme valor que, hasta ahora, sigue siendo subutilizada. Panamá tiene más que ganar liderando la región, -de la mano con Costa Rica-, que desgastándose en un impasse que no reporta ningún beneficio. En consecuencia, frente a una situación que no conduce a ningún resultado constructivo, Panamá debería hacer uso de este valioso instrumento legal, político y diplomático, para relanzar esta relación bilateral, entendiendo que hacer uso del mismo sería una acción de verdadero nacionalismo. El Consejo de Asociación es la herramienta diseñada para exactamente ese propósito. Solo hace falta la voluntad política de convocarlo.