El deporte panameño no puede ser patrimonio de los círculos de poder

Hay algo profundamente injusto en un país donde un niño puede tener talento, disciplina y condiciones para convertirse en un gran deportista, pero no contar con los implementos necesarios para entrenar, mientras millones de dólares destinados al desarrollo deportivo terminan atrapados en cuestionamientos sobre su administración, distribución y destino.

El deporte debería ser una de las expresiones más nobles de la igualdad de oportunidades. No debería importar de qué barrio viene un atleta, a qué circuito electoral pertenece o qué dirigente político conoce. Debería importar su talento, su esfuerzo y las oportunidades que el Estado tiene la obligación de garantizarle. Sin embargo, en Panamá hemos permitido que alrededor del deporte se construyan estructuras de poder que merecen una revisión profunda.

Lo ocurrido en años anteriores con los fondos de Pandeportes dejó al descubierto una realidad que el país no debe olvidar. Las investigaciones periodísticas de aquella época documentaron millonarios desembolsos a federaciones deportivas, algunas estrechamente vinculadas a figuras políticas, y cuestionaron la utilización de recursos destinados supuestamente a la masificación del deporte en comunidades que ni siquiera recordaban haber recibido esos implementos.

Uno de los episodios más reveladores fue el de una federación de béisbol que recibió cerca de siete millones de dólares en aportes públicos durante un período de pocos años. Se cuestionaron compras de implementos deportivos por cientos de miles de dólares, incluidos bates de alto costo que supuestamente habían sido destinados a comunidades rurales y ligas deportivas. Cuando se solicitaron explicaciones y documentación sobre esas entregas, las respuestas no despejaron ninguna de las interrogantes.

En medio de los cuestionamientos, incluso se llegó a señalar que existía un complot contra la federación y que los medios de comunicación pretendían perjudicar al béisbol panameño. Pero aquí hay algo que debemos dejar absolutamente claro, preguntar por el destino del dinero público no es atacar el deporte. Exigir transparencia no es perseguir a un dirigente, aunque este se victimice ante la solicitud de transparencia. Fiscalizar a quienes administran recursos del Estado no es hacerle daño a una institución. Es defender el derecho de los ciudadanos a saber cómo se utiliza su dinero.

El problema inclusive de fondo es mucho más grande. Es la relación entre el poder político y la administración de los recursos deportivos. Cuando quienes tienen influencia en las decisiones públicas también participan en estructuras que reciben y administran fondos estatales, se vuelve indispensable establecer controles rigurosos, reglas claras y mecanismos que eviten cualquier conflicto de intereses.

El dinero del deporte no puede distribuirse como recompensa política, ni utilizarse para construir lealtades electorales. Aquí aparece otra pregunta fundamental: ¿cómo se decide qué federación recibe más recursos que otra? ¿Qué criterios se utilizan? ¿Se toma en cuenta la cantidad de atletas, las necesidades de entrenamiento, los resultados deportivos, la infraestructura disponible o el impacto que tendrá esa inversión en las comunidades?

Panamá necesita una política deportiva que piense en las próximas cinco generaciones. Que invierta en instalaciones, formación, entrenadores, becas, competencias y detección de talentos. Que entienda que el deporte no solamente produce medallas: también construye ciudadanía, disciplina, salud, convivencia y oportunidades para miles de jóvenes.

El deporte no pertenece a los diputados, ni a los dirigentes, ni a quienes circunstancialmente ocupan posiciones de poder. Tampoco pertenece a una federación en particular. El deporte pertenece a los panameños. Es hora de devolverle el deporte a quienes verdaderamente le pertenecen, a nuestros atletas y nuestro pueblo.