¡El derecho a la vivienda es un derecho humano!

Desde el otro lado del charco, y más específicamente desde España, nos llegan las informaciones sobre los niveles a los que ha remontado en ese país la crisis de la vivienda. El detonante fue el dramático desalojo, por impago, de una anciana de 87 años, de la vivienda que como arrendataria ocupó por 70 años, durante los que pagó puntualmente el cánon del alquiler, pero que no pudo seguir pagando cuando le fue triplicado o cuadruplicado.

La crisis de la vivienda es prácticamente universal. Ahora, entre las novedades para calificar su imparable y creciente déficit se han introducido los términos “cuantitativo y cualitativo”, para diferenciar la falta absoluta de una vivienda de aquellos casos en los que, aunque, aparentemente, se cuente con una, estas carecen, por ejemplo, de agua, electricidad, servicios sanitarios, pisos, techos o paredes, mínimamente, aceptables.

En unas declaraciones recientes, el titular del ministerio de la vivienda, usando ambas calificaciones, cifraba el déficit habitacional panameño, actual, en trescientos veintidós mil (322,000) unidades. Esa cantidad, comparada con el tamaño de nuestra población actual, nos coloca, como punteros, entre los países en los que el déficit alcanza los niveles de crisis aguda y hasta de calamidad nacional.

El crecimiento exponencial del déficit habitacional que, hace solo un par de décadas era de 150,000 unidades, evidencia que el presente y los pasados gobiernos muy poco o casi nada han hecho para reducirlo. Eso, en abierta contravención del mandato constitucional, estipulado en el artículo 117, que impone al Estado “establecer una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente, a los sectores de menor ingreso.”

En la actualidad vivimos una realidad contrastante. Por un lado, se han construido viviendas; pero no para atender a “los sectores de menor ingreso”, sino a segmentos de la población muy por encima de ese nivel. La prueba es que, a la par convivimos con dos situaciones que son absurdas. Por un lado, se estima que hay entre 1,000 y 1,500 apartamentos y casas construidas sin vender y, por el otro, cada día es mayor la falta de viviendas asequibles a los segmentos de menor ingreso.

La Constitución, aunque literariamente califica la vivienda como “un derecho social del que tiene derecho a gozar toda la población”, digresión gramatical que no hace a la sustancia del problema, sí es enfática al señalar que los programas de vivienda deben estar dirigido, principalmente, a resolver las carencias de los sectores de menores ingresos. Y también impone que esos programas son responsabilidad del Estado, o sea, que se deben financiar con fondos públicos. La razón de ese mandato es elemental: A los promotores privados, que financian sus proyectos con créditos de la banca privada, no les interesa construir viviendas para sectores que, a duras penas, pueden adquirirlas. Por consiguiente, si el Estado no asume su construcción, para adjudicarlas en condiciones que sean asequibles a los sectores que no son de interés para la inversión privada, el problema se seguirá agravando hasta niveles de tragedia humana, que ya no es un horizonte futuro sino nuestro actual presente.

El gobierno, recientemente, ha tomado dos decisiones en relación con el problema de la vivienda: Por un lado, se restituyó la exoneración del Impuesto que gravaría la transferencia de viene inmuebles, el ITBI, y, por el otro, ha anunciado que proyecta destinar 200 millones a la construcción de “vivienda social”. La primera medida, si para algo servirá, será para “ayudar a las promotoras y a la banca privada a liberarse del peso del inventario de viviendas que no han podido vender”; pero, desde luego, en nada contribuirá a resolver el déficit de la “vivienda social”, que debe ser la prioridad.

La segunda medida que, por ahora solo es un anuncio, iría en la dirección correcta; pero por el atraso con que ha sido decidida, después de transcurrida casi la mitad del mandato presidencial, es evidentemente insuficiente. O se aumentan considerablemente los recursos destinados a construir vivienda social o sería como poner “una curita”, para tratar de cerrar una herida que demanda una cirugía mayor.

El derecho a la vivienda es ante todo y sobre todo, “un derecho humano” y así deben entenderlo quienes regentan la cosa pública.