El desempleo que dejó la cobardía de un gobierno en pandemia y el oportunismo sindical

Panamá ha enfrentado golpes muy duros en el plano socioeconómico. Uno de los más severos fueron las drásticas medidas adoptadas durante la pandemia de la Covid-19. Las cuarentenas prolongadas terminaron por llevar a la quiebra a cientos de pequeñas y medianas empresas. El desplome del PIB en un 18% marcó una de las caídas más profundas desde el retorno a la democracia.

A esa crisis se sumó la pésima administración de un gobierno que se hundía en escándalos de corrupción. El capítulo minero fue la gota que derramó el vaso: un contrato cuestionado y percibido como corrupto encendió la indignación ciudadana y movilizó a miles de panameños.

Sin embargo, la causa fue rápidamente cooptada por sindicatos y grupos radicales de izquierda que, lejos de defender los intereses nacionales, aprovecharon la coyuntura para posicionarse políticamente. Esto quedó en evidencia en la mesa de diálogo de Penonomé, con la presencia de Suntracs, Asoprof, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, grupos indígenas y otros sectores que buscaban protagonismo.

El país entró en un espiral de caos: cierres de vías, vandalismo, patrullas incendiadas, desabastecimiento de alimentos y medicinas. El gobierno del PRD, desgastado y sin legitimidad, prefirió no enfrentar la situación y se escudó en el cálculo electoral para no asumir su responsabilidad de restablecer el orden.

La Corte Suprema de Justicia terminó declarando inconstitucional un contrato-ley con 25 violaciones a la Carta Magna. Poco después, el entonces presidente Laurentino Cortizo anunció el Decreto Ejecutivo de Moratoria inmediata (27 de octubre de 2023), que prohibió el otorgamiento de nuevas concesiones mineras metálicas, incluso las que estaban en trámite. Aún más acorralado, sancionó la Ley 407 (3 de noviembre de 2023), que impuso una moratoria legal e indefinida en el sector.

Las consecuencias no tardaron: la paralización de la mina en Donoso supuso el congelamiento de una inversión de 10,000 millones de dólares, la pérdida de 55 mil empleos directos e indirectos y la apertura de demandas millonarias de la empresa First Quantum, calculadas en más de 747 millones de dólares.

Más recientemente, los mismos gremios impulsaron las protestas contra la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social. La diferencia fue que esta vez encontraron un gobierno dispuesto a ejercer su autoridad constitucional. Pese a ello, volvieron a bloquear calles, paralizar actividades y perjudicar a miles de estudiantes que, como siempre, fueron rehenes de los gremios de educadores.

Bocas del Toro fue una de las provincias más afectadas: la radicalización de los cierres provocó escasez de alimentos, medicinas, gasolina y productos básicos.

El caso más grave fue la huelga ilegal en la empresa bananera Chiquita Panamá. Cerca de 5,000 trabajadores quedaron en la calle, sin empleo ni indemnización, debido a un paro que se prolongó 24 días y que generó pérdidas estimadas en 75 millones de dólares. La propia empresa advirtió que los daños a la producción fueron “irreversibles”.

Frente a ese panorama, el presidente José Raúl Mulino logró en Brasil un acuerdo con Chiquita para reactivar operaciones. La empresa se comprometió a recontratar inicialmente a 3,000 trabajadores en septiembre de este año y a sumar otros 2,000 en febrero de 2026. En menos de seis meses, se recuperarían los 5,000 empleos perdidos por la irresponsabilidad sindical.

Lo paradójico es que los mismos grupos que dicen defender a los trabajadores fueron quienes provocaron una de las peores crisis de empleo de la última década. Suntracs no representa a los trabajadores; Asoprof no representa a los educadores; y los movimientos sociales financiados desde el extranjero no representan a los panameños.

Lo que sí representan es el oportunismo disfrazado de lucha social. Su estrategia es la misma: aprovechar causas legítimas para provocar caos, manipular el malestar ciudadano y frenar el desarrollo del país.

En Panamá necesitamos entender que quien se opone al avance de la nación, en realidad respalda su retroceso.