El despilfarro del dinero público

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad panameña es el uso de los fondos públicos y cómo, año tras año, el presupuesto del Estado continúa creciendo. Cada administración promete hacer más eficiente el gasto, pero el tamaño y el costo del Estado siguen aumentando. Dentro de esta estructura hay una institución que merece una mirada particular: la Asamblea Nacional.

No se trata de un problema exclusivo del actual gobierno. Desde hace años, las planillas de la Asamblea y, especialmente, las de los diputados han sido objeto de cuestionamientos. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a dimensionar cuánto ha crecido esta institución, cuánto le cuesta al ciudadano y si ese crecimiento se ha traducido realmente en una mejor Asamblea.

En enero de 2007, la Asamblea Nacional contaba con 1,149 funcionarios. Para junio de 2026, la cifra alcanzaba los 5,089, un incremento aproximado del 343%. Durante ese mismo período, la población de Panamá pasó de unos 3.44 millones de habitantes a 4.65 millones, un crecimiento cercano al 35%, según las estimaciones y proyecciones del INEC basadas en el Censo de 2023. Es decir, mientras la población aumentó alrededor de 35%, la cantidad de funcionarios de la Asamblea creció más de 300%. Su estructura burocrática aumentó casi diez veces más rápido que la población.

Las funciones pueden hacerse más complejas y requerir mayor especialización. Pero precisamente por eso surge una pregunta inevitable: ¿qué produjo ese crecimiento? Si una institución pasa de 1,149 funcionarios a más de 5,000, uno esperaría encontrar una mejora proporcional en la calidad de las leyes, la capacidad técnica, la fiscalización del Ejecutivo o la eficiencia administrativa. Esa relación, sin embargo, no resulta evidente. Y este ni siquiera fue el punto máximo. Entre 2020 y 2024, la Asamblea llegó a registrar hasta 8,556 funcionarios. Si realmente necesitaba semejante cantidad de personas, debería ser posible explicar qué hacía cada una y qué resultados adicionales producía esa estructura. De lo contrario, surge la sospecha de que durante años se utilizaron recursos públicos para mantener una planilla superior a las necesidades reales de la institución.

La última planilla utilizada para este análisis corresponde a abril de 2025 y fue publicada por la Contraloría. En ella aparecen aproximadamente 4,022 funcionarios. Al contrastarla con otros registros del mismo período, se identifican 4,023: 3,047 permanentes y 976 temporales.

La distribución también plantea interrogantes. La estructura administrativa propiamente dicha, conformada por 94 funcionarios, representa apenas alrededor del 2.2% de la planilla. El resto está distribuido entre más de 107 direcciones, departamentos, unidades, despachos de diputados, suplentes, comisiones y otras dependencias.

Particularmente llamativa es la categoría “sin ubicación”, donde aparecen 395 funcionarios cuyos salarios representan aproximadamente el 9.5% de la planilla. La transparencia no debería limitarse a informar cuánto se paga, sino también para qué se paga. Aproximadamente el 40% de la planilla está relacionado directamente con los 71 diputados. Aquí encontramos diferencias difíciles de justificar. Jorge Bloise, Janine Prado y Eduardo Gaitán, por ejemplo, aparecen con apenas tres funcionarios cada uno, demostrando que es posible ejercer el cargo con estructuras relativamente pequeñas.

Las diferencias entre bancadas también son significativas. VAMOS representaba aproximadamente $225,000 mensuales, alrededor del 3.2% de la planilla total. RM alcanzaba unos $549,450 mensuales, equivalentes al 7.7%, destacando Dana Castañeda con 97 funcionarios. Cambio Democrático tenía 298 funcionarios y un costo cercano a $435,000 mensuales, mientras que el Panameñismo representaba unos $246,713.

Pero el primer lugar, con diferencia, correspondía al PRD. Sus 11 diputados sumaban 636 funcionarios y más de un millón de dólares mensuales, aproximadamente el 15.4% de toda la planilla de la Asamblea. Benicio Robinson aparecía con 145 funcionarios y Marcos Castillero con 150. Aquí la discusión deja de ser simplemente una cuestión de números. Si un diputado puede trabajar con tres, cuatro o cinco funcionarios, ¿qué justifica que otro necesite 30, 60, 100 o 150? ¿Se requieren realmente 150 personas para preparar proyectos de ley, revisar presupuestos, fiscalizar al Ejecutivo o atender comisiones?

La Asamblea ha llegado a manejar una planilla mensual cercana a los $7.2 millones, unos $86.4 millones anuales. Cada dólar tiene un costo de oportunidad: los recursos destinados a mantener una estructura burocrática no pueden utilizarse simultáneamente en seguridad, justicia, educación, salud o infraestructura.

Cuando la población crece alrededor de 35%, pero una institución aumenta su cantidad de funcionarios más de 300%, la pregunta ya no es si el Estado está creciendo. Eso es evidente. La verdadera pregunta es: ¿quién está pagando por ese crecimiento y qué está recibiendo a cambio?