El doble rasero internacional contra Israel

Al hablar del nuevo conflicto árabe-israelí en Gaza, no se debe olvidar que Israel ni lo pidió ni lo buscó. Lo está sufriendo a manos de un grupo terrorista palestino, Hamás, que convirtió a civiles, israelíes y palestinos, en herramienta de guerra. Desde que se inició, se ha instalado un “doble rasero de medir” que distorsiona el debate y vacía de contenido el propio derecho internacional que muchos invocan.

La Carta de la ONU reconoce el derecho inherente de autodefensa ante un ataque armado y, en la conducción de hostilidades, el DIH exige distinción, proporcionalidad y precauciones factibles que se evalúan, caso por caso, y no por “titulares”. Por una parte, Hamás opera escondido tras escudos humanos de civiles, con infraestructuras militares ubicadas en zonas protegidas, utilizando hospitales, escuelas, centros humanitarios, así como túneles, por toda Gaza, para apoyar sus operaciones terroristas y ocultar rehenes, todo, en abierta violación del DIH. Israel, por su parte, ha empleado en sus operaciones defensivas contra Hamás aviones, evacuaciones y coordinación humanitaria, con eficacia desigual en un entorno urbano densísimo, pero consistentes con el deber de precaución y, por tanto, con el DIH.

Por otro lado, los medios de comunicación y las agencias de la ONU han reportado durante meses las cifras del “Ministerio de Salud” de Gaza-es decir, de Hamás-, que no distinguían entre víctimas civiles y combatientes, porque las metodologías mezclaban sistemas hospitalarios, autorreportes e informes no identificados. Ante esta realidad, las autoridades israelíes han exigido un escrutinio de datos en este teatro de guerra, no con intención de “blanquear” a nadie; sino como un requisito para que las decisiones políticas, judiciales y operativas sean responsables.

Resulta llamativo el rigor selectivo con que se juzga a Israel frente al silencio sobre los vecinos. Egipto, por ejemplo, ha mantenido restricciones severas con Gaza, incluida la negativa a admitir flujos masivos de refugiados, por consideraciones de seguridad en el Sinaí; por su parte, Jordania también ha cerrado el paso a reasentamientos. La comunidad internacional olvida que ambos países administraron, durante décadas, tanto Gaza (Egipto), como Cisjordania (Jordania). Sin embargo, hoy, su cooperación para aliviar el sufrimiento civil y desmantelar a Hamás es insuficiente, por no decir inexistente. Paralelamente, se exige a Israel mantener abiertos sus cruces y garantizar la entrada de ayuda, lo que, con altibajos y medidas de seguridad, hace sin reconocimiento alguno a ese esfuerzo, que incluye también tratamiento médico a gazatíes en hospitales israelíes.

Aunado a lo anterior, la goberanza palestina empeora la situación. La incompetencia y corrupción de los líderes palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, ha empeorado esta crisis histórica sin que ello haya sido reconocido, en su justa dimensión, por parte de la comunidad internacional. Por un lado, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no gobierna Gaza desde 2007 y, aun así, evita condenar claramente a Hamás, exigir su desarme, el fin del terrorismo y uso de escudos humanos, como tampoco formula un reconocimiento, inequívoco del derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Es por ello que resulta irónica su exigencia de “dos Estados” a Israel -objetivo legítimo-, si recordamos también los rechazos árabes a las particiones -aceptadas por Israel- desde 1947-48. Por otro lado, durante años, miles de millones en cooperación han fluido a Gaza en manos del terrorismo de Hamás, y a Cisjordania, controlada por la ANP, sin traducirse, en uno u otro territorio, en libertad, democracia, instituciones limpias ni prosperidad básica. Las denuncias de desvío y robo de fondos por parte de las élites -incluidos líderes de Hamás refugiados fuera de Gaza-, no pueden barrerse bajo la alfombra ni pueden ser ocultados por la comunidad internacional, aunque algunos gobiernos y medios de comunicación pareciera que sí quisieran.

Ese “doble rasero” también se le está aplicando a Israel en foros jurídicos internacionales. A solicitud de Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó medidas provisionales contra Israel, al amparo de la Convención de Genocidio y, en paralelo, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó órdenes de arresto contra autoridades israelíes, a las que puso al mismo nivel de los terroristas de Hamás. En este caso, la aplicación del derecho internacional perdió toda legitimidad al hacerse un escrutinio draconiano con Israel, pero permisivo y ciego con los patrocinadores del conflicto: la teocracia represiva de Irán, que financia a Hamás, Hezbolá y a los hutíes, entre otros grupos terroristas. La “justicia internacional” olvida que el relato que absuelve a Hamás relativiza a Irán y demoniza a Israel, no trae paz ni justicia: trae más guerra y más antisemitismo.

No hay tal cosa como una “acción legítima contra Israel” cuando se pretende borrar una verdad histórica: del Mandato Británico a las guerras árabe-israelíes, Israel ha sostenido -a alto costo- su derecho a vivir. En consecuencia, quien de verdad quiera proteger a los civiles palestinos debe exigir al mismo tiempo la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes israelíes; el desmantelamiento y disolución del grupo terrorista Hamás; corredores humanitarios seguros con verificación robusta con una cooperación real de Egipto y Jordania con Israel; y una reforma profunda de las instituciones palestinas que culmine en libertad y democracia para los palestinos, y el reconocimiento y la seguridad recíprocas. Ese es el único camino compatible con el DIH, con la Carta de la ONU y con la paz que merecen tanto palestinos como israelíes.