El error que aún divide a Panamá

Las sociedades no se estancan únicamente cuando toman malas decisiones. También lo hacen cuando dejan de formularse las preguntas correctas. Hay una característica común en las grandes crisis nacionales: cuando la emoción ocupa el centro del debate, las preguntas se simplifican hasta perder de vista el problema real. Panamá no ha sido la excepción.

Durante los últimos años hemos repetido una misma pregunta: ¿estamos a favor o en contra de la mina? Es una pregunta políticamente poderosa. Divide, moviliza y obliga a tomar partido. Pero precisamente por eso es una mala pregunta. No porque la minería carezca de importancia, sino porque reduce una decisión extraordinariamente compleja a una respuesta binaria, incapaz de reflejar los intereses permanentes del Estado.

Las políticas públicas no funcionan así. Los Estados evalúan riesgos, oportunidades, capacidades institucionales, escenarios futuros y consecuencias para las próximas generaciones. Analizan qué ocurre si actúan, pero también qué sucede si no lo hacen, porque la inacción también constituye una decisión.

Panamá comenzó a perder claridad cuando el debate dejó de centrarse en cómo construir un mejor modelo de gobernanza para nuestros recursos naturales y se concentró exclusivamente en si la mina debía existir o desaparecer.

Esto instaló la idea de que solo había dos caminos: mantener un contrato declarado inconstitucional por la Corte Suprema o renunciar definitivamente al desarrollo del recurso. Sin embargo, la Corte declaró inconstitucional un contrato; no prohibió que Panamá construya en el futuro un modelo distinto, con nuevas reglas, controles y garantías.

La diferencia cambia completamente el debate. Confundir un instrumento jurídico con una política pública es un error frecuente en las decisiones estatales. Las leyes pueden modificarse, los contratos renegociarse y los modelos regulatorios transformarse. Lo permanente es la responsabilidad del Estado de administrar sus recursos conforme al interés nacional.

Las democracias maduras no convierten una mala experiencia en una prohibición permanente, sino en una oportunidad para fortalecer sus instituciones. Si una carretera fue adjudicada mediante un proceso cuestionable, la solución no es renunciar a construir carreteras. Si una reforma educativa fracasa, no se abandona la educación. Las instituciones sólidas aprenden, corrigen y elevan sus estándares.

¿Por qué habría de ser distinto con uno de los proyectos económicos más importantes de la historia reciente de Panamá?

Precisamente por su relevancia, el país necesita un análisis sereno, técnico y democrático, capaz de superar consignas y recuperar una visión estratégica nacional compartida.

Además, el contexto cambió. El Panamá de 2026 no es el de 2023. Existe mayor información técnica, el escenario económico internacional ha evolucionado y el país conoce las consecuencias de paralizar una operación de esta magnitud. Hoy contamos con una experiencia que antes no existía, y las políticas públicas responsables deben incorporar nueva evidencia.

Conviene entonces formular una pregunta incómoda: si pudiéramos diseñar un modelo constitucionalmente sólido, ambientalmente más exigente, con fiscalización independiente, participación ciudadana, mayores beneficios para el Estado y mecanismos efectivos de transparencia, ¿seguiríamos respondiendo la misma pregunta?

Si la respuesta continúa siendo negativa antes de conocer ese modelo, debemos preguntarnos si el rechazo responde al diseño institucional o si convertimos una experiencia pasada en una decisión irreversible sobre el futuro.

Toda democracia tiene derecho a decir “no”, pero también debe preguntarse si ese “no” sigue siendo la mejor respuesta cuando cambian las circunstancias. Las decisiones no se evalúan solo por las razones que las originaron; deben revisarse según sus resultados, costos y nuevas oportunidades. Negarse a hacerlo no fortalece la institucionalidad: la inmoviliza.

El verdadero debate sobre Cobre Panamá nunca debió plantearse como una elección entre desarrollo económico y protección ambiental, ni entre crecimiento y legalidad. La discusión fundamental es si Panamá puede construir un modelo institucional que haga compatibles esos objetivos.

Esa es la pregunta que todavía debemos responder y cuya respuesta determinará el futuro del país. Las naciones no prosperan defendiendo incondicionalmente las soluciones del pasado, sino construyendo mejores respuestas para los desafíos del presente.

Reflexión:

Si el problema fue un contrato, construyamos uno mejor. Si fue la supervisión, fortalezcamos las instituciones responsables. Si fue la transparencia, elevemos sus estándares. Si fue la distribución de los beneficios, diseñemos un modelo más justo para Panamá.

Pero si, después de corregir aquello que cuestionamos, seguimos negándonos a discutir una alternativa distinta, quizá el verdadero obstáculo ya no esté en la mina, sino en nuestra capacidad como sociedad para aceptar que las democracias más fuertes no son las que nunca cambian de opinión. Son las que tienen la madurez de aprender de sus errores y construir un futuro mejor sin renunciar a sus principios.