El espejo del lavado de dinero que necesita Europa

Durante más de dos décadas, legisladores, reguladores, organizaciones internacionales y grupos de presión europeos han promovido una narrativa consistente: los centros financieros pequeños representan una amenaza especial para la integridad del sistema financiero mundial.

Las jurisdicciones del Caribe han sido sometidas a listas negras, listas grises, revisiones permanentes, exigencias de sustancia económica, reformas de beneficiario final y una crítica constante por supuestamente facilitar el lavado de dinero y la opacidad financiera. Mientras tanto Europa, aupada en burocracias inútiles como la OCDE, se ha presentado como la gran defensora de la transparencia y del buen gobierno corporativo.

El problema es que los hechos cuentan una historia bastante más incómoda. Muchos de los escándalos más importantes en materia de prevención de blanqueo de capitales de los últimos años no surgieron en el Caribe, sino dentro de Europa. El caso más reciente, que ilustra esta contradicción, es la investigación relacionada con la plataforma de pagos inglesa llamada Wise. Según reportes públicos de este año, fiscales belgas examinan si dicha plataforma fue utilizada en relación con aproximadamente $600 millones en transacciones sospechosas identificadas a través de cientos de solicitudes de cooperación judicial provenientes de más de 30 países.

La investigación se centra en posibles deficiencias de cumplimiento de sus políticas Antilavado de Dinero. Sabemos que esto no constituye una determinación de responsabilidad ni una conclusión de culpabilidad. Sin embargo, el simple hecho de que una de las principales fintech europeas se encuentre bajo semejante escrutinio resulta revelador.

En los últimos años, diversas autoridades europeas han tomado medidas contra instituciones consideradas emblemas de la innovación financiera. Revolut enfrentó sanciones regulatorias en Lituania por deficiencias en la supervisión de relaciones comerciales y transacciones. Coinbase fue sancionada por autoridades irlandesas por incumplimientos relacionados con monitoreo del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Reguladores británicos impusieron multas significativas a Monzo y Barclays por debilidades en sus controles de delitos financieros. Las autoridades europeas también han actuado contra plataformas de pagos, empresas de criptomonedas y firmas legales por fallas vinculadas a cumplimiento de políticas antilavado.

Durante años, las jurisdicciones caribeñas escucharon el mismo sermón. Se les dijo que la integridad financiera requería registros de beneficiarios finales, debida diligencia reforzada, transparencia, supervisión basada en riesgos y vigilancia permanente. Muchas de ellas implementaron precisamente esas reformas, a menudo asumiendo importantes costos económicos, administrativos y la pérdida de soberanía y competencia fiscal para atraer inversión extranjera directa. No obstante, mientras esas jurisdicciones hacían los deberes exigidos por París y Bruselas, el viejo continente experimentaba algunos de los mayores escándalos de lavado de dinero de la era moderna: Danske Bank se estima movilizó $234 mil millones en dinero sucio (no es un error, esa es la cifra oficial).

Cuando surge una deficiencia de cumplimiento en una jurisdicción caribeña, con frecuencia se presenta como evidencia de un riesgo estructural o de una supuesta debilidad del sistema. Cuando aparecen fallas similares dentro de Europa, el lenguaje cambia. Entonces se habla de desafíos regulatorios, áreas de mejora, evolución institucional o fortalecimiento de la supervisión.

La realidad es que el delito financiero nunca ha respetado fronteras geográficas. Los criminales no buscan jurisdicciones exóticas. Buscan debilidades. Buscan controles deficientes, supervisión insuficiente, monitoreo ineficaz y fallas de gobernanza. Y esas vulnerabilidades pueden encontrarse tanto en un banco europeo de gran prestigio (HSBC, Deutsche Bank, etc.), en una fintech valorada en miles de millones de dólares o en una estructura fiduciaria establecida en cualquier centro financiero internacional dentro o fuera de Europa.

Además, los riesgos actuales ya no son los mismos de hace veinte años. El sistema financiero moderno está cada vez más dominado por plataformas de pago, billeteras digitales, proveedores de dinero electrónico, criptoactivos y redes de transacciones transfronterizas altamente complejas. En este contexto, insistir en presentar a los centros financieros pequeños en el extranjero como el epicentro exclusivo de las preocupaciones de lavado de dinero parece una narrativa cada vez menos alineada con la realidad. Todo ello debería conducir a una reflexión más equilibrada.

La finalidad de la regulación de lavado de dinero no debería ser encontrar villanos convenientes ni objetivos políticamente cómodos. Su propósito debe ser identificar y mitigar riesgos reales allí donde existan. La experiencia reciente demuestra que la calidad del cumplimiento no depende de la geografía. Antes de continuar impartiendo lecciones al resto del mundo, quizá Europa y sus instituciones adláteres, como la OCDE y el GAFI, deberían dedicar un poco más de tiempo a mirarse en el espejo.