El espejo paraguayo de la Ley 462

Paraguay acaba de vivir lo que en Panamá se advirtió hasta el cansancio. El Banco Central paraguayo intervino Ueno Bank por insolvencia, de modo que unos $380 millones de jubilados así como de entidades públicas quedaron inmovilizados de un día para otro. En el fondo del escándalo aparecen los préstamos entre empresas del mismo grupo, sumados a la cercanía del banco con el despacho presidencial. La factura, como siempre, la paga el jubilado.

Vale la pena preguntarse si estamos a salvo de algo así. Sería ingenuo creerlo.

La Ley 462 de 2025 permite que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social entregue hasta el 10% de los fondos de reserva a administradoras de inversión privadas. Más de uno lo presentó como un detalle técnico, pensado para «mejorar el rendimiento». Ese 10% de un fondo de varios miles de millones de dólares no es calderilla: es un botín apetecible para cualquier grupo financiero con buenos contactos en el Palacio de las Garzas.

Los riesgos tienen nombre y apellido. El primero es el conflicto de interés: una administradora podría colocar el dinero de los asegurados en bonos, acciones o fondos de su propio grupo económico, que es justamente el mecanismo que hundió a Ueno Bank. El segundo es la concentración, porque pocos emisores significan que, si uno cae, cae con él la jubilación de miles. El tercero son las comisiones, que pueden comerse sin ruido el rendimiento prometido. El cuarto, el más corrosivo, es que las administradoras se elijan por afinidad política y no por mérito.

Y aquí entra la cercanía al poder. La esposa del ministro de Economía y Finanzas figura como directora de Global Bank, grupo que tiene su propia casa de valores y sus propios fondos de inversión. Su hermano, cuñado del ministro, fue designado en la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores, la entidad llamada a vigilar a esas administradoras. Nadie ha demostrado ilegalidad alguna; lo que salta a la vista es una imprudencia institucional mayúscula. Cuando quien diseña la política, quien puede beneficiarse de ella y quien debe fiscalizarla comparten la mesa del domingo, la supervisión se vuelve un trámite de cortesía.

A eso se suma que Panamá no tiene red de seguridad. Somos una economía dolarizada, sin banco central que actúe como prestamista de última instancia ni un seguro de depósitos robusto. En Paraguay, el Estado pudo empezar a devolver fondos; aquí no está claro quién respondería.

Nada de esto es nuevo. Cuando la Ley 462 se debatía, los sindicatos, los gremios docentes así como los movimientos sociales salieron a las calles advirtiendo precisamente esto: que abrir la puerta a la gestión privada de los fondos, sin controles férreos, era sembrar el terreno para que el ahorro de los trabajadores terminara al servicio de intereses particulares. Se les tachó de alarmistas. Hoy Asunción les da la razón.

Para que nos entendamos: el Gobierno debe publicar quiénes administran o aspiran a administrar ese 10%, con qué criterios fueron escogidos, así como qué reglas de conflicto de interés se les aplican. El ministro debería inhibirse de cualquier decisión que roce a Global Bank. Y la Superintendencia necesita una junta sin parientes del Ejecutivo.

Paraguay es un espejo. Nos toca decidir si lo miramos ahora o cuando ya sea demasiado tarde.