El Estado regula, las bandas distribuyen: el contrabando de cigarrillos en Panamá

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  • 18/11/2026 00:00

¿Cuánto del tabaco que se comercializa en Panamá es realmente ilegal? Las cifras disponibles muestran una realidad preocupante y plantean una interrogante aún más importante: ¿qué tan efectivas han sido las políticas implementadas para controlar el contrabando de cigarrillos? Recientemente, durante la segunda reunión del grupo de trabajo sobre el artículo 24 del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, celebrada en Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que, según las estimaciones disponibles, alrededor del 50% de los productos de tabaco comercializados en el país serían de origen ilícito.

Por otra parte, cifras recogidas en un reciente informe de KPMG indican que el 88.8% del consumo de cigarrillos en el país durante 2025 habría correspondido a productos ilícitos, con una pérdida fiscal estimada en 183 millones de dólares. Ese mismo estudio, que analiza el período 2021-2025, ubica a Panamá y Ecuador entre los países con mayor tabaco ilícito del planeta y calcula en 8,500 millones de dólares los ingresos fiscales perdidos en América Latina y Canadá durante 2025. Conviene añadir un matiz: la directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, Soraya Valdivieso, presentó ese 88.8% como una reducción frente a un 97.1% previo, un avance que calificó de histórico y ha sido el resultado de su trabajo frente a la institución.

Cada producto que circula ilegalmente representa una operación que escapa a los controles correspondientes. Es fundamental comprender que atrás de un solo cigarrillo de contrabando lo que se mueve es una red criminal vinculada al narcotráfico, al narco menudeo, a la trata de personas y al blanqueo de capitales, operada en las barriadas por bandas locales subalternas de los cárteles regionales y transcontinentales.

Más allá de las fuentes, alcances y metodologías de cada resultado, ambas cifras ponen sobre la mesa un problema de enorme magnitud que genera varias preguntas. ¿Qué fuentes y metodologías sustentan cada estimación? ¿Cuál es la dimensión real del mercado ilícito? Y, especialmente, ¿qué resultados están produciendo las políticas y los recursos destinados a combatirlo?

Panamá ha desarrollado durante años restricciones, impuestos y medidas de fiscalización sobre los productos de tabaco. Estas disposiciones persiguen objetivos legítimos de salud pública. Sin embargo, si las estimaciones disponibles reflejan la realidad del mercado, los mecanismos actuales para combatir el contrabando siguen siendo insuficientes. Es necesario identificar qué está fallando y cómo corregirlo.

La pregunta tiene una base legal concreta. La Ley 69 de 2009 elevó el impuesto selectivo al consumo de cigarrillos y dispuso que el 50% de lo recaudado se distribuyera entre el Instituto Oncológico Nacional (40%), el MINSA (40%) y Aduanas (20%), para los fines establecidos en la norma. ¿Qué resultados concretos están produciendo estos recursos en prevención, tratamiento y combate al contrabando?

Durante 2025, Aduanas incautó cigarrillos por 8.5 millones de dólares de valor aduanal. En 2026, una investigación permitió retener en la Zona Libre de Colón un cargamento valorado en 60 millones de dólares. Son operaciones relevantes. Pero resulta indispensable evaluar si estos esfuerzos están reduciendo la presencia de productos ilegales e identificando a las estructuras criminales que sostienen su distribución.

La existencia de regulaciones estrictas no garantiza resolver el problema. Cuando una norma carece de mecanismos suficientes para hacerla cumplir, las estructuras criminales encuentran oportunidades para operar y generar dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional ha advertido sobre los riesgos de lavado de dinero asociados al comercio ilícito de tabaco. Las investigaciones deben alcanzar a quienes financian, distribuyen y obtienen ganancias de este negocio ilegal.

El comercio ilícito de cigarrillos también representa una preocupación para la salud pública, especialmente por el acceso de menores de edad a estos productos a través de canales ilegales de comercialización. Esta es una preocupación que compartimos con el Ministerio de Salud y que refuerza la necesidad de fortalecer los controles, combatir las redes delictivas y avanzar en una respuesta coordinada entre las autoridades.

En el caso de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, la ausencia de un marco regulatorio claro y de mecanismos efectivos de fiscalización puede favorecer la expansión de canales ilegales de comercialización y facilitar que estos productos lleguen a manos de menores de edad.

La Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes de 2017 encontró que el 59% de los estudiantes que compraban cigarrillos los adquiría por unidad y que existían dificultades para hacer cumplir las restricciones de venta por edad. Aunque estos datos no determinan el origen ilícito de los productos, evidencian la necesidad de fortalecer la vigilancia de los puntos de venta.

Es momento de establecer una mesa de trabajo multisectorial, pública-privada, que reúna al Minsa, Aduanas, las autoridades de seguridad, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero, agencias internacionales de persecución del delito y los sectores afectados para evaluar las medidas vigentes, fortalecer la fiscalización e impulsar investigaciones y operativos contra las redes criminales.

El debate no debería terminar en determinar si el comercio ilícito representa el 50% o el 88.8% de indicadores diferentes. La pregunta de fondo es por qué, después de años de regulación y esfuerzos de control, Panamá continúa enfrentando estimaciones tan elevadas y qué decisiones deben adoptarse para cambiar esa realidad.

* El autor es vicepresidente segundo de Crime Stoppers International y director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina