El futuro de Panamá está en la apertura comercial, no en el proteccionismo

En una reciente rueda de prensa semanal, el Presidente de la República, José Raúl Mulino señaló que el Gobierno Nacional apoyaría al sector lácteo nacional de la misma forma que lo había hecho ya con el arrocero, enviando así un mensaje directo a empresas, como la suiza Nestlé, de que cualquier importador que desee traer productos lácteos a Panamá deberá comprar productos nacionales. El anuncio de esta medida fue en línea con el reciente Decreto Ejecutivo, emitido por el MIDA, que restringe, también, la importación de arroz a expensas de medidas para proteger la producción nacional. En ambos casos, acciones como las planteadas, creo que marcan un claro giro proteccionista en las políticas agrícola y comercial de Panamá.

Por formación académica y con la experiencia adquirida a lo largo de mi carrera, siempre he creído que proteger la producción nacional es una acción legítima de política económica, que debe hacerse mediante incentivos a la eficiencia, la innovación y la calidad, y no a través de barreras que aíslan a Panamá, perjudican a los consumidores y que, lejos de fortalecer la economía, amenazan su competitividad, pueden contribuir a un encarecimiento de la canasta básica y suponer el incumplimiento de disposiciones constitucionales e internacionales vigentes en nuestro país.

En ese sentido, pareciera olvidarse que Panamá es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), desde 1997, y ha suscrito una extensa red de tratados de libre comercio (TLCs) con socios clave como Estados Unidos, la Unión Europea, Costa Rica o, curiosamente, con la EFTA (European Free Trade Association), de la cual forma parte Suiza, —país donde tiene su casa matriz, la empresa Nestlé—. Todos estos acuerdos prohíben, expresamente, las restricciones cuantitativas y las barreras no arancelarias al comercio. Este conjunto de obligaciones internacionales no son meras formalidades. Muy por el contrario. La Constitución establece, en el artículo 4, que Panamá acata las normas de derecho internacional y, el artículo 135, reconoce la supremacía de los tratados internacionales sobre la ley interna.

Así las cosas, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994), pilar de la OMC, establece que ninguna parte contratante impondrá, o mantendrá, prohibiciones o restricciones a la importación de cualquier producto, y que los productos importados deben recibir un trato no menos favorable que los nacionales. Por su parte, el Acuerdo sobre Agricultura y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, refuerzan la obligación de administrar contingentes y regulaciones de manera transparente y no discriminatoria.

En el plano bilateral, el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, o el Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea, contienen cláusulas similares que prohíben la imposición de requisitos que condicionen la importación a la compra de productos nacionales, y exigen que los contingentes arancelarios sean accesibles, sin trabas administrativas, ni favoritismos. Disposiciones muy similares contempla también el TLC con Costa Rica, y por supuesto el suscrito con EFTA, al igual que todos los demás tratados de libre comercio vigentes. Por cierto, a la vista de la aspiración del gobierno nacional de convertir a Panamá en un miembro pleno de Mercosur, —previo proceso de negociación que anticipo largo y complicado—, sería prudente recordar que el Mercosur también prohíbe restricciones no arancelarias y medidas proteccionistas al comercio entre sus miembros.

Por otra parte, me inquieta igualmente pensar que Panamá ha confirmado, recientemente, a la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), su interés en adherirse a dicha organización, que promueve el libre comercio, la transparencia y la competencia, —acción que celebro y que he apoyado públicamente—. Pues bien, los Principios Rectores de la OCDE para la Política Comercial y la Declaración de 2021 sobre Comercio y Salud, establecen que los miembros deben evitar medidas proteccionistas y promover mercados abiertos y competitivos. Por lo tanto, medidas como las adoptadas y propuestas en Panamá no solo contradicen estos principios, sino que podrían complicar el futuro proceso de adhesión a la OCDE, y restar credibilidad al país.

Creo que la experiencia global demuestra que el libre comercio, con políticas de apoyo a la modernización y tecnificación del agro, es la vía para lograr una economía dinámica, competitiva y capaz de generar bienestar para todos. Países que han apostado por la apertura y la integración, —como Costa Rica—, han visto crecer sus exportaciones, diversificar su producción y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El proteccionismo, por el contrario, solo beneficia a unos pocos, a costa de la mayoría. Limita la competencia, encarece los productos y perpetúa la ineficiencia de sectores que, al no enfrentar competencia y depender de subsidios y privilegios, no tienen incentivos para modernizarse ni innovar. Ante esas realidades, que ya se dan, Panamá no puede darse el lujo de frenar en materia de apertura e integración comercial internacional, menos aún cuando aspira a ser un referente regional y global, con proyectos como los mencionados en el marco de la OCDE y Mercosur.

En consecuencia, me atrevo a recordar y defender que el libre comercio es, y debe seguir siendo, el camino para el desarrollo económico y social de Panamá. Apostar por el proteccionismo es apostar por el pasado, tal y como ya lo advirtió el economista Paul Samuelson, al afirmar que “la economía que se cierra al mundo, se cierra también a la prosperidad”.