El gobierno está decidido reabrir la mina; si no es así, ¡que lo desmienta públicamente!

Como no era para menos, gracias al especial interés de su convocante por hacerlo de público conocimiento, del reciente “almuerzo de trabajo” del mandatario, sus ministros y los diputados de “las bancadas afines”, se han enterado en todos los confines de nuestra geografía.

El encuentro, como lo confirmó el invitante, fue “selectivo”. Y para que lo fuera el mismo tachó de la lista a los que consideraba que “no aportarían nada positivo”, o sea, los diputados de Vamos, Seguimos y asimilados. Si ese fue el criterio para discriminar, la pregunta consecuente es: ¿A qué o sobre qué los excluidos no aportarían nada positivo? La respuesta ha quedado aclarada, con la revelación por uno de los diputados del PRD asistentes, que los temas de la agenda eran: 1) La llamada “Ley de sustancia económica”, 2) La mina de cobre, 3) El proyecto de Río Indio y 4) La Constituyente.

Todo el que haya cuestionado la susodicha ley; se haya manifestado en contra de la mina o a favor de que sea la Asamblea la que establezca, mediante una norma con rango de ley, los términos de una nueva concesión; que haya cuestionado la arbitraria ampliación de la Cuenca del Canal; o que, haya expuesto justificadas dudas u objeciones a la pantomima de la “Asamblea Constituyente”, era indeseable en el convivio de los “aliados estratégicos” que ya dejaron al descubierto sus primeras maniobras y futuras intenciones con la reciente elección de la nueva directiva del Órgano Legislativo.

Como la llamada ley de “sustancia económica” ya no es un proyecto sino una norma legal oficialmente promulgada, hay que suponer que lo que pudo haberse conversado es ¿cómo, en qué medida y a quienes se favorecerá o se le cargará la mano?, a la hora de aplicarla. Llamativo, por decir lo menos, es que apenas transcurridos unos cuantos días desde “la cumbre de San Felipe”, haya reaparecido la flamante “junta técnica”, conformada por los ministros Navarro, Chapman y Moltó, para dejarnos saber que debemos esperar hasta fin del año 2026, para conocer cuál será el futuro de la mina.

En ese lapso, como lo demuestran todas las acciones que siguen ejecutándose, de manera nada encubierta y sin sustento legal, la mina seguirá operando, con el acompañamiento de una “campaña de ablandamiento” para vendernos la decisión que, desde que asumió el poder, ya tiene tomada el gobierno que, además, ha dicho pública y abiertamente que la nueva concesión, o más bien correspondería decir “la renovación de la misma concesión” anulada por el fallo de inconstitucionalidad, se hará saltándose el requisito de un “contrato ley”.

El gobierno, por un lado, debe dejar de “tirar la piedra y esconder la mano” y decir, abiertamente, sin tapujos y sin subterfugios, que ofenden la inteligencia colectiva, que su decisión, ya tomada, es la de reabrir la mina y, por el otro, “los nuevos aliados estratégicos”, también deben decirle al país a qué se comprometieron, durante el almuerzo palaciego.

Desde que mediante el título constitucional fue creada la Autoridad del Canal, quedó planteada y abierta para la discusión y precisión, la extensión de sus competencias. Sus rectores han empujado una interpretación extensiva que, de hecho, los ha convertido en un “mini estado dentro del Estado”, que se ha atribuido facultades irrestrictas e incontroladas para decidir sobre puertos, gasoductos e inversiones, englobando todas esas aventuras en la interpretación laxa de que son “actividades conexas” a la “administración, conservación, mantenimiento y modernización del Canal”.

El proyecto de Río Indio es un buen ejemplo de esa laxitud interpretativa. Las controversias sobre su viabilidad y sus consecuencias económicas, sociales y humanas, literal y materialmente han sido ahogadas por campañas multimillonarias, cuyo costo nunca ha sido transparente y, aunque se diga y repita que se prioriza el consumo humano de agua sobre las necesidades hídricas del canal, sobran razones para pensar lo contrario.

No hay que ser un clarividente de la ciencia política para prever que la cantinela de la “asamblea constituyente” es la carta comodín que se reservó el gobierno y a la que recurriría cuando sienta que su disminuido piso político ya no lo sostiene. Seguir tratando de vender como un anhelo del pueblo “una nueva constitución”, que en estrictos términos ideológicos es absolutamente improcedente, es no entender la realidad de nuestro país. Para comprobarlo bastaría que en una encuesta pública se preguntara: ¿Qué necesita Panamá: Otra constitución o un buen gobierno? Quienes gobiernan saben la respuesta, y también saben que el suyo no lo es y, por consiguiente, pocas esperanzas hay de que se atrevan a realizarla.