El limbo de los damnificados

Cuando ocurre un incendio, un derrumbe o cualquier desastre que deja a una familia sin hogar, el país entero suele conmoverse. Las cámaras llegan, las instituciones aparecen y se anuncia una respuesta de emergencia. Sin embargo, cuando las noticias desaparecen, también desaparece la atención del Estado. Lo que debía ser una solución temporal termina convirtiéndose en una condena que puede durar años o incluso décadas.

Hoy, cientos de familias que viven esa realidad son panameños que perdieron sus hogares por incendios, por estructuras que ya no podían sostenerse o por otras emergencias que escapaban completamente de su control. Desde entonces sobreviven en edificios temporales, caserones improvisados o instalaciones que nunca fueron concebidas para convertirse en una vivienda permanente.

Solo en Calle P de San Miguel permanecen 267 familias desde el año 2021, esperando una respuesta definitiva del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Cinco años después, la solución sigue sin llegar.

Pero el problema es aún más grave. En el edificio Santa Fe, en Calidonia, todavía viven familias damnificadas desde hace más de veinte años. Veinte años esperando que lo provisional deje de ser permanente, viendo crecer a sus hijos y ahora nietos dentro de la incertidumbre. Veinte años demostrando que, en Panamá, una emergencia puede durar varias generaciones.

Esta no es únicamente una crisis de vivienda. Es una deuda social del Estado panameño. No podemos aceptar que una familia que perdió todo termine condenada a vivir indefinidamente en condiciones indignas. Que la burocracia transforme la esperanza en resignación y que la indiferencia tenga fecha de vencimiento apenas termina la cobertura mediática.

Mi preocupación va mucho más allá de trasladar familias de un edificio deteriorado hacia otro caserón compartido. Eso no resuelve el problema; simplemente cambia la dirección del abandono. Panamá necesita una verdadera política de Estado para la atención integral de los damnificados. Una política que establezca plazos claros, responsabilidades definidas, financiamiento garantizado y soluciones habitacionales permanentes. Porque perder una vivienda por una tragedia no puede significar perder también el derecho a reconstruir un proyecto de vida.

Cada gobierno hereda esta problemática y, lamentablemente, también la vuelve a heredar al siguiente. Cambian los ministros, cambian las administraciones, cambian los discursos, pero las familias siguen esperando en el mismo lugar. Esa no puede seguir siendo la normalidad.

También debemos mirar con atención la situación de muchos caserones ubicados en San Felipe y Santa Ana. Son estructuras que presentan un evidente deterioro y cuyos residentes viven con la preocupación permanente de que ocurra una nueva tragedia. Paradójicamente, alrededor de estos barrios históricos avanzan importantes proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbano.

El progreso de una ciudad jamás puede construirse sobre el desplazamiento silencioso de quienes le dieron identidad. Modernizar no significa expulsar; significa preservar y garantizar que quienes nacieron y crecieron en estos corregimientos puedan seguir viviendo en ellos con dignidad y seguridad. Porque una familia damnificada no necesita más promesas y un país que permite que una solución temporal dure veinte años deja de tener un problema de vivienda para empezar a tener un problema de humanidad. El verdadero desastre no es el incendio que destruyó una casa; es la indiferencia que durante décadas impide volver a construir un hogar.