El panameño de a pie y los privilegios que persisten

Cuando se habla del panameño de a pie, no se está señalando a alguien inferior ni de segunda categoría. Al contrario, es un reconocimiento al ciudadano común: al que camina en bus o a pie, al que trabaja sin escoltas ni dietas, al que paga impuestos y enfrenta la vida diaria con su propio esfuerzo. Ese panameño no tiene acceso a privilegios, pero con su trabajo sostiene al Estado. Es, en realidad, la mayoría del país.

Por eso, cuando se dictan leyes, se toman decisiones políticas o se emiten fallos judiciales, conviene hablar claro, en un lenguaje que él entienda. Porque al final, él es quien paga la cuenta: cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando la seguridad falla, cuando la jubilación apenas alcanza para sobrevivir.

En días recientes, se ha discutido un proyecto de ley que busca eliminar únicamente los beneficios adicionales de los magistrados de la Corte Suprema. A primera vista, parece un paso hacia la igualdad. Sin embargo, el panameño de a pie lo traduce enseguida: “¿Y los diputados, ministros, directores de instituciones autónomas y hasta el propio presidente, no disfrutan también de privilegios?”

Ese ciudadano entiende mejor que nadie que la justicia no puede ser selectiva. Si de verdad se quiere acabar con los privilegios, la regla debe ser pareja para todos los altos cargos. De lo contrario, la medida se ve como un ajuste contra un grupo específico, mientras otros continúan intocables. Es decir: se cambia de caballo, pero la carreta sigue siendo la misma.

El panameño de a pie no pide favores especiales ni trato preferente. Pide simplemente que la ley se aplique con la misma vara. Porque el privilegio de unos pocos siempre termina siendo pagado por la mayoría. Y cuando la mayoría percibe que la balanza se inclina una y otra vez hacia los poderosos, la paciencia se agota y la confianza en las instituciones se erosiona.

La conclusión es sencilla y contundente: la igualdad no admite parches ni acomodos. Si se van a eliminar privilegios, que sea en serio y para todos, no a conveniencia. Eso es lo que entiende, lo que espera y lo que merece el panameño de a pie.

Cuando la Asamblea Nacional señala los privilegios de otros, pero calla sobre los propios.

La Asamblea Nacional ha encontrado un nuevo deporte: criticar los privilegios de todos... menos los suyos. Denuncian los gastos del Ejecutivo, señalan a los magistrados, cuestionan a las instituciones autónomas, pero se olvidan —con amnesia selectiva— de los beneficios que ellos mismos disfrutan.

Mientras reclaman transparencia ajena, mantienen jugosos viáticos, exoneraciones, gastos de representación, planillas infladas, asesores fantasmas y prebendas disfrazadas de “funcionamiento legislativo”. El clásico “veo la brizna en tu ojo y no la viga en el mío” elevado a práctica parlamentaria.

El problema no es que se fiscalice a otros: eso es saludable y necesario. El problema es la hipocresía institucional, la doble moral que destruye la credibilidad de cualquier discurso anticorrupción. ¿Cómo puede exigir austeridad quien se niega a aplicársela? ¿Cómo puede hablar de sacrificio quien jamás renuncia a un privilegio?