El proceso constituyente: mucho antes de la urna

Se suele creer que un proceso constituyente empieza el día en que se instala una asamblea, se convoca un referéndum o se firma un decreto que abre el camino para redactar una nueva Constitución. Esa visión es limitada y, en el fondo, equivocada. El verdadero proceso constituyente nace mucho antes: comienza en el instante en que dos o más personas se sientan a conversar sobre el país que tienen y el país que desean; cuando surge la inquietud colectiva de que las reglas que nos rigen ya no responden a la realidad social, económica y cultural del presente.

El proceso constituyente es, ante todo, un fenómeno social y político, no meramente jurídico. Se inicia cuando ciudadanos comunes, gremios, universidades, movimientos sociales y partidos empiezan a debatir, a opinar, a explicar y a difundir la idea de que la Constitución vigente ha quedado anacrónica por el paso del tiempo o por las circunstancias de su origen. Esa labor pedagógica, que hoy algunos llaman alfabetización constitucional, no es otra cosa que el ejercicio democrático de sembrar conciencia cívica.

En Panamá ese despertar tiene una raíz concreta. El Frente Nacional por el No (FRENO) surgió originalmente ante el intento de reforma constitucional presentado por el presidente Guillermo Endara. Aquella iniciativa encendió las primeras alarmas ciudadanas y provocó que un grupo todavía pequeño —pero convencido— se organizara para defender el principio de que la Constitución no puede modificarse al vaivén de coyunturas políticas.

Éramos, como se decía con tono despectivo, “cuatro gatos”, pero esos pocos demostraron que la voz cívica podía pesar más que la maquinaria del poder. Tuve el honor de participar activamente en ese esfuerzo. Desde el FRENO recorrimos universidades, sindicatos, gremios profesionales y barrios explicando que la Constitución no es propiedad de los gobiernos sino de la Nación entera. Aquellas jornadas, hechas casi sin recursos y con más convicción que estructura, fueron la semilla de una conciencia ciudadana que ya no aceptaría reformas hechas a la medida del gobernante de turno.

Posteriormente, ese mismo movimiento se articuló con mayor fuerza frente al proyecto impulsado por el presidente Ernesto Pérez Balladares, que pretendía modificar la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Aquella segunda batalla consolidó al FRENO como expresión del despertar constitucional panameño y dejó instalada la idea de que cualquier cambio a la Carta Magna debía nacer de un amplio consenso nacional y no de intereses personales o partidistas. Con los años, el propio presidente Pérez Balladares ha reconocido públicamente que aquella iniciativa fue un error político de su parte. Ese reconocimiento confirma que el proceso constituyente no es lineal ni pertenece a un solo actor; es un aprendizaje colectivo, hecho de aciertos y rectificaciones. Desde entonces, la discusión sobre la necesidad de una nueva Constitución quedó sembrada en la conciencia nacional y no ha vuelto a apagarse.

Hablar de una nueva Constitución no es un acto de rebeldía, sino de responsabilidad histórica. Las constituciones no son textos sagrados e inmutables; son pactos políticos que deben reflejar la realidad de su época. Cuando esas normas dejan de interpretar a la sociedad, cuando se convierten en camisa de fuerza para el desarrollo o en obstáculo para la justicia, surge de manera natural la necesidad de revisarlas. Por eso, el proceso constituyente empieza con la palabra. Empieza con la campaña de ideas, con el debate respetuoso, con la explicación sencilla de qué es una Constitución y por qué nos afecta a todos. Empieza cuando un ciudadano comprende que los problemas de su barrio tienen relación con la estructura del Estado y con las reglas del poder. Empieza cuando se despierta la convicción de que es posible construir un nuevo pacto social más justo e incluyente. Esa etapa previa es quizá la más importante. Sin ella, cualquier reforma constitucional sería un acto de élites, un cambio de papeles sin alma.

La Constitución debe ser el reflejo de un acuerdo nacional profundo, y los acuerdos no se imponen: se construyen. De allí la importancia de divulgar, de opinar, de escuchar al que piensa distinto y de formar criterio. Muchas de nuestras normas fundamentales nacieron en contextos políticos superados. Pretender que sigan rigiendo sin cambios es desconocer la dinámica de la historia. Un proceso constituyente busca precisamente corregir esos vicios de origen, actualizar derechos, modernizar instituciones y abrir espacios de participación. No se trata de destruir por destruir, sino de construir para mejorar, de conservar lo valioso y transformar lo injusto. El proceso constituyente empezó a principio de los 90, no sabemos cuándo concluya, pero vamos en camino.