El puente que falta: la conexión productiva que Panamá no ha construido

La brecha del desarrollo en Panamá es política: se decide lejos del territorio y sin coordinación estable, mientras la producción ocurre del otro lado del puente. En Bocas del Toro, un productor de cacao vende por debajo del costo, mientras la decisión de respaldar las industrias vinculadas a la agricultura —\o seguir importando—\ se toma a cientos de kilómetros, donde el territorio casi no tiene voz. En Tierras Altas, la cebolla local compite con importaciones que desplazan su oferta. En La Chorrera, la piña se exporta como fruta fresca porque la decisión sobre cadena de frío no aterriza donde las cosechan.

Distintos lugares, un mismo patrón: decisiones centrales que no dialogan con el territorio.

La mitad del país vive en el interior o, como se dice comúnmente, “del otro lado del puente”. Son lugares donde se siembra, se pesca, se fabrica y se emprende, pero las oportunidades no se traducen en desarrollo. La otra mitad decide las políticas productivas desde la franja interoceánica. El país funciona así: una mayoría produce y una minoría decide.

Las provincias del interior aportan entre el 10% y el 15% del PIB nacional, según datos del INEC del último año disponible. No porque produzcan poco, sino porque lo hacen sin cadenas de valor que las conecten con mercados dinámicos, proveedores, financiamiento ni centros de investigación e innovación. El dato muestra el costo de esa desconexión: el territorio produce, pero sus esfuerzos no capturan ni escalan ese valor. Es decir, la producción no se transforma en progreso.

Esa desconexión se refleja en los resultados: hay talento y recursos, pero sin mecanismos estables para conectar al Estado con empresas, la academia y las comunidades, el país se desbalancea.

¿Se puede cambiar? Sí. El País Vasco es un caso emblemático de política clúster sostenida por décadas: articuló mesas sectoriales entre empresas y distintos niveles de gobierno, desarrolló proveedores, vinculó centros tecnológicos con la industria y alineó compras públicas para impulsar producción. Ese método permitió duplicar el peso de la producción en su economía y reducir las brechas entre provincias.

La experiencia internacional muestra que, cuando la coordinación existe —reglas claras, conexión con proveedores locales, investigación aplicada y financiamiento—, los territorios producen más y retienen una mayor parte de los beneficios.

En Panamá hay intentos. El clúster de Frutas para Exportación y Agro-logística (Fruits of Panama) conectó a productores de sandía y melón con asistencia técnica internacional para incorporar el plástico descartado de sus procesos en nuevos usos productivos, reduciendo residuos y costos de manejo. El de Investigación e Innovación en Salud (CIISPA) reúne a múltiples actores para agilizar trámites, atraer inversión y acortar los tiempos de operación de los estudios clínicos. Son casos que demuestran el peso de la articulación en la innovación y el crecimiento, en un país que aún no parece convencerse de su importancia.

El Índice de Competitividad Provincial 2025 —ICPP— confirma la brecha: entre la provincia mejor posicionada y la última hay casi 70 puntos de diferencia. La provincia de Panamá lidera, mientras Bocas del Toro y Darién cierran la tabla. El eslabón débil está en el ecosistema empresarial.

Cuando la coordinación funciona, se nota: las compras públicas integran proveedores locales, las universidades aportan soluciones aplicadas a problemas del territorio y la inversión activa proyectos que generan empleo. Sin embargo, la coordinación por sí sola no basta: sin infraestructura básica —caminos y logística para mover productos, conectividad digital y energía confiable—, el esfuerzo territorial no se convierte en crecimiento. Tampoco sin escala productiva ni sin lo mínimo para que cualquier cadena funcione —plantas de procesamiento, centros de acopio y cadena de frío—. La brecha no se cierra con coordinación ni con obras: hacen falta las dos.

El ICPP sugiere empezar por ecosistema empresarial, perfil productivo y gestión pública. Sin un tejido empresarial conectado, el territorio produce, pero no transforma; trabaja, pero no escala; genera bienes, pero no retiene los beneficios. En otras palabras, el valor nace en el territorio, pero no se queda allí.

Panamá cuenta con marcos de política —descentralización, zonas francas, contrataciones y Pencyt para ciencia e innovación—, pero su conexión con la ejecución local es irregular. Las iniciativas clúster operan como traductores que alinean reglas, compras, innovación aplicada y financiamiento a necesidades concretas de cada sector y territorio. El desarrollo de cada territorio depende de su identidad y su vocación productiva. La desigualdad no se explica por falta de producción, sino por falta de articulación política, institucional y productiva.

Sin una política pública de articulación productiva territorial, medio país seguirá viendo el desarrollo desde la orilla. El Gobierno debe convertir la articulación en política de Estado y apoyarse en los clústeres como instrumentos de enlace.

Gobiernos locales y sectores productivos deben hacer lo mismo: identificar cuellos de botella, acordar una hoja de ruta, medir avances y hacer cumplir las reglas. Así se tiende el puente que falta: con decisiones que trasciendan gobiernos y resultados que se queden en el territorio.