El reloj avanza... y las ciudades no pueden esperar

El más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe vuelve a encender una alarma que ya no admite lecturas complacientes: América Latina y el Caribe avanzan hacia la Agenda 2030 con el freno puesto. Solo el 19% de las metas de desarrollo sostenible se cumplirían al ritmo actual; casi el 40% está estancado o en retroceso. No es solo una mala noticia regional. Es una advertencia directa para Panamá.

Durante años hemos asumido —quizás con demasiada comodidad— que el crecimiento económico y nuestra posición geográfica nos blindan frente a los rezagos estructurales de la región. Pero el mundo cambió. Hoy enfrentamos un entorno más incierto, más fragmentado y menos cooperativo, donde el desarrollo ya no ocurre por inercia. La pregunta para nosotros es: si Panamá puede hacerlo con equidad, sostenibilidad y resiliencia.

Y esa pregunta, aunque suene abstracta, tiene un escenario concreto donde se juega: la ciudad.

Porque si hay un lugar donde la Agenda 2030 se vuelve tangible —o fracasa— es en las ciudades. Es allí donde se cruzan la vivienda, el transporte, el empleo, el acceso a servicios, la desigualdad y la sostenibilidad ambiental. Es allí donde las políticas públicas dejan de ser promesas y se convierten, o no, en calidad de vida.

Ese es, quizás, el dato político más importante detrás de los informes recientes: mientras las ciudades crecen, se expanden y se transforman a un ritmo acelerado, las instituciones encargadas de planificarlas y sostenerlas se quedan atrás. Y ahí está el verdadero problema: no la urbanización, sino la incapacidad del Estado para alcanzar a la ciudad que ya cambió.

América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Más del 80% de su población vive en ciudades, y Panamá no es la excepción. Pero urbanización no es sinónimo de desarrollo. Cuando el crecimiento urbano ocurre sin planificación efectiva, lo que se produce no es ciudad, sino fragmentación: periferias desconectadas, transporte ineficiente, acceso desigual a servicios y una presión creciente sobre los recursos naturales.

En ese contexto, hablar de avances puede ser engañoso. Sí, hay progreso. Pero no al ritmo que exige la realidad. Es como correr en la dirección correcta, pero demasiado lento. El resultado es predecible: ciudades más congestionadas, más desiguales y más vulnerables, incluso si algunos indicadores mejoran marginalmente.

Panamá tiene ventajas evidentes: recursos, conectividad y una posición estratégica privilegiada. Sin embargo, en materia urbana, los síntomas son familiares: expansión desordenada, problemas crónicos de movilidad, déficit de vivienda adecuada, desigualdades territoriales persistentes y creciente presión sobre el agua y el ambiente. No es falta de diagnóstico. Es falta de articulación.

Las políticas urbanas siguen fragmentadas entre instituciones, niveles de gobierno y visiones de corto plazo. Cada actor resuelve su parte, pero nadie ordena el conjunto. Y las ciudades, como sistemas complejos, no perdonan esa fragmentación.

Aquí es donde la Agenda 2030 deja de ser un compromiso internacional abstracto y se convierte en una prueba concreta de gobernanza. Porque cumplir sus metas no depende únicamente de grandes estrategias nacionales, sino de decisiones cotidianas sobre cómo crecen, se conectan y se gestionan nuestras ciudades.

Y en ese terreno, el Estado panameño —como muchos en la región— está llegando tarde.

Reacciona más de lo que anticipa. Corrige más de lo que planifica. Responde a crisis más de lo que construye futuro. Mientras tanto, la ciudad sigue creciendo, muchas veces guiada más por la lógica del mercado que por una visión de desarrollo.

Las consecuencias son visibles: infraestructura que se vuelve insuficiente rápidamente, inversiones que no resuelven problemas estructurales y políticas públicas que persiguen los síntomas en lugar de las causas. En ese contexto, la sostenibilidad corre el riesgo de quedarse en el discurso.

Y, sin embargo, la oportunidad sigue ahí.

Las ciudades pueden ser motores de productividad, inclusión y sostenibilidad. Pero solo si se gobiernan como tales. Eso implica decisiones que Panamá no puede seguir postergando: planificación territorial que realmente oriente el crecimiento, una gobernanza metropolitana capaz de coordinar lo que hoy está disperso y una integración efectiva entre desarrollo urbano y gestión de los recursos naturales, especialmente el agua, que en nuestro país es mucho más que un servicio: es un activo estratégico.

La discusión pública sigue centrada en lo operativo: más carreteras, más viviendas, más obras. Pero el desafío es más profundo. Se trata de definir qué tipo de ciudad queremos construir y, sobre todo, qué tipo de Estado necesitamos para hacerlo posible.

Porque sin un Estado capaz de coordinar, priorizar y ejecutar, la Agenda 2030 seguirá avanzando en los informes... pero no en la vida de la gente.

El reloj sigue corriendo hacia 2030. La región llega tarde. Panamá aún está a tiempo, pero no si sigue en piloto automático.

Y quizás la señal más clara de si estamos cambiando de rumbo no estará en los discursos ni en los indicadores agregados, sino en algo mucho más concreto: si nuestras ciudades empiezan, por fin, a parecerse al futuro que decimos querer construir.