El reto de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional

El 1 de julio, la Asamblea Nacional de Panamá estrenará una nueva junta directiva. Sin embargo, el arribo de nuevas autoridades no será, por sí solo, una señal de renovación política. Esta vez, la ciudadanía no espera discursos ni promesas, sino acciones concretas que enfrenten una de las crisis más profundas de legitimidad que ha vivido el órgano Legislativo. La causa principal: el uso abusivo del sistema de carrera administrativa para blindar políticamente a allegados y operadores, al margen del mérito y la ética.

Este artículo, en condiciones normales, habría sido publicado posterior a la toma de posesión de la nueva junta directiva. Sin embargo, como panameño comprometido con el futuro institucional del país, considero necesario adelantar esta reflexión. No solo la ciudadanía debe estar atenta a lo que está en juego, sino también los diputados y quienes aspiran a dirigir la Asamblea. Antes de pedir el voto de sus colegas, deben exponer con claridad cuáles serán sus propuestas para sanear la institución, restablecer la confianza pública y corregir los abusos que empañan el ejercicio legislativo. Este no es un concurso de simpatías personales: es una responsabilidad histórica que exige visión, firmeza y propósito de país.

Los recientes escándalos de planillas abultadas, apadrinadas por influencias partidistas, han puesto en evidencia una práctica mantenida en las sombras por años: el uso de la carrera administrativa como refugio para operadores políticos disfrazados de funcionarios permanentes. Esta distorsión ha debilitado la confianza ciudadana, ha viciado el aparato estatal y ha convertido la planilla pública en una herramienta de clientelismo.

La nueva junta directiva no solo tendrá la tarea de coordinar el debate legislativo, sino también la oportunidad histórica de liderar una regeneración institucional desde el epicentro del problema. Tiene el deber de iniciar un proceso de corrección interna que empiece por la estructura más sensible del Estado: su recurso humano.

La carrera administrativa nació con un propósito claro: garantizar estabilidad, meritocracia y profesionalismo en el servicio público. En teoría, el ingreso a esta carrera debía estar regido por concursos, evaluaciones objetivas y procedimientos transparentes. Sin embargo, en la práctica el sistema ha sido manipulado para asegurar estabilidad laboral a personas cuya única credencial ha sido su cercanía con algún diputado o partido.

El uso discrecional de planillas, las contrataciones sin sustento técnico y los nombramientos retroactivos han desvirtuado el espíritu de la ley. La carrera, lejos de ser un camino de excelencia, ha sido utilizada como blindaje para mantener prácticas de favoritismo político. Lo más grave es que, al estar protegidos por el fuero de carrera, muchos de estos nombramientos no pueden ser revertidos, convirtiendo al Estado en una estructura rígida, ineficiente y ajena a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Frente a este panorama, la nueva junta directiva tiene un mandato claro: iniciar por casa. Es decir, comenzar por transparentar, auditar y corregir los abusos cometidos en el manejo de recursos humanos dentro del propio órgano Legislativo. Las primeras acciones deben incluir:

Auditoría inmediata y pública de los funcionarios que ingresaron a la carrera administrativa a través de la Asamblea en los últimos cinco años, identificando irregularidades y proponiendo mecanismos de revisión jurídica.

Publicación detallada y en tiempo real de las planillas legislativas, incluyendo funciones, salarios, unidades ejecutoras y justificación del cargo.

Suspensión temporal de nuevos ingresos a la carrera administrativa desde la Asamblea, hasta que se revisen y corrijan los procedimientos internos.

Estas medidas no requieren reformas legales complejas. Requieren, sobre todo, voluntad política, coherencia ética y compromiso con el país.

A mediano plazo, Panamá necesita una nueva ley de carrera administrativa, o una reforma profunda de la actual, basada en principios firmes:

1. Ingreso exclusivamente por concurso público y anónimo, sin excepciones ni atajos políticos.

2. Supervisión independiente de los procesos de selección y ascenso, a cargo de una entidad autónoma con poder real de sanción.

3. Evaluación periódica del desempeño, con la posibilidad de desvinculación si no se cumplen estándares de calidad.

4. Transparencia absoluta: bases de datos públicas con la trayectoria completa de los funcionarios de carrera.

5. Sanciones ejemplares para quienes manipulen el sistema, tanto desde dentro como desde el poder político.

Una carrera administrativa fuerte es una muralla contra la corrupción, la improvisación y el clientelismo. Pero, para que funcione, debe estar blindada frente a las presiones políticas.

Panamá enfrenta una encrucijada institucional. O se perpetúa el sistema de favores y cuotas partidarias, o se construye una nueva cultura política basada en la competencia, el mérito y el servicio público honesto.

La Asamblea Nacional, hoy profundamente cuestionada, tiene la posibilidad de cambiar el rumbo. La nueva junta directiva no debe limitarse a administrar una legislatura: debe liderar un proceso de saneamiento democrático que empiece por el capital humano del Estado.

Impulsar una nueva ley de carrera administrativa, blindada contra manipulaciones y respaldada por la ciudadanía, sería un acto de madurez institucional sin precedentes.

El país necesita instituciones que se respeten a sí mismas para poder exigir respeto. La nueva junta directiva tiene una oportunidad única: convertirse en el símbolo de un nuevo comienzo, o ser recordada como otra que dejó pasar el momento.

La deuda de la Asamblea con el país es enorme. Ha llegado la hora de pagar lo que se debe.