El reto es tener educadores con las competencias que Panamá necesita

En los últimos días, el Gobierno nacional ha tomado la decisión de aprobar un decreto que permite reemplazar a los docentes que se mantienen en paro. Esta medida, ciertamente necesaria —aunque polémica para algunos—, ha abierto un debate que va mucho más allá de la coyuntura: nos obliga, como país, a reflexionar sobre las competencias indispensables que deben tener tanto los nuevos educadores que sean nombrados, como los actuales, para garantizar la educación de calidad que exigimos los panameños para nuestros niños, niñas y adolescentes.

No cabe duda de que el paro prolongado de los educadores actuales afecta gravemente el derecho a la educación y obliga a dudar del compromiso de los huelguistas con el bienestar de los estudiantes. Y no puede ser de otro modo, pues el tiempo perdido es difícil —si no imposible— de recuperar, y son los estudiantes más vulnerables quienes sufren las consecuencias: los de las áreas rurales, las comarcas indígenas, los barrios populares, donde la escuela pública es la principal o única oportunidad de movilidad social.

En ese contexto, aceptando el urgente y necesario reemplazo de los educadores en paro, dedico el resto de esta glosa a reflexionar sobre el perfil necesario de los nuevos docentes para garantizar una educación de calidad. Reemplazar a un docente no puede ser un mero acto administrativo.

El decreto gubernamental para reemplazar a los docentes en paro debe ser acompañado de un proceso riguroso de selección y preparación. Si lo que queremos es garantizar una educación de calidad, no podemos aceptar que los nuevos nombramientos se hagan de forma improvisada, con personas que no tengan la vocación, la formación ni las competencias necesarias. Esto sería un daño adicional al ya golpeado sistema educativo panameño.

Por eso, basado en las leyes y reglamentos que ya tenemos, es necesario que el Estado establezca criterios claros para el nombramiento de estos nuevos educadores, y que se les brinde capacitación y acompañamiento. No es suficiente con tener un título universitario: hay que formar a los nuevos docentes en metodologías inclusivas, en gestión del aula, en el uso de tecnologías educativas, en prácticas interculturales, en educación para la paz. Y hay que evaluar y fortalecer permanentemente a los educadores.

No debemos olvidar que un docente es mucho más que un transmisor de conocimientos. Es un formador de personas, un guía, un referente. Por ello, el educador debe poseer un conjunto de competencias que van más allá del dominio de una materia. Se necesita un sólido perfil educativo.

En ese sentido, y en primer lugar, es necesario que los nombrados posean una sólida competencia pedagógica. Deben dominar estrategias y métodos que permitan un aprendizaje activo, crítico y contextualizado, pues somos un país diverso, con realidades muy distintas entre el centro urbano y el campo, entre la capital y las comarcas. Por eso, los nuevos educadores deben ser capaces de adaptar sus prácticas a los distintos entornos y realidades de los estudiantes.

En segundo lugar, es imprescindible la competencia socioemocional que haga de la escuela un espacio seguro, donde los niños y niñas se sientan respetados, valorados y motivados. El educador debe ser capaz de gestionar el aula con empatía, de resolver conflictos de manera pacífica y de fortalecer la autoestima de sus alumnos. En tiempos como los actuales, marcados por tensiones sociales y desigualdades profundas, esta competencia resulta más necesaria que nunca.

Por supuesto, ninguna educación de calidad es posible sin un profundo sentido ético y ciudadano. El educador debe ser un modelo de conducta, comprometido con los valores democráticos, los derechos humanos y la equidad. Su ejemplo impacta directamente en la formación de la niñez y la juventud. Por ello, no debe haber espacio para abandonar las aulas por motivos políticos o cualquier otra agenda.

Finalmente, la crisis actual nos deja una lección: la educación no puede depender únicamente de los intereses gremiales o de las decisiones del gobierno de turno. Es un asunto de Estado, un pacto social. Padres, madres, comunidades, sector privado, sociedad civil: todos debemos sumar fuerzas para construir un sistema educativo que esté a la altura de las aspiraciones de nuestro país.

Este momento debe servir para replantearnos la carrera docente en su conjunto. Necesitamos políticas que valoren al educador no solo por su antigüedad o sus títulos, sino por su desempeño real en el aula, por su compromiso, por su capacidad de innovar y de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

Es hora de fortalecer el sistema de formación inicial y continua, de promover la investigación educativa, de reconocer y premiar las buenas prácticas. Solo así podremos construir la escuela pública que nuestros estudiantes merecen y que Panamá necesita para avanzar con justicia y dignidad.