El sistema penitenciario panameño: entre el hacinamiento, el cumplimiento de la ley y el desafío de la rehabilitación

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  • 19/11/2026 00:00

Una reflexión sobre la necesidad de transformar el modelo penitenciario nacional. El sistema penitenciario panameño constituye uno de los desafíos más importantes que enfrenta la administración de justicia y la institucionalidad del Estado. La situación que atraviesan nuestros centros penitenciarios obliga a realizar una reflexión profunda sobre el cumplimiento de la legislación vigente, las condiciones de reclusión y, especialmente, la verdadera finalidad de la pena privativa de libertad: la rehabilitación y posterior reinserción social de las personas privadas de libertad.

La Ley 55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario, establece un marco jurídico sustentado en los principios de seguridad, rehabilitación, defensa social y respeto a los derechos humanos, en concordancia con el artículo 28 de la Constitución Política. Sin embargo, después de más de dos décadas de su aprobación, persiste una distancia considerable entre sus disposiciones normativas y la realidad que se vive dentro de los establecimientos penitenciarios.

Uno de los problemas más evidentes es el hacinamiento. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Gobierno reflejan que, al cierre de enero de 2026, la población penitenciaria alcanzaba aproximadamente 24,000 personas, frente a una capacidad instalada de 14,500 plazas. Esta realidad genera una sobreocupación que repercute directamente en la convivencia, la seguridad, la atención médica, la alimentación, la higiene y las condiciones mínimas de dignidad humana.

A esta problemática se suman las deficiencias administrativas, la insuficiencia de personal especializado, las limitaciones presupuestarias, la falta de programas sostenidos de educación y capacitación laboral, así como las dificultades para garantizar una atención integral a la población penitenciaria. No podemos desconocer tampoco la situación de las personas que permanecen privadas de libertad sin una condena ejecutoriada, cuya condición exige especial atención respecto de sus garantías procesales y de la duración de los procesos judiciales.

La cárcel no puede convertirse en un simple espacio de almacenamiento humano. La privación de libertad constituye una sanción impuesta conforme a la ley, pero no significa la pérdida de la dignidad ni de los derechos fundamentales que no hayan sido legítimamente restringidos. El Estado tiene la obligación constitucional y legal de garantizar condiciones compatibles con los derechos humanos y desarrollar verdaderas oportunidades de rehabilitación.

Frente a este escenario, considero necesario impulsar medidas concretas en dos etapas. A corto plazo, se requiere una evaluación integral de todos los centros penitenciarios, mejorar las condiciones de infraestructura, fortalecer los servicios médicos y sanitarios, garantizar una alimentación adecuada, revisar la situación jurídica de las personas detenidas y optimizar los mecanismos de clasificación y seguridad penitenciaria. Igualmente, deben fortalecerse las medidas alternativas a la prisión, cuando legalmente procedan, y agilizarse los mecanismos judiciales que permitan evitar detenciones preventivas prolongadas e injustificadas.

A mediano plazo, Panamá necesita una reforma integral del modelo penitenciario que no se limite a construir nuevas instalaciones. Es indispensable profesionalizar al personal penitenciario, incorporar herramientas tecnológicas de control y administración, fortalecer la formación académica, técnica y laboral de los internos y establecer programas permanentes de atención psicológica, familiar y social. Asimismo, debe promoverse la participación del sector privado, las universidades y las organizaciones sociales en iniciativas de capacitación y oportunidades de empleo para quienes recuperen su libertad.

Otro aspecto fundamental es establecer mecanismos de supervisión, evaluación y rendición de cuentas sobre la administración de los centros penitenciarios, de manera que los recursos públicos destinados a esta función se traduzcan en resultados verificables.

El sistema penitenciario no debe concebirse únicamente desde una perspectiva de seguridad y castigo, sino como parte esencial de una política pública de justicia, prevención del delito y reconstrucción social. Una persona que cumple una condena debe tener la posibilidad real de transformar su vida y regresar a la sociedad con herramientas que le permitan desenvolverse dignamente. La verdadera fortaleza de un Estado de derecho también se refleja en la manera como trata a quienes se encuentran bajo su custodia. Panamá necesita pasar de un sistema centrado en la reclusión a un modelo que garantice seguridad, justicia y rehabilitación.

La reforma penitenciaria no puede seguir siendo una promesa institucional: debe convertirse en una prioridad nacional.

* El autor es abogado y docente universitario