El valor incalculable de la lucha docente en defensa del pueblo panameño

La huelga llevada adelante por el movimiento popular panameño que tuvo como principales protagonistas a los trabajadores de la construcción, las bananeras, el movimiento magisterial panameño y los grupos campesinos e indígenas de Bocas del Toro y la provincia del Darién, fue un esfuerzo colectivo para enfrentar una serie de medidas dirigidas a disminuir significativamente las pensiones de los trabajadores so pretexto de salvar a la Caja de Seguro Social. Los grupos organizados esperaban que, por lo nefasto de la ley, se diera un levantamiento popular como había ocurrido en el año 2022 contra el alto costo de la vida y el 2023 contra el contrato minero, sin embargo, ese alzamiento no se dio.

Es obvio, que la circunstancias eran distintas, un año preelectoral movilizó a un aparto partidista y de supuestos candidatos independientes que aprovecharon la coyuntura política para catapultarse como representantes de los grupos defensores del medio ambiente, pero, que hoy revelan que no eran más que oportunistas ya que muchos de ellos votaron a favor de la ley 462. Esta reforma impopular ya tenía antecedentes en el primer intento de reforma de imponer medidas paramétricas en año 2005.

Fueron los trabajadores organizados los que salieron a las calles para evitar una reforma social que sólo beneficiaba a los grupos de poder económico. Los trabajadores defendían la seguridad social ya que promueve el bienestar general de la población al garantizar que las necesidades básicas estén cubiertas, lo que a su vez puede mejorar la productividad y el desarrollo económico del país, en virtud que la seguridad social es, por tanto, un pilar esencial para el desarrollo y el bienestar de cualquier sociedad.

En el año 2005 se sacrificó a los trabajadores con la reforma de la caja de Seguro Social donde se aprobó de manera arbitraria y bajo una dura represión la ley 51. El discurso en su momento de las autoridades del gobierno señalaba que habían salvado a la Caja de Seguro social por los próximos 40 años, pero apenas han transcurrido 20 años y nuevamente recargan a los trabajadores, los sacrificios imponiendo medidas que sólo benefician a las personas de altos ingresos, en detrimento de las grandes mayorías que tienen un salario promedio inferior a los 800 balboas mensuales.

En este nuevo contexto, frente a un gobierno autoritario que ya tenía antecedentes de ser represivo por conducto de su ministro de seguridad, hoy presidente de la república. En gran medida se sabía que los resultados de la lucha dependerían del apoyo popular y de la ciudadanía en general, para vencer esta ley de la muerte.

Sin embargo, la huelga convocada demostró las fisuras internas de los trabajadores en este movimiento que intentó frenar la ley 462, que condena a la población panameña a pensiones de hambre y miseria no logró sumar otras fuerzas sociales que fortalecieran la vanguardia de esta lucha. El Estado utilizando todos los recursos y sus aparatos de poder, no sólo expresada en la represión física, sino que está utilizando todo el aparato judicial para tratar de criminalizar la protesta social.

El estado de derecho y las garantías constitucionales de la población panameña han sido pisoteadas por una dictadura civil. Esto significa un retroceso democrático sin precedentes en la historia panameña. El gobierno utilizando los recursos del Estado y sobornando a los medios de comunicación masiva y y manipulando la opinión pública, abanicaron el discurso gubernamental impidiendo otras expresiones disidentes en torno a la ley 462. El gobierno en contubernio con el sector privado impuso una reforma a la seguridad social que afecta directamente a los sectores que menos recursos tienen, corresponderá en el futuro levantar las banderas de la seguridad social, para volver al sistema solidario que es la ruta de un sistema de pensionamiento que garantice pensiones y atención médica digna para los asegurados.

Esta lucha en condiciones desiguales pago un alto precio, trabajadores e indígenas judicializados, retención del seguro educativo para los trabajadores y 300 docentes ilegalmente separados de su puesto de trabajo. A pesar de ello, los docentes que han sido perseguidos siguen manteniendo una fibra moral extraordinaria, la persecución política llevada por el ministerio de educación pretende silenciar a un sector que sale a luchar contra las injusticias y el autoritarismo del gobierno y sus representantes.

Los docentes al defender a el pueblo panameño, han decidido estar del lado correcto de la historia, por eso que vivan los docentes panameños que luchan por la dignidad nacional.