El voto plancha en Panamá: una distorsión de la voluntad popular

Desde la recuperación de la democracia en 1989, Panamá ha recorrido un largo camino en materia de libertades políticas y procesos electorales. Sin embargo, no todo avance democrático depende únicamente de la existencia de elecciones periódicas. La verdadera calidad de una democracia se mide por la fidelidad con la que el sistema electoral refleja la voluntad del votante y garantiza una representación justa, plural y equitativa. En este contexto, uno de los temas más controvertidos y menos comprendidos es el llamado voto plancha.

El voto plancha consiste en la posibilidad de que el elector marque una sola casilla y con ello otorgue su voto a todos los candidatos de una papeleta en un circuito plurinominal. Esta modalidad fue introducida con la intención de facilitar el voto y fortalecer a los partidos políticos. Sin embargo, en la práctica ha tenido el efecto contrario al deseado: ha debilitado la representación proporcional, ha distorsionado el sistema de residuo electoral y ha contribuido a la concentración de poder en las cúpulas partidarias.

Para comprender este fenómeno, es necesario recordar el diseño original del sistema electoral panameño posterior a 1989. El modelo de cociente, medio cociente y residuo fue concebido para combinar dos valores fundamentales: por un lado, permitir que las mayorías se traduzcan en representación parlamentaria; y por otro, asegurar supuestamente que las minorías con apoyo significativo no queden excluidas del poder legislativo. El residuo, en particular, tiene una función democrática esencial: permitir que fuerzas políticas que no alcanzan el cociente completo puedan, sin embargo, obtener escaños si su votación es relevante.

La introducción del voto plancha alteró radicalmente esta lógica. Permitió que miles de votos se sumen automáticamente a listas completas, los partidos grandes inflan artificialmente su caudal electoral y terminan apropiándose no solo de los escaños por cociente, sino también de aquellos que deberían asignarse por residuo. En otras palabras, el voto plancha convierte el residuo, que debía ser una herramienta para proteger a las minorías, en una extensión del poder de las mayorías.

Desde 1994 hasta las elecciones más recientes, este patrón se ha repetido una y otra vez. Se han visto casos en los que partidos y ahora alianzas con una abrumadora maquinaria electoral obtienen diputados que nunca fueron realmente escogidos por los ciudadanos, sino simplemente arrastrados por la plancha. Mientras tanto, candidatos verdaderamente independientes o de partidos pequeños, que lograron miles de votos personales, quedan fuera porque su organización no tenía la fuerza estructural para competir dentro de esa fórmula.

Esta realidad tiene consecuencias profundas para la democracia. En primer lugar, se rompe el principio de igualdad del voto. El sufragio de un ciudadano que vota selectivamente por una persona queda diluido frente al voto masivo que alimenta una plancha completa. En segundo lugar, se debilita la rendición de cuentas. Un diputado que llega al cargo por arrastre partidario no se debe al elector, sino a la cúpula que lo colocó en la lista. Esto reduce su independencia y su compromiso con la comunidad.

Ante estas críticas, han propuesto como alternativa el voto cruzado, que permitiría al elector escoger candidatos de distintos partidos. Aunque esta modalidad parece más flexible, en realidad introduce una complejidad matemática que hace casi imposible que el ciudadano entienda cómo se transforma su voto en escaños. Además, fragmenta aún más el sentido del residuo y abre la puerta a interminables impugnaciones. El voto cruzado no soluciona el problema de fondo: el exceso de poder de los colectivos sobre la voluntad individual del elector.

La verdadera solución es sencilla y mucho más democrática: adoptar el principio de “una persona, un voto”. Esto significa que, en los circuitos plurinominales, cada elector debe poder votar únicamente por un candidato. No voto plancha, no voto cruzado, sino un voto directo, personal e individual. Los escaños se asignarían luego conforme a las reglas de cociente, medio cociente y residuo, pero sobre la base de votos reales a personas reales.

Este modelo tiene múltiples ventajas. Garantiza que cada diputado cuente con respaldo ciudadano directo. Permite que las minorías auténticas, aquellas que tienen apoyo social, aunque no grandes maquinarias, puedan acceder al residuo. Fomenta la competencia por méritos, ideas y trabajo comunitario, en lugar de por ubicación en una lista partidaria. Y, sobre todo, fortalece la legitimidad de la Asamblea Nacional.

Panamá no necesita sistemas electorales más complicados. Si queremos una Asamblea que represente al país, debemos atrevernos a reformar lo que ya no funciona.

Una persona, un voto.