El voto por venganza en Panamá

El próximo torneo electoral en Panamá no se definirá en el terreno del debate programático ni en la evaluación técnica de proyectos de desarrollo, sino en la explotación sistemática del resentimiento colectivo y la inducción emocional del voto a través de la animadversión política.

Ante la incapacidad histórica de la clase dirigente para resolver las distorsiones estructurales del país, la estrategia electoral dominante ha dejado de ser la proyección de consensos para convertirse en la administración calculada de la rabia popular, transformando la papeleta en un canal de catarsis punitiva antes que en una herramienta de planificación nacional.

Este fenómeno se alimenta de un profundo enojo institucional, un estado de irritación permanente en un ciudadano expuesto a un Estado que le exige cargas crecientes mientras le devuelve desatención y precariedad. La manifestación más lacerante de esta fractura se evidencia en los efectos de la reciente reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), un ajuste que, lejos de aportar certidumbre o paz social, institucionalizó la percepción de una profunda injusticia distributiva.

El ciudadano de a pie comprueba que el costo financiero de la crisis —traducido en el incremento de la exigencia de cuotas, el endurecimiento de las condiciones para la jubilación y la incertidumbre sobre el rendimiento futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)— fue descargado sobre los hombros de la fuerza laboral formal y de la juventud, mientras la ineficiencia administrativa, las planillas infladas y la falta de persecución penal al desfalco histórico de la institución permanecen intactas.

Esta afrenta a la seguridad social se ensambla con la paradoja del agua potable en un país articulado por una cuenca hidrográfica multimillonaria, donde cientos de miles de habitantes en Panamá Oeste, Panamá Este, Colón y zonas del interior continúan sometidos al desabastecimiento crónico del IDAAN y al lucrativo negocio de los camiones cisternas, convirtiendo un derecho humano elemental en una prebenda política local.

A esta privación se suma el abismo insostenible entre las cifras macroeconómicas de crecimiento y la economía del hogar, asfixiada por el costo de la canasta básica, las tarifas de energía eléctrica y la proliferación del empleo informal, todo enmarcado en una movilidad urbana deshumanizante que le roba horas de vida al trabajador sobre carreteras deterioradas por la desidia gubernamental.

El detonante definitivo de este descontento radica en la asimetría moral entre la austeridad exigida al pueblo y la persistencia de privilegios, auxilios económicos discrecionales e impunidad en las altas esferas del poder. Conscientes de esta caldera social, los estrategas de campaña no buscarán diseñar soluciones complejas a la crisis fiscal o a los servicios públicos, sino simplificar la frustración mediante la fabricación de chivos expiatorios, induciendo al elector a emitir un voto de rechazo visceral motivado por el deseo de castigar al adversario antes que por la convicción en un programa de gobierno.

El peligro sistémico de esta mecánica es categórico: la animadversión es una herramienta sumamente eficaz para ganar una elección, pero absolutamente inútil para gobernar. El mandatario que alcanza el poder capitalizando el odio hereda una nación socialmente fracturada y una masa ciudadana cuya furia, al no encontrar respuestas tangibles ni justicia económica tras los comicios, se volverá instantáneamente contra la nueva administración, perpetuando el ciclo de ingobernabilidad y vaciamiento democrático en la República.

Validar la indignación del ciudadano no es un cálculo electoral, sino el reconocimiento objetivo de un pueblo sistemáticamente defraudado por sus instituciones. Sin embargo, advertir contra el voto de venganza no equivale a pedir resignación ni perdón, sino a desenmascarar una trampa táctica: la rabia no canalizada es la mercancía más rentable para los demagogos.

Quien vota por puro despecho no castiga al sistema, sino que le regala su soberanía, permitiendo que la clase política instrumentalice su dolor para colocar a nuevos administradores del resentimiento. La venganza en la urna ofrece una catarsis ilusoria de cinco minutos que deja intactos los vicios estructurales durante cinco años; no abastece hospitales, no lleva agua potable ni desmantela la impunidad.

El verdadero contrapoder no nace de la furia a ciegas, sino de la lucidez estratégica que transforma el agravio en una exigencia programática e intransigente. Decirle al votante que no actúe por despecho es recordarle que el poder no teme a una multitud enfurecida sin rumbo, sino a una ciudadanía organizada con propuesta y fiscalización. La sanción más severa contra el abuso no es cambiar la mano que empuña el látigo, sino arrebatarle al sistema la capacidad de seguir castigando a la nación.