Empobrecimiento de lo público

Recientemente, la organización Oxfam International produjo el informe titulado “Del beneficio privado al poder de lo público. Financiar el desarrollo, no la oligarquía”. Dicho informe lanza advertencias importantes que los líderes de toda índole deberían considerar, y tomar acción rápida en consecuencia, pues de no hacerlo, es evidente que el sistema político y económico predominante en el planeta, podría implosionar, con consecuencias drásticas para la humanidad.

El documento de Oxfam International analiza el fracaso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la creciente desigualdad económica; abogando por priorizar el poder público sobre los beneficios privados para financiar el desarrollo.

Sostiene que hay un aumento alarmante de la pobreza y la desigualdad, puesto que, 3700 millones de personas viven en pobreza, eso es casi la mitad de la población mundial, más de 700 millones padecen hambre.

Adiciona que se prevé que, de seguir este ritmo, solo el 16% de las metas de los ODS se alcancen para 2030, lo cual tendrá implicaciones sociales, ambientales y de seguridad para la mayoría de la población mundial.

Por otra parte, la creciente desigualdad económica está debilitando los esfuerzos de desarrollo global y favoreciendo a los ricos. Por ejemplo, el 1% más rico ha incrementado su riqueza en 33,9 billones de dólares desde 2015 y, los mil millonarios han aumentado su fortuna en 6,5 billones de dólares, suficiente para cubrir el déficit de financiación de los ODS.

La riqueza privada ha crecido ocho veces más que la riqueza pública entre 1995 y 2023, y aquí está lo medular de esta situación, pues el informe critica la dependencia de la financiación privada, que ha demostrado ser ineficaz y perjudicial para el desarrollo.

Pone como ejemplo que la movilización de financiación privada fue solo de 87,900 millones de dólares en 2023, frente a un déficit de 4 billones, y que las asociaciones público-privadas han generado cargas insostenibles en los presupuestos de salud y educación. Es necesario rechazar el enfoque del sector privado como solución para la financiación del desarrollo, pues como lo dice el informe: “Instrumentos como las “asociaciones público-privadas” y conceptos como el de la “financiación combinada” y la “reducción del riesgo” empezaron a estar cada vez más presentes, a pesar de que las personas expertas manifestaron su preocupación por que esto llevara a la pérdida del verdadero objetivo de la financiación del desarrollo para convertirla en un medio para lograr las ambiciones del capital privado.” Se deben dejar de lado las asociaciones público-privadas en servicios públicos esenciales, pues si bien se vendió ese concepto como una muestra de eficiencia, que lo fue en los primeros tiempos, detrás de esto está el negocio, por lo tanto, lo importante es la rentabilidad, no la calidad del servicio; con lo cual los Estados han abandonado una de sus funciones primordiales, cuidar y proteger a los ciudadanos.

Otro de los señalamientos importantes de este informe es que “... los acreedores privados están exacerbando la crisis de deuda, limitando la capacidad de los países para invertir en servicios públicos”. Por ejemplo, las naciones con ingresos bajos (aquellas que poseen un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de US$1.135 o inferior, de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial) destinan más del 50% de sus ingresos públicos a la gestión de la deuda, lo cual tiene un impacto en los servicios públicos. Además, se calcula que el 60% de los países de ingresos bajos están excesivamente endeudados o en peligro de serlo. Ante este panorama, es claro que, por un lado, se priorice a lo público sobre lo privado y, por otra parte, se requiere una tributación más efectiva de los superricos para abordar los desafíos globales, pues estos solo tributan un 0,3 % de su riqueza, muy por debajo de lo que contribuyen los trabajadores.

El informe también propone un sistema fiscal progresivo que movilice recursos públicos para combatir el cambio climático y financiar servicios públicos. Los Estados deben redefinir sus prioridades, centrándose en la lucha contra la oligarquía y el poder monopolístico, que son fundamentales para garantizar los derechos humanos y la inversión en servicios públicos universales y, centrarse en la protección y cuidado de sus ciudadanos, aumentando las inversiones públicas en salud, educación, vivienda, agua y electricidad, si se quiere un mundo más justo, solidario y próspero. Construir esa sociedad es posible, permitiendo que las empresas privadas cumplan su función, ser rentables, pero tributando en justa proporción, pagando buenos salarios a la fuerza laboral, con altos compromisos y solidaridad con la sociedad y, unos Estados fuertes, eficientes y, justos.