“Entre despidos y negocios: lo que está en juego en Etesa”

En el corazón del sistema eléctrico nacional se encuentra la empresa de transmisión, una estructura estratégica que garantiza que la energía llegue de forma segura y continua a hogares, industrias y servicios esenciales. Sin embargo, hoy enfrenta decisiones que generan preocupación legítima entre sus trabajadores. El despido de técnicos y profesionales altamente capacitados no puede entenderse como una simple reestructuración, sino como una señal de debilitamiento de las capacidades internas de una empresa pública clave que debe ser defendida, no erosionada.

Estas medidas representan un golpe directo al conocimiento acumulado durante años de servicio. Cada técnico despedido no es solo una plaza vacante: es experiencia que se pierde, es capacidad de respuesta que se reduce y es prevención que se debilita. La transmisión eléctrica requiere precisión, planificación y dominio técnico; no es un espacio donde la improvisación tenga cabida. Prescindir de personal calificado abre la puerta a fallas operativas y a una mayor dependencia de asesorías externas y contratistas que, con frecuencia, resultan más costosas para el Estado.

Este proceso tiene además un efecto directo: impacta en la tarifa eléctrica, particularmente en la tarifa de transmisión, que debe mantenerse estable como garantía para la población. Una empresa debilitada tiende a operar con mayores costos, ya sea por ineficiencias o por contratación externa. En última instancia, esos costos terminan trasladándose a los usuarios. Así, lo que inicia como una decisión administrativa afecta el bolsillo del pueblo y rompe el principio de estabilidad tarifaria que debe regir un servicio público esencial.

En este contexto, surge una preocupación mayor: el posible uso de estas condiciones para justificar una privatización. La historia en América Latina ha mostrado un patrón claro: se deteriora la gestión de una empresa pública, se instala la percepción de ineficiencia y luego se presenta la privatización como única salida. Sin embargo, la experiencia demuestra que privatizar sectores estratégicos como la transmisión eléctrica no garantiza tarifas más bajas ni mejor servicio. Por el contrario, suele priorizar la rentabilidad sobre el interés público, afectando precisamente lo que debe protegerse: tarifas justas y estables.

Pero el problema no se limita a los despidos. También preocupa el uso de la empresa pública para nombramientos políticos alejados del criterio técnico, lo que debilita la meritocracia y desmotiva al personal. Cuando los cargos responden a cuotas de poder y no a competencias, la eficiencia se resiente y se deteriora la institucionalidad.

A esto se suman las dudas en torno a ciertos procesos de licitación. La falta de transparencia o la percepción de irregularidades no solo compromete recursos públicos, sino que erosiona la confianza ciudadana. Más grave aún es la sospecha de vínculos entre donantes de campañas políticas y beneficiarios de contratos dentro de la empresa, lo que apunta a un uso indebido de una empresa que debe responder exclusivamente al interés nacional.

Desde el sindicalismo, es importante dejar claro que defender la empresa pública no significa oponerse a la modernización. Por el contrario, los trabajadores son los primeros interesados en que la empresa sea eficiente, transparente y técnicamente sólida. Pero cualquier transformación debe basarse en fortalecer lo público, no en debilitarlo para abrir paso a su privatización.

La solución no es reducir capacidades, sino invertir en formación, tecnología y gestión profesional. Es necesario blindar la empresa del clientelismo político, garantizar procesos transparentes y asegurar que su operación no se convierta en una carga para los usuarios. Solo así se podrá mantener una tarifa de transmisión estable y un servicio de calidad.

Defender a ETESA es defender la soberanía energética del país. Es garantizar que un servicio esencial se gestione con equidad y responsabilidad social, y que la tarifa eléctrica no quede sujeta a intereses privados.

El momento exige claridad: si se debilita la empresa pública, se abre la puerta a su privatización. Por ello, el llamado es firme: fortalecer ETESA, defender lo público y asegurar que la estabilidad de la tarifa eléctrica sea un compromiso real con la población.

Los trabajadores organizados seguirán alzando su voz en defensa de una empresa que pertenece a todos los panameños. Porque la energía no es solo un servicio: es un derecho y un pilar del desarrollo nacional.