Entre una ley obsoleta y un futuro que no espera

Panamá tiene un sistema educativo arcaico. Mientras el mundo discute sobre inteligencia artificial generativa y computación cuántica, nosotros seguimos regidos por una Ley Orgánica de Educación de 1946; una normativa sancionada en un mundo que no entendería cómo vivimos hoy. Pretendemos que esa misma estructura, diseñada para una era de tiza y papel, prepare a nuestros jóvenes para un mercado laboral tecnológico y globalizado. Es, en esencia, intentar navegar el mundo de hoy usando un mapa de hace ochenta años.

La realidad es preocupante. El desempleo juvenil en Panamá alcanzó el 17.9 % en 2024. En el caso de las mujeres jóvenes, la cifra llegó al 23.4 %, lo que significa que una de cada cuatro no consigue trabajo. Este panorama refleja un desfase crítico entre lo que enseña nuestro sistema y lo que demanda el mercado: seguimos graduando a jóvenes en carreras saturadas, mientras las empresas buscan especialistas en ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia artificial y robótica. No es sensato priorizar la memorización cuando lo que urge es el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

A esto se le suma nuestra gran deuda pendiente: los idiomas. Según el EF English Proficiency Index 2025, Panamá ocupa el puesto 70 de 123 países, con un nivel catalogado como “bajo”. En contraste, países como Argentina (#30) y Costa Rica (#37) muestran niveles “altos”, probando que sí es posible alcanzar estándares competitivos en la región.

En temas de educación, Singapur siempre es un referente. Aunque Panamá no comparte sus condiciones políticas, sí podemos aprender de su enfoque en habilidades prácticas. Ellos apostaron por un sistema basado en competencias y en la adaptación tecnológica, con planes como el EdTech Masterplan 2030, que integra la alfabetización digital desde la escuela. Su éxito vino de convertir la educación en el motor real de su economía.

No es que no se haya intentado antes; hemos tenido el Compromiso Nacional por la Educación y la creación del Copeme como ente vigilante, aunque los resultados han sido limitados. Parte del desafío está en que cualquier intento de modernización o evaluación suele percibirse como una amenaza a conquistas laborales. Sin embargo, es fundamental que docentes, autoridades y sociedad civil trabajemos juntos para que la educación sea realmente el motor de oportunidades para los estudiantes. La discusión sobre calidad docente, calendario escolar o nuevas metodologías no debe convertirse en un campo de confrontación, sino en un espacio de construcción colectiva. El sistema educativo existe para garantizar un futuro digno y competitivo a la juventud, y ese objetivo debe estar por encima de cualquier interés particular.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes ha iniciado un proceso de consultas públicas para sustituir la ley de 1946 por una reforma integral basada en seis pilares: gobernanza, calidad, equidad, formación docente, financiamiento y descentralización. El presidente de esta comisión ha señalado que este no es un proceso de “puertas cerradas” y, tras reunirse con la ministra del ramo, destacó un enfoque de escucha activa y consenso ante uno de los mayores desafíos de las últimas décadas.

La meta para 2026 es implementar un rediseño curricular que introduzca competencias de emprendimiento, tecnología y habilidades socioemocionales desde el preescolar. Estamos en un momento crítico. El “parche” ya no aguanta más. O nos atrevemos a exigir una educación de nivel mundial, o seguiremos viendo cómo otros países nos pasan por delante mientras discutimos sobre un manual de hace ocho décadas. La reforma propuesta no puede ser otro documento para engavetar; tiene que ser el inicio de un cambio real, porque mientras seguimos anclados al pasado, el futuro se nos va de las manos.