Errores honestos

Corría el año 1931 cuando nueve adolescentes afroamericanos fueron acusados de violar a dos mujeres blancas en un tren que atravesaba Alabama, en el sur segregado de Estados Unidos. Eran tiempos de las leyes de Jim Crow y, en medio de un clima de racismo y profunda hostilidad, fueron juzgados con una celeridad alarmante y perturbadora, sin una defensa efectiva y ante jurados compuestos exclusivamente por personas blancas.

A pesar de la fragilidad de las pruebas y de testimonios contradictorios, fueron condenados a muerte. Ninguno llegó a ser ejecutado, pero todos pasaron años en prisión por un delito que no cometieron. No fue sino hasta 2013 que el estado de Alabama concedió indultos póstumos. El caso de los Scottsboro Boys quedó inscrito en la historia norteamericana como un símbolo de injusticia y discriminación sistemática de carácter racial.

Noventa y cinco años después, pese a la evolución de las leyes y a los avances en los estándares probatorios, nada garantiza que historias como esta no sigan repitiéndose. Expresiones como “la mala suerte del hijo de la cocinera” o “la justicia es ciega, pero reconoce apellidos” reflejan la persistente percepción de que la balanza de la justicia puede inclinarse por factores ajenos al estricto derecho.

Y es que la justicia no es administrada por algoritmos, sino por seres humanos de carne y hueso. Al menos por ahora. Basta prestar atención a las visiones futuristas promovidas por figuras como Sam Altman, Peter Thiel o Curtis Yarvin para advertir que muchas de las estructuras que hoy consideramos intocables podrían transformarse radicalmente en los próximos años. Sin embargo, mientras el poder de decidir continúe descansando en la mente humana, el cerebro que habita bajo la toga seguirá expuesto a sesgos y limitaciones cognitivas, especialmente en escenarios atravesados por tensiones raciales, ideológicas o sociopolíticas.

De allí que no resulten extraños los errores judiciales monumentales, las decisiones arbitrarias o incluso los fallos nacidos de la ignorancia. La justicia social no sobrevive de pactos; y si alguno ha de existir, que sea entre caballeros, a lo Sabina. Basta revisar los registros de organizaciones como Innocence Project o Amnistía Internacional para dimensionar la magnitud de un problema social que rara vez ocupa el centro del debate público. Después de todo, como reza el dicho, el dolor ajeno es ruido de fondo, hasta que termina volviéndose propio.

Existe, sin embargo, una categoría más compleja, y quizá más frecuente: los errores honestos. Aquellos que no nacen de la intención de causar daño, sino de las limitaciones cognitivas inherentes a la condición humana. Como advierte el cantautor uruguayo, Jorge Drexler, la realidad es siempre más compleja de lo que parece; y en ese tremendo berenjenal, que es pesquisar la verdad, incluso la buena fe puede equivocarse.

Diversas investigaciones han evidenciado que decisiones judiciales de gran relevancia pueden verse influidas por factores ajenos al razonamiento estrictamente jurídico. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el de las libertades condicionales: se ha observado que los jueces tienden a concederlas con mayor frecuencia al inicio de la jornada o después de una pausa, mientras que hacia el final del día, cuando aparece el cansancio, se muestran más restrictivos. Este patrón sugiere que variables como la fatiga mental o incluso el descenso en los niveles de glucosa pueden incidir en resoluciones que, en principio, deberían basarse únicamente en criterios legales.

Otro fenómeno curioso se encuentra en el valor que los jurados de conciencia pueden otorgar a elementos irrelevantes desde el punto de vista jurídico, como la apariencia de una persona, su forma de expresarse o el impacto emocional de su relato, factores que terminan influyendo en la percepción y en la narrativa interna que cada uno construye sobre el caso. ¿Culpable por parecer criminal? ¿Inocente porque aparenta honestidad? Aunque tales elementos no deberían tener peso en un análisis jurídico riguroso, distintos estudios experimentales demuestran que sí inciden en la evaluación de credibilidad, responsabilidad e incluso en la severidad de las decisiones adoptadas.

En fin, basta una mirada superficial para comprender que la toma de decisiones jamás debería asumirse con ligereza, mucho menos cuando lo que está en juego es la libertad de una persona. Quizás el mundo utópico imaginado por figuras como Altman, Thiel oYarvin termine arrastrándonos hacia una puesta en escena completamente distinta a la que conocemos, donde el concepto clásico de derecho, heredado de los jurisconsultos romanos, pierda progresivamente vigencia frente a estructuras tecnocráticas capaces de producir decisiones más rápidas y aparentemente más precisas. Un mundo en el que la seguridad, bajo una lógica artificial, termine devorando la libertad; donde ya no existan errores judiciales y tampoco exista margen para cuestionar al sistema. Un escenario en el que el único pecado imperdonable sea no haber hecho lo suficiente para prevenir el riesgo, aun a costa de sacrificar nuestra libertad.