¿Es el cobre de Donoso indispensable para la ciencia y la innovación en Panamá?

En el debate sobre el futuro de Donoso y de nuestro modelo de desarrollo, algunos insisten en presentar la minería como una posible fuente de financiamiento para la transición hacia una economía verde. Esta premisa ignora un dato clave: Panamá ya cuenta con ingresos suficientes para invertir en ciencia e innovación sin depender de una actividad extractiva, finita y contaminante.

El Canal de Panamá aporta cerca de $3,000 millones al año al Estado. Esa cifra permitiría sostener una política pública robusta en ciencia y tecnología. Sin embargo, solo una fracción de esos ingresos realmente llega al sector científico. En 2024, la inversión en actividades científicas alcanzó los $285 millones. El gasto en investigación y desarrollo pasó de 119 millones en 2021 a 162 millones en 2024. Panamá invierte solo 0.23 % del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio regional (0.76 %). El propio Estado reconoce esta brecha, es por ello que se han creado iniciativas legales como el Proyecto de Ley 98 de 2024 para garantizar el 1 % del PIB para ciencia en el 2029, dicho incremento permitiría impulsar industrias de valor agregado que generarían conocimiento, empleo cualificado y soberanía tecnológica, sin involucrar altos costos ambientales.

El caso de la Coibamida-A suele presentarse como evidencia desalentadora para implementar la bioprospección. Sin embargo, se trata de un hallazgo científico exitoso: un compuesto marino aislado en Panamá, estudiado rigurosamente, reconocido por su potencial anticancerígeno. Que este conocimiento no se haya convertido en regalías o en una industria local no responde a una falla de la ciencia, sino a la falta de un entorno que permita llevar los descubrimientos al mercado: falta de infraestructura farmacéutica, centros de escalamiento, mecanismos sólidos de propiedad intelectual, capital de riesgo científico y políticas industriales consistentes.

La bioprospección ofrece ingresos sostenibles a largo plazo, pero exige continuidad y entornos adecuados. El caso de la Coibamida-A demuestra que, sin inversión sostenida en ciencia, incluso los descubrimientos más prometedores quedan sin impacto económico. El problema no es de recursos, sino de prioridades.

Además, no se trata de una apuesta hipotética y lejana. En Panamá ya existen resultados recientes que subrayan el valor del corredor biológico nacional. Iniciativas como el BioBanco, utilizando microorganismos nacionales como fuente de compuestos biotecnológicos para la medicina y agricultura.

Investigaciones del Indicasat han aislado decenas de metabolitos prometedores, incluyendo compuestos activos contra el mal de Chagas y otros con potencial para regular glucosa en diabéticos, provenientes de ranas y manglares. Si estos ecosistemas se degradan, se pierden definitivamente: no existe restauración posible que recupere organismos únicos, especialmente en zonas de alto endemismo como Donoso.

El turismo sostenible refuerza esta visión. Según la ATP, aporta el 11 % del PIB, unos $5,000 millones anuales, genera 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos. Parques, fincas y comunidades indígenas ofrecen experiencias que redistribuyen beneficios que podrían ayudarnos en la transición de una economía basada en la degradación de ecosistemas a una basada en el conocimiento.

Panamá tiene hoy la oportunidad de liderar en la región un modelo de desarrollo sostenible que no dependa de industrias extractivas. Con el recién firmado Pacto por la Naturaleza, el Estado se comprometió a fomentar una economía verde, que busca frenar la deforestación, orientar la inversión hacia actividades regenerativas y proteger la biodiversidad, como un activo económico real. Solo en producción de agua, oxígeno y seguridad alimentaria, nuestros ecosistemas superan el valor de cualquier mineral.