Estabilidad de papel, riesgo sistémico: el costo oculto de nuestro diseño electoral

El debate electoral en Panamá padece de una miopía técnica. Nos desgastamos discutiendo fórmulas, residuos y cocientes, mientras evitamos la discusión estructural e incómoda: cómo el diseño del sistema político condiciona el mercado electoral para decidir, de facto, quién tiene posibilidades reales de competir y quién termina gobernando.

Bajo el eufemismo de la “estabilidad”, el Código Electoral ha levantado barreras de entrada artificiales que no buscan filtrar la calidad de la oferta política, sino proteger la cuota de mercado de las estructuras existentes. Estas reglas operan, no por definición legal sino por efecto práctico, como un filtro censitario disimulado que favorece a quienes poseen capacidad financiera y logística, sustituyendo la organización orgánica de ciudadanos por “partidos franquicia”: cascarones vacíos, diseñados para administrar subsidios y clientelismo, pero cada vez más incapaces de interpretar la nueva realidad social.

Las elecciones de 2024 demostraron, sin embargo, que este modelo de control ha llegado a su límite. La realidad desbordó al diseño institucional. La irrupción de nuevas formas de organización ciudadana y la implosión de estructuras tradicionales evidenciaron que las barreras de entrada ya no garantizan la supervivencia de los partidos establecidos. El dique, en los hechos, se rompió.

El nuevo escenario es volátil y complejo. Mientras el civismo independiente logró abrir una grieta en el legislativo, la elección presidencial y la alcaldía capitalina confirmaron otras tendencias: la persistencia de fuerzas personalistas y la emergencia de liderazgos mediáticos y disruptivos. Fenómenos distintos, pero con un denominador común: cuando el sistema bloquea la renovación ordenada, el electorado busca válvulas de escape, ya sea mediante organización ciudadana o a través de figuras outsiders que prometen sacudir el tablero.

Es aquí donde el diseño electoral comienza a chocar peligrosamente con la sociología de la calle. En la periferia metropolitana —donde se concentra buena parte de la fuerza laboral del país— ha emergido un votante que ya no se conforma con el clientelismo tradicional. Profesionales y técnicos para quienes el desorden urbano, la informalidad y la ausencia de reglas claras no son molestias menores, sino agravios cotidianos que afectan su calidad de vida y sus oportunidades.

Al no existir canales institucionales fluidos para procesar esta demanda, el sistema nos empuja a la “trampa del 30 %”: la normalización de gobiernos electos por la primera minoría organizada. Ejecutivos que nacen con un déficit estructural de respaldo político que les impide ejercer la autoridad necesaria para ordenar el país. Un gobierno respaldado por apenas un tercio del electorado puede resultar funcional para ciertos grupos de interés, pero es inherentemente incapaz de responder a una ciudadanía cada vez más impaciente.

La solución, por tanto, no es meramente técnica; es política y de diseño de mercado. Se requiere una liberalización sustantiva de la entrada al sistema, permitiendo la formación de partidos orgánicos sin requisitos millonarios que los obliguen a hipotecar su autonomía antes de nacer. Pero abrir la competencia no implica aceptar la atomización. Para canalizar fenómenos como los de 2024 hacia la gobernabilidad, es indispensable trasladar el control de calidad al final del proceso mediante mecanismos ordenadores como las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o una Segunda Vuelta Electoral.

Estos instrumentos no garantizan buenos gobiernos, pero sí obligan a la construcción de mayorías reales —superiores al 50%— y dotan al Ejecutivo de la fuerza política necesaria para gobernar con reglas claras y sin privilegios.

Operadores políticos y financistas defienden las barreras actuales en nombre del orden. Se equivocan. El proceso electoral de 2024 ya demostró que el muro no cumple su función. Un sistema que bloquea su propia renovación y que ignora los cambios demográficos y sociales de su base laboral no es estable: es una olla de presión que ya empezó a pitar. La verdadera estabilidad ya no depende de proteger estructuras partidarias agotadas, sino de abrir las compuertas para que la representación alcance, por fin, a la realidad del país.