Estado de excepción...
- 16/11/2026 00:00
Del 8 al 11 de julio del 2010, a raíz de las protestas en Changuinola, Bocas del Toro, contra la “Ley Chorizo”, encabezadas por el Sindicato Sitraibana, la horrenda represión ordenada por el entonces ministro de Seguridad, provocó la muerte de Antonio Smith y de Virgilio Castillo, cerca de seiscientos heridos y decenas de manifestantes perdieron, parcial o totalmente la visión, por perdigones lanzados al rostro. El gobierno actual, encabezado por el exministro represor, se ha excedido con el Suntracs, en lo que constituye una violación grave y sostenida, de la libertad sindical y de los derechos humanos laborales; hechos documentados en la represión de las manifestaciones, en la asfixia financiera, la obstrucción de la negociación colectiva y en el hostigamiento sostenido; en abierta violación de la obligatoriedad que, como Estado signatario de la OIT le corresponde.
Tanto el artículo 55 de la Constitución Nacional, como el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que un Estado solo puede suspender garantías; v.g: la libertad de asociación, en caso de guerra, peligro público o emergencia que amenace su seguridad. Para ser válida, esta medida requiere un decreto formal, temporalidad estricta, proporcionalidad y notificación inmediata a los organismos internacionales correspondientes. Según el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de asociación solo puede sujetarse a restricciones previstas por la ley. Además, restringir o suspender estos derechos exige una DECLARATORIA FORMAL DE ESTADO DE EXCEPCIÓN; en consecuencia, salvo opinión mejor fundada, todas las medidas adoptadas constituyen una flagrante violación del derecho constitucional y del derecho internacional, relacionado con los derechos humanos; conducta incompatible con un Estado de Derecho, vigente en una sociedad presuntamente democrática; gestión administrativa incomprensible e injustificable en un mandatario que afirma gobernar con la ley en la mano.
El fraude científico-sanitario, llamado pandemia, que la historia recogerá como experimento de ingeniería social del consentimiento; aprobado por la mayoría, le sirvió a las élites financieras para seguir propagando el miedo, la inseguridad y la esperanza en los gestores del infame plan; por ello la narrativa actual es el anticomunismo; esperando que les sirva para instaurar el Estado de Excepción permanente, subordinando la economía global al gobierno de las grandes corporaciones financieras y asegurar así, máxima rentabilidad a los confabulados. Urge reconocer que, cada día son más evidentes las iniciativas de la élite financiera internacional para “normalizar” el Estado de excepción permanente; por lo cual, el abordaje racional exige probidad, objetividad, prudencia y concertación; justamente lo opuesto al servilismo y la tozudez de sociópatas intentando dictar cátedras desde la más completa indigencia.
Ya no hay tiempo para encantadores de serpientes ni vendedores de humo ni mucho menos para paralelismos ni seudo paralelismos; juicio político o Constituyente con plenos poderes o serán muchas las generaciones que pagarán las consecuencias, con sangre, dolor y servidumbre, gracias a la inconsciencia, indolencia o cobardía de quienes deberíamos sacudirnos el letargo y exigir respeto a nuestra dignidad de seres humanos.