Estado de sitio no declarado: el régimen de Mulino y la persecución social

Panamá atraviesa momentos críticos que dejarán profundas huellas en nuestra historia como nación y como sociedad. El gobierno de José Raúl Mulino, de corte autoritario y cuasifascista, ha desplegado una escalada de represión y persecución contra los movimientos sociales. Su visión abiertamente proempresarial y defensora del libre mercado ha terminado por destruir y sepultar lo que quedaba de una ya debilitada democracia liberal burguesa.

En apenas once meses, Mulino ha hecho todo lo posible por consolidar un régimen impopular, cuya aprobación popular no supera el 15 %, según diversas encuestas. Con descaro, ha declarado que no le interesa el respaldo ciudadano, porque según sus propias palabras, él está para “ejecutar y mandar”.

La persecución a dirigentes obreros, estudiantiles e indígenas confirma una visión autoritaria profundamente alineada con los intereses geopolíticos del Pentágono y de los sectores de poder económico transnacional.

Frente a esta situación, hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional. El mundo debe mirar hacia Panamá. Niños y niñas indígenas han sido afectados por el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos en zonas residenciales de las comarcas. Se han reportado heridos de bala por parte de unidades especializadas (Senafront y Senan) supuestamente destinadas a proteger nuestras fronteras y mares, pero que hoy participan activamente en la represión de las protestas sociales.

Durante más de treinta y cinco días de paro y movilización nacional, se han registrado heridos con perdigones en el rostro y en los ojos, personas golpeadas por latas de gas lacrimógeno lanzadas directamente al cuerpo, y más de trescientas detenciones arbitrarias a manos de los estamentos de seguridad del Estado.

No podemos dejar de denunciar la judicialización selectiva de los dirigentes obreros del Suntracs. Dos de ellos permanecen detenidos en el pabellón C de máxima seguridad de la cárcel La Mega Joya. Otro compañero ha solicitado asilo político en Bolivia tras conocerse amenazas contra su integridad física, y uno más ha sido incluido en la lista de los más buscados por la Policía Nacional. También han sido arrestados arbitrariamente líderes indígenas de la comunidad de Arimae, en la provincia de Darién, así como manifestantes en la comarca Ngäbe-Buglé (Ojo de agua, El Piro y Horconcito) y en Las Garzas de Pacora.

Catorce estudiantes universitarios han sido llevados ante jueces de garantías y se les han impuesto medidas cautelares, como parte de una clara estrategia de intimidación, amedrentamiento y persecución promovida desde el Ejecutivo.

La estigmatización contra el pueblo bocatoreño que ha salido a las calles a defender su dignidad es otro ejemplo de la política de hostigamiento del régimen. El Gobierno los ha señalado y criticado duramente por la presunta salida de una empresa bananera, en un intento más por desacreditar la legítima protesta popular.

Aunque la oscuridad parezca imponerse, los pueblos que luchan siempre encuentran la luz. La historia la escriben quienes se atreven a resistir.

¡Panamá despertó y no volverá a dormirse!