Fiscalizar o sabotear: la delgada línea que Panamá no puede cruzar

Por años, la fiscalización ha sido presentada como el escudo más poderoso de la democracia. Y lo es. Pero cuando ese escudo se utiliza como arma política, deja de proteger al ciudadano y comienza a golpear la institucionalidad que dice defender.

Ese es el punto incómodo al que está llegando el debate público en Panamá.

La Asamblea Nacional de Panamá no está para aplaudir al gobierno, pero tampoco para sustituir la gestión pública con una dinámica de confrontación permanente. Fiscalizar no es sabotear. Y esa diferencia, que debería ser básica, parece cada vez más difusa.

En las últimas semanas, actuaciones de la diputada Alexandra Brenes han encendido alertas. No por ejercer control, que es su deber, sino por la forma en que ese control se proyecta: selectivo, intensificado en momentos clave y alineado, según diversas críticas, con sectores que se resisten a cambios estructurales.

Las preguntas son inevitables. ¿A quién sirve realmente cierta fiscalización? ¿Al ciudadano o a intereses que operan tras bambalinas?

Algunos de los sectores más activos contra reformas impulsadas por el Ejecutivo coinciden, no casualmente, con grupos que durante años han orbitado estructuras institucionales beneficiándose de consultorías, asesorías y esquemas poco transparentes. Cuando esas estructuras se tocan, la reacción no es técnica: es política.

Y entonces ocurre lo más delicado: la convergencia. Actores políticos, voces mediáticas y figuras dentro del propio Estado empiezan a moverse en la misma dirección. No hace falta un acuerdo explícito para que el efecto sea el mismo: presión, desgaste y bloqueo.

En ese contexto, también han surgido cuestionamientos sobre posibles cercanías entre estos sectores y entornos institucionales, incluyendo figuras vinculadas al Ministerio de la Mujer bajo la dirección de Nirukpa Palacios. No son acusaciones probadas, pero sí señales que, en cualquier democracia seria, exigirían explicaciones claras y oportunas.

Porque la percepción importa. Y cuando la ciudadanía percibe que la fiscalización puede estar contaminada por intereses cruzados, la confianza se erosiona.

Lo más preocupante es que esta dinámica no viene únicamente de la vieja política. También emerge de quienes llegaron prometiendo ruptura. La diputada Brenes forma parte de esa generación que ofrecía una nueva forma de hacer política. Pero hoy enfrenta el riesgo de quedar atrapada en la misma lógica que decía combatir: la del cálculo, la presión y la conveniencia.

En un país como Panamá, donde la institucionalidad aún se consolida y la confianza pública es frágil, estos desvíos no son anecdóticos. Son estructurales. Cada vez que la fiscalización se usa como herramienta de desgaste y no de mejora, se debilita el sistema completo.

La democracia no se destruye de golpe. Se erosiona lentamente, cuando sus mecanismos más nobles se utilizan con otros fines.

Panamá necesita diputados que fiscalicen, sí. Pero que fiscalicen para construir, no para bloquear. Que cuestionen con pruebas, no con agendas. Que entiendan que el poder no es una herramienta de presión, sino una responsabilidad, porque cuando fiscalizar se convierte en sabotear, lo que está en juego ya no es un gobierno. Es el propio andamiaje de la misma democracia. No jueguen con fuego.