Fracasos, nostalgias y ambiciones electorales subsidiadas

Después de acumular estruendosas derrotas, el Partido panameñista en las elecciones del 2019 y del 2024, y el PRD en las pasadas, ambas formaciones, tras dizque medio curarse sus heridas, suturándolas con acusaciones de conjuras externas y traiciones internas; pero con la abierta intención de aprovecharse de las normas electorales que, en lugar de castigar los fracasos, los siguen premiando con millones en subsidios inconstitucionales, se alistan para eventualmente aspirar al poder en el 2029.

El caso de la agrupación que sigue llamándose panameñista, calificación que a estas alturas suena, como mínimo, trasnochada y carente de sentido, después de degradarse a segundona al no encabezar la papeleta presidencial en el 2024, los fracasos han sido consecutivos. En el “partido de Omar”, denominación a la que insisten en apelar, pero que de poco le sirvió para evitar su sonora derrota en las pasadas elecciones, vistas sus evidentes fracturas, el futuro es un horizonte lleno de oscuros nubarrones.

Más como una táctica, aunque carezcan de sinceridad, después de las elecciones internas del pasado 23 de noviembre, los propósitos de enmienda y las declaraciones de supuestas unidades monolíticas internas, que ni ellos mismos se creen, saturarán los medios de comunicación. Por eso, que nadie espere impugnaciones o descalificaciones. Ambos consorcios tienen “suficiente cancha” para no cometer errores que pudieran comprometer o demorar el flujo de los millones de subsidios electorales con los que pagarán “sus gastos operativos” y el declarado propósito de intentar su retorno al poder.

Los resultados del pasado 23 de noviembre estaban decantados por el peso específico determinante con que contaban y que, además, utilizaron los que resultaron ganadores, que hicieron valer el peso de sus cargos de representación política y las prerrogativas y prebendas que era iluso pensar que no utilizarían. Si para algo han servido las pasadas contiendas internas de panameñistas y perredistas, aparte de desnudar sus rivalidades internas, ha sido para ratificar que nuestros partidos políticos son, antes que nada y, sobre todo, “empresas o partidas electoreras”, consagradas al fin prioritario de alcanzar el poder o participar de su reparto y que, cuando no lo alcanzan o lo pierden, se han cuidado bien de garantizarse millonarias cuotas del dinero público, para financiarse, mientras se preparan para la siguiente intentona.

Las causas de la prostitución de nuestros partidos son varias. La primera es la ya señalada. Su finalidad, salvo en algunos casos que pueden contarse y que han sido excepcionales, han carecido de sustanciación ideológica. Un recuento retrospectivo, que se remonte hasta su entronización en la vida nacional en la década de los veinte del siglo pasado, demuestra que el número de los que se han constituido y extinguido, casi podríamos apostar, no tiene parangón en ningún otro país de nuestro continente. Ese recuento también demostraría que enemigos jurados en una contienda, en la siguiente, se abrazaron y aliaron, en función de intereses meramente económicos.

De manera más que significativa, otra causa de esa degeneración está en los regímenes legales que, aunque supuestamente se han creado para “garantizar la honradez y eficacia del sufragio”, han terminado siendo los cómplices perfectos y sus patrocinadores. De nada ha valido, por ejemplo, que a nivel constitucional se definan las funciones y las responsabilidades de los partidos políticos si, violando la intencionalidad de esos mandatos, en la legislación electoral se los tergiversan abiertamente, con normas de rango legal o reglamentario, como las que imponen los subsidios obligatorios, lo extienden más allá de los límites calendarios de los procesos electorales o las que se han dedicado, sistemáticamente, a imponer trabas a las candidaturas de libre postulación.

Los partidos, según lo ordena el artículo 138 de la Constitución deben: “expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular”. Ese artículo, además, aunque los reconoce como “fundamentales para la participación política” expresamente agrega que esa condición no debe perjudicar “la libre postulación”; pero la práctica, y lo vemos todos los días, es precisamente lo contrario: la primacía de los partidos en perjuicio de la libre postulación.

Para corregir ese rumbo pernicioso, los ciudadanos debemos exigir que los partidos cumplan estrictamente con sus funciones y responsabilidades constitucionales y que, en lugar de seguir premiando su patente morosidad, que se les suspendan los privilegios de que siguen disfrutando, comenzando por la reducción y la retención de los subsidios electorales. Ese tema, debiera ser de obligatoria y prioritaria discusión y revisión en las actuales sesiones de la Comisión de Reformas Electorales.

*El autor es abogado