Gasto de bolsillo: una deuda pendiente con la salud universal en Panamá

Cada 12 de diciembre, el Día de la Cobertura Universal de Salud nos recuerda un principio básico: la salud debe ser un bien público, no un privilegio costoso. Y, sin embargo, en Panamá seguimos lejos de cumplir ese mandato. Mientras la OPS alerta que millones de personas en las Américas enfrentan barreras económicas para acceder a servicios de calidad, nuestro país continúa atrapado en una paradoja: poseemos un sistema público amplio, pero muchas familias siguen pagando de su bolsillo una proporción inaceptablemente alta del costo real de mantenerse sanas.

El llamado “gasto de bolsillo” —los pagos directos por consultas, medicamentos, diagnósticos, tratamientos o insumos que no son reembolsados por el sistema— es un termómetro de la protección financiera en salud. Mide, con brutal claridad, el riesgo de empobrecimiento asociado a la enfermedad. Y en Panamá, donde este gasto representa alrededor del 35% del gasto total en salud, seguimos por encima del umbral recomendado para sistemas que aspiran a ser universales y equitativos.

Aunque la cifra parezca moderada en comparación con otros países de la región, su efecto muchas las familias panameñas es devastador. Cuando una madre tiene que elegir entre comprar un medicamento o una comida saludable, el indicador económico se transforma en una herida social. El gasto de bolsillo se convierte en un drenaje permanente que profundiza desigualdades y obliga a muchos hogares a sacrificar necesidades esenciales.

Este elevado gasto de bolsillo tiene, por lo menos, tres efectos que no podemos ignorar.

1. Desprotección financiera y riesgo de empobrecimiento. La OPS define como “gasto catastrófico” aquel que obliga a un hogar a destinar más del 20% de su ingreso disponible para atender la salud de uno de sus miembros. En Panamá, esta situación no es excepcional: basta un diagnóstico de diabetes, cáncer, hipertensión severa o una emergencia para desestabilizar el presupuesto familiar. Los ahorros se agotan; las deudas crecen. Así, la enfermedad se convierte en un factor de empobrecimiento, y la desigualdad se reproduce con precisión matemática.

2. Barreras de acceso que deterioran la salud. Cuando el primer filtro para recibir atención es el costo, la salud deja de ser un derecho. Muchas personas simplemente postergan sus consultas, abandonan tratamientos o se automedican. La fragmentación entre Minsa y CSS agrava este problema: quienes pueden, pagan servicios privados para sortear la ineficiencia; quienes no, quedan atrapados en listas de espera, desabastecimientos y servicios insuficientes. El resultado es un país dividido entre quienes tienen tiempo y recursos para curarse y quienes dependen de un sistema que no siempre responde.

3. Financiamiento público insuficiente y poco eficiente. Panamá mantiene niveles de gasto público en salud por debajo de los estándares necesarios para garantizar una protección financiera real. Cuando el Estado no financia adecuadamente los servicios esenciales, la carga se traslada a los hogares. Esto impacta también la calidad del sistema: infraestructura rezagada, recursos humanos insuficientes, tecnología obsoleta y fallas recurrentes en el suministro de medicamentos.

En ese contexto, estamos obligados a fortalecer la protección financiera atendiendo sin demoras las siguientes prioridades,

1. Avanzar en la integración efectiva Minsa–CSS, superando la fragmentación que genera duplicidades, ineficiencia y vacíos de cobertura. Integrar compras, logística, diagnósticos, listas de espera y establecer un conjunto único de prestaciones para todos es esencial para reducir costos y desigualdades.

2. Aumentar el financiamiento público. Ninguna reforma funcionará sin más recursos públicos. Panamá debe acercarse al 7% del PIB recomendado por la OPS, priorizando la atención primaria y la disponibilidad continua de medicamentos esenciales.

3. Regular precios y consolidar compras de medicamentos. El gasto en medicinas es el rubro más doloroso para las familias. Regular precios máximos, promover genéricos de calidad y crear un Observatorio de Precios reduciría de inmediato la presión sobre los hogares.

4. Definir un paquete explícito de prestaciones garantizadas. Panamá necesita un catálogo vinculante de servicios esenciales que asegure atención primaria, diagnósticos básicos, urgencias y manejo de enfermedades crónicas.

5. Reforzar la atención primaria a nivel territorial, garantizando en redes integradas de servicios: abastecimiento continuo, pruebas diagnósticas básicas, recursos humanos suficientes; para evitar desplazamientos costosos y resolver la mayoría de los problemas de salud cerca del hogar.

6. Establecer un mecanismo contra el gasto catastrófico. Un fondo de alto costo, un seguro complementario público o un límite legal al gasto de bolsillo protegería a las familias más vulnerables.

7. Modernizar la gestión con herramientas digitales. Historia clínica electrónica, interoperabilidad entre instituciones y trazabilidad de compras reducirían pérdidas, omisiones e ineficiencias.

8. Transparencia y participación ciudadana. Sin información clara sobre abastecimiento, presupuestos y tiempos de espera, no hay control social posible. La ciudadanía informada es, además, un motor de eficiencia.

Panamá posee los recursos humanos y financieros para reducir drásticamente el gasto de bolsillo. Lo que falta es decisión política, integración institucional y una comprensión profunda de que la salud no es un gasto: es la inversión social más estratégica y productiva que puede hacer un país. Fortalecer la protección financiera no es un lujo ni una aspiración abstracta: es la condición mínima para un sistema de salud verdaderamente universal, sostenible y justo.

*El autor es M médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OPS)