Hay o no responsabilidad penal por la contaminación del río La Villa

La crisis que se ha generado por la contaminación del río La Villa, la principal fuente de agua para el abastecimiento de poblaciones en la península de Azuero, producto del manejo inadecuado por parte de empresas porcinas, vertederos, desechos sólidos de barriadas y la deforestación salvaje con la destrucción de miles de hectáreas en las orillas de este y sus afluentes más importantes de la región, es alarmante.

Hoy, las provincias de Herrera y Los Santos se encuentran afectadas por la falta de acción de gobiernos tras gobiernos (un Estado fallido) que, por décadas, no actuaron ni ejecutaron las acciones de mitigación ambiental respectivas para cuidar, proteger, conservar y administrar, como las leyes disponen, el recurso hídrico del agua en toda esta zona que ha sido devastada por ganaderos, agricultores, productores, porcicultores, municipios, promotores de barriadas, instituciones públicas de salud y, en general, por cuanto agente contaminante lo fuere.

La realidad azuerense es impactante: cientos de miles de habitantes en estas provincias no pueden consumir el líquido principal de sus grifos hogareños porque el agua que se procesa y proviene de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Herrera y Rufina Alfaro, en Los Santos, no es apta para el consumo humano, solo para usos domésticos con las respectivas restricciones, tal como lo han hecho entender de manera clara y transparente las autoridades del gobierno central, que encabeza el Presidente José Raúl Mulino Quintero.

Ante este panorama crítico, el Gobierno Nacional, a través del Consejo de Gabinete, aprobó la Resolución 56 de 10 de junio de 2025, donde declara estado de emergencia producto de la contaminación del río La Villa. En esta, se vio obligado a suspender la operación de las plantas potabilizadoras debido a los elevados niveles de turbiedad y materia orgánica en el agua del río, para lo cual asigna fondos por el orden de $10 millones para contrataciones especiales a los ministerios e instituciones públicas con el fin de resolver y detener, con acciones administrativas contundentes a través del Ministerio de Ambiente, a los diferentes agentes contaminadores que han causado este desastre natural y que, a todas luces, son sancionados por esta autoridad en primera fase a través de multas cónsonas con el daño ambiental causado.

Una vez que se detecta ese problema, el Ministerio de Ambiente, en representación del Estado, interpone ante la Personería Municipal de Macaracas, en Los Santo, una denuncia penal contra quienes resulten responsables de dicha conducta punitiva, ya sea por delitos contra la salud pública o contra el ambiente y el ordenamiento territorial que contempla el Código Penal. Esto, ya que estas leyes sancionan con penas altas a quienes contaminen recursos naturales como el agua y causen un daño directo a las cuencas hídricas que ponga en peligro la salud o la vida de las personas. Ello, aunado al hecho de que las actividades realizadas por las empresas y agentes contaminantes no cumplían con los debidos estudios de impacto ambiental ni con las autorizaciones respectivas, ya que en algunos casos se irrespetaron leyes sobre derechos de ribera de ríos sin ningún tipo de autorización o aprobación de las instituciones o autoridades respectivas.

La realidad es evidente: existe una contaminación del río La Villa, y el Ministerio Público ha tomado acciones penales tales como la aplicación de medidas de protección ambiental y urbanísticas a grupos de personas, sean naturales, jurídicas o instituciones, con el fin de suspender o modificar las construcciones, obras o actividades que hayan dado lugar al daño ambiental en toda esta zona ribereña, cuyo origen proviene de la Reserva Forestal del Montuoso, con más de 2.000 hectáreas de bosques protegidos, una biodiversidad y clima frío, especies endémicas y que recorre por sus diferentes afluentes.

Los pobladores de estas áreas afectadas estaremos atentos a las acciones judiciales que se investigan contra aquellas personas que han causado por décadas tanto daño ambiental y a la salud humana de miles de ciudadanos en esta región, sin que el peso de la justicia llegue a ellos por su condición privilegiada o estatus social que los hace imperseguibles del aparato policial y judicial porque representan una clase social diferente al panameño común. Por ello, la sociedad demanda una investigación transparente y objetiva donde se garanticen todos los derechos y obligaciones, en la cual las partes afectadas sean escuchadas y el peso de la ley penal se haga sentir, no importa que sea productor, empresario o representante de las instituciones estatales.