¿Informe del primer año o nuevo discurso inaugural?

Confieso que no tuve motivación y menos la disposición para ver y escuchar el supuesto “Informe del primer año” del presidente Mulino que, objetivamente, por las reseñas que he leído, más se asemejó a una repetición del discurso de hace un año cuando asumió el cargo.

En esos primeros discursos, como es una constante de nuestra historia política, los que inauguran el cargo, dedican, si no el noventa por ciento, algún porcentaje muy cercano, a criticar a sus predecesores y a curarse prematuramente en salud invocando las limitaciones y ataduras con las que se encuentran y que les limitarán, cual hipotecas iniciales, para comenzar a cosechar aplausos de aprobación desde el mismo primer día de su mandato.

Cuando asumió el cargo hace un año, si se recuerda bien, Mulino, sobre el problema más urgente que por sus consecuencias económicas tenía que enfrentar, que era la crisis del sistema de pensiones, afirmó que tenía estudiadas las fórmulas para superarla. Su manejo de la situación, si se mide por las consecuencias que siguen sacudiendo a la nación, no ha podido ser peor y, si como ha ocurrido, en lugar de demostrar flexibilidad para atender al reclamo mayoritario de la población, le ha adicionado amenazas y advertencias a la Asamblea Nacional de vetos anticipados e improcedentes, que tipifican una abierta extralimitación constitucional, ahora estará por verse si el supuesto “propósito de enmienda” para “construir consensos” se materializa con hechos y no se queda en meras palabras.

Los resultados del primer año de gestión de Mulino, como lo reflejan las encuestas, evidencian claramente que al final de su primer semestre de gestión había logrado mejorar la precaria representatividad del 34 %, obtenida en las urnas, pero como en el segundo semestre esta ha disminuido al 27 %, más que claro que para el pueblo su gobierno ha reprobado.

En tales circunstancias, también es claro que la principal meta del gobierno, antes que volver al camino trillado de las quejas altisonantes y las promesas, debe ser “recuperar y construir credibilidad”.

Una primera medida, en ese sentido, debe ser una manifestación que suene sincera, a escuchar y ponderar, sin obcecaciones ni comentarios chuscos y de mal gusto, como los recientes del ministro de Economía, las iniciativas que, en ejercicio de sus facultades constitucionales decida discutir la Asamblea Nacional, para modificar la Ley 462. En ese mismo tema, si el gobierno, con sentido práctico, anunciara que la vigencia de ese instrumento será temporal y que quedará sujeta a lo que resulte de un amplio y consensuado debate en la Asamblea, ese factor le daría autoridad para solicitar la desactivación de las protestas y que eventualmente el país recupere la normalidad.

Una segunda medida debe ser una exposición transparente del estado de las finanzas públicas, de la que está en mora agravada, por el incumplimiento de claras normas constitucionales, como la que le impone el numeral 8 del artículo 161.

Una tercera medida deber ser una explicación clara de cómo se reorganizará la administración pública que, dicho sea de paso y para que quede claro, también es una mora agravada del actual gobierno. Las escasas medidas anunciadas, como la referente a la eventual desaparición del Banco Hipotecario, debieron comenzar a tomarse desde el inicio del gobierno. Los ministerios, cuyo número es excesivo y la frondosa abundancia de entidades descentralizadas, llámense autoridades, secretarías de nuevo cuño o de cualquier otra manera, pueden reducirse mediante reformas de rango legal. De haberse querido proponerlas, no era necesario esperar a que transcurriera todo un año para ahora anunciarlas, como si esa abundancia se descubriera ahora.

Y a las anteriores podrían agregarse, sin que la lista se agote con ellas, otras deudas pendientes: 1.) Que se diga claramente qué ha decidido el gobierno o Mulino sobre la reapertura de la mina; 2.) A cambio de qué aceptaron la minera y los otros reclamantes suspender —que no retirar— sus reclamos arbitrales; 3.) Explicar, con cifras y no solo palabras, “la contención de los gastos” y si existe alguna fecha estimada para cumplir el mandato constitucional del artículo 270, de equilibrar los egresos con los ingresos; o 4.) Ante la urgente necesidad de aumentar los ingresos fiscales, ¿Qué medidas concretas ha estudiado el gobierno para combatir la evasión fiscal que el mismo ha denunciado tantas veces?

Las respuestas a esas interrogantes deben venir directamente de quien dirige al gobierno y, en ese orden, también sería conveniente que algunos ministros, por lo menos temporalmente, se abstengan de improvisar comentarios incongruentes e inoportunos, como el de los peajes de un puente que, con mucha suerte, se inaugurará en el año 2029.