Integrar sin improvisar: la prueba de fuego de la comisión Minsa–CSS

La instalación formal de la Comisión para la Integración del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social marca uno de los movimientos políticos más delicados de los últimos años en el sector salud. No es un ajuste administrativo ni un acuerdo técnico menor: es una decisión con capacidad de reordenar poder institucional, flujos financieros y expectativas ciudadanas en un sistema que ya opera bajo fuerte tensión.

Durante años se ha repetido —con razón— que Panamá mantiene dos sistemas públicos que no conversan entre sí: duplican hospitales, compiten por personal, compran por separado y, aun así, no logran garantizar acceso oportuno y de calidad. La idea de integrar no es nueva ni radical. Lo nuevo, y potencialmente explosivo, es el contexto político en el que se retoma, el alcance real de las decisiones que ahora se anticipan y el peso institucional de quienes han sido llamados a conducir el proceso.

Porque esta Comisión no es solo un espacio técnico de coordinación. Es, en los hechos, un núcleo de poder. Cinco personas con capacidad de redefinir flujos financieros, uso de infraestructura y reglas de acceso, alterando el delicado equilibrio entre dos instituciones que históricamente han defendido con celo sus márgenes de autonomía. En un país donde las grandes reformas suelen naufragar entre improvisaciones y anuncios sin seguimiento, este dato no es menor.

Conviene subrayar, además, un punto esencial: el éxito del proceso no dependerá únicamente de la idoneidad individual de los cinco miembros, sino de su capacidad para abrir el debate e incorporar conocimiento especializado. Integrar sistemas de salud exige competencias específicas en financiamiento sanitario, gestión hospitalaria, derecho administrativo, economía de la salud y relaciones laborales. Ninguna comisión, por sólida que sea, puede sustituir el valor de equipos técnicos amplios, asesorías independientes y diálogo informado con profesionales que conocen, desde la evidencia y la práctica, los riesgos de una reforma de esta magnitud.

El primer gran desafío es de gobernanza. La integración se presenta como una solución obvia a la fragmentación, pero aún no se han explicitado las reglas básicas del juego. ¿Quién paga cuando un asegurado utiliza infraestructura del Minsa? ¿Quién asume el costo cuando una persona no asegurada es atendida en la CSS? ¿Cómo se compensan esos flujos sin erosionar las ya frágiles finanzas del seguro social? Sin un marco jurídico y financiero claro, la integración corre el riesgo de ser políticamente atractiva, pero técnicamente vulnerable.

El segundo desafío es laboral, y aquí el termómetro político empieza a subir. Integrar servicios no es solo abrir puertas entre hospitales: implica mover personas, redefinir funciones y armonizar condiciones de trabajo. El personal de salud no es un insumo intercambiable; es un actor organizado, con memoria institucional y capacidad de presión. Avanzar sin acuerdos claros y garantías explícitas sería una fuente segura de conflicto que podría paralizar el proceso antes de mostrar resultados.

El tercer desafío es la gestión de expectativas públicas. Cada vez que se anuncia “integración”, la ciudadanía escucha promesas implícitas de soluciones rápidas. Pero la experiencia comparada demuestra que estos procesos son complejos y graduales. Si la Comisión no comunica con honestidad qué cambiará, qué no y en qué plazos, el desgaste llegará antes que los resultados. Y en política sanitaria, el desencanto suele traducirse en rechazo frontal a reformas necesarias.

Un elemento adicional que no puede ignorarse es el perfil político e institucional de la Comisión. No se trata de cuestionar trayectorias personales, sino de reconocer una realidad: cuando decisiones de esta magnitud se concentran en un grupo reducido, la exigencia de transparencia, reglas claras y comunicación pública se vuelve aún mayor. En un contexto de alta desconfianza institucional, cualquier señal de improvisación puede interpretarse como un proceso diseñado desde arriba, sin el consenso social que una reforma de este calibre requiere.

Aquí aparece un riesgo mayor: que la integración sea percibida como un mecanismo para trasladar problemas de una institución a otra, en lugar de resolver las causas estructurales de la fragmentación. Si el proceso afecta la sostenibilidad financiera de la CSS o diluye responsabilidades, el costo político y social será alto. La historia reciente del sistema de salud no admite experimentos mal calculados.

Dicho esto, la Comisión también enfrenta una oportunidad histórica. El piloto anunciado puede convertirse en un laboratorio serio de política pública si se diseña con indicadores claros, evaluación independiente y rendición de cuentas. Si se demuestra que la coordinación reduce tiempos de espera, optimiza recursos y no vulnera derechos laborales ni equilibrios financieros, Panamá tendrá por fin evidencia, no solo discursos.

Pero para que eso ocurra, la Comisión debe asumir una verdad incómoda: integrar salud no es solo una reforma técnica; es una redistribución de poder. Y toda redistribución de poder genera resistencias. Negarlas no las hace desaparecer; solo las vuelve más costosas.

La pregunta, entonces, no es si Panamá debe avanzar hacia un sistema público más integrado. Esa discusión está, en buena medida, superada. La pregunta real es si esta comisión recién nombrada está dispuesta a conducir el proceso con prudencia política, rigor técnico y transparencia democrática. Porque en salud pública, como en política, las reformas mal hechas no solo fracasan: dejan cicatrices. Y Panamá ya tiene suficientes.