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La ciudad no se hereda: se construye con participación

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  • 23/07/2025 00:00

Hablar de participación ciudadana en la planificación urbana puede parecer un lujo en un país donde, muchas veces, las decisiones se toman a puerta cerrada y la ciudadanía se entera cuando ya es demasiado tarde. Pero en realidad, la participación no es un lujo. Es un derecho. Y más aún: es un deber. Participar en la planificación urbana significa opinar, proponer y decidir sobre el futuro del lugar donde vivimos. Es decir, sobre qué se construye, dónde, cómo, con qué impactos y para quién. Es participar en las decisiones que afectan nuestra cotidianidad: si tendremos parques o centros comerciales, si nuestras calles serán caminables o si quedarán en manos del automóvil, si habrá escuelas o torres de oficinas, si podremos seguir viviendo donde nacimos... o no.

Pero para que esta participación sea efectiva —y sobre todo, justa— no basta con que nos inviten a una reunión o nos pasen una encuesta. Antes, necesitamos entender bien de qué estamos hablando. La planificación urbana tiene su propio lenguaje, y si no lo comprendemos, corremos el riesgo de ser meros espectadores en un proceso que debería ser colectivo. Aquí es donde entran dos conceptos clave: zonificación y usos del suelo. No son lo mismo, pero están relacionados. El uso del suelo indica para qué puede utilizarse una parcela de terreno: ¿Vivienda?, ¿comercio?, ¿parque?, ¿industria? Cada lote tiene un uso asignado, y eso define qué se puede —y qué no se puede— hacer allí. Por otro lado, la zonificación organiza esos usos en el territorio: es como un mapa de colores que divide la ciudad en áreas residenciales, comerciales, industriales, verdes, entre otras. Ahora bien, una misma zona puede permitir varios usos. Por ejemplo, una zona residencial puede autorizar también pequeñas tiendas, escuelas o centros de salud. Esto es importante: no todo es blanco o negro.

¿Por qué es relevante entender esto? Porque muchas veces la participación ciudadana se convierte en un campo de batalla por falta de información. Sin comprender bien, podríamos estar rechazando una propuesta que nos conviene o, por el contrario, defendiendo algo que en el largo plazo nos perjudica. Lo que la experiencia demuestra es que planificar, zonificar y asignar usos del suelo no es algo negativo. Todo lo contrario: es necesario. El problema aparece cuando se hace sin transparencia, sin equidad o sin participación real. En Panamá, además, tenemos otro desafío: contamos con muy pocos instrumentos de gestión del suelo. No hay una política nacional de planificación urbana clara, ni una norma que establezca con firmeza cómo deben hacerse estos procesos, quiénes deben participar, ni cómo deben tomarse las decisiones. La Ley 6 y algunos esfuerzos locales han avanzado en esta dirección, pero aún son insuficientes para enfrentar los desafíos reales de nuestras ciudades.

Y aquí volvemos al punto clave: la participación ciudadana debe ser vinculante, no decorativa. No basta con consultar. No basta con invitar a la comunidad después de que todo está decidido. La planificación urbana tiene que incorporar lo que la ciudadanía necesita, propone y prioriza desde el inicio. Y eso implica cambiar la forma en que las instituciones entienden su rol: no como ejecutores aislados, sino como facilitadores de un proceso colectivo. Pero también exige algo de la ciudadanía: educación urbana. Es decir, comprender los códigos, conocer los procedimientos, saber cuáles decisiones son técnicas y cuáles son políticas. La voz de la comunidad sí tiene valor, pero solo si es una voz informada. Participar con criterio es una forma de ejercer el poder ciudadano.

Hay quienes temen que la zonificación o los planes urbanos sean una forma de control. Pero lo cierto es que, bien hechos, dan certeza jurídica. Ayudan a evitar arbitrariedades. Protegen a los vecinos de cambios repentinos e inconsultos. Y también permiten identificar con claridad qué mejoras deben hacerse antes de permitir un mayor aprovechamiento del suelo. Por ejemplo: si alguien quiere construir más pisos o cambiar de uso residencial a comercial intensivo, muchas veces se requieren mejoras previas en servicios básicos, accesos viales, equipamiento urbano o drenaje. No todo se puede hacer en cualquier lugar. Además, hay que tener cuidado con falsas asociaciones. La gentrificación —ese proceso donde los barrios populares se encarecen y expulsan a sus residentes— no siempre es causada por la zonificación. Muchas veces, es el mercado el que transforma el territorio. Hay casos como el del Caño Martín Peña, en Puerto Rico, donde una comunidad organizada logró mejorar su entorno sin ser desplazada. En cambio, barrios como la Barceloneta, en Barcelona, sí vivieron una gentrificación lenta, aún con normativas en pie.

Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos planificación, sí. Pero también participación ciudadana efectiva. Necesitamos códigos claros, pero también procesos transparentes. Y sobre todo, necesitamos una ciudadanía que entienda que la ciudad no se hereda: se construye. Y se construye mejor cuando se hace con todas las voces, especialmente con las de quienes la viven todos los días.

*La autora es planificadora urbana e investigadora asociada del CIEPS