La crisis de la vivienda en Panamá

La ONU ha vuelto a colocar la vivienda en el centro de la agenda mundial, recordando que una vivienda adecuada no es solo un bien económico o un espacio físico, sino un derecho humano. La preocupación no es menor. ONU-Hábitat estima que unos 2,800 millones de personas en el mundo carecen de una vivienda adecuada, más de 1,000 millones viven en asentamientos informales y más de 300 millones no tienen vivienda. La organización advierte además que la crisis se relaciona con el aumento del costo de la vivienda, la pobreza, la desigualdad, la urbanización acelerada, los desplazamientos y el cambio climático.

Ese fue precisamente el telón de fondo del XIII Foro Urbano Mundial, celebrado en Bakú en mayo pasado bajo el lema “Vivienda para el mundo: ciudades y comunidades seguras y resilientes”. El mensaje fue claro: no basta con construir más viviendas. Es necesario vincularlas con el suelo, los servicios básicos, el transporte, el empleo, la planificación urbana y la resiliencia frente al cambio climático.

La pregunta inevitable es: ¿cómo estamos enfrentando este desafío en Panamá?

Panamá ha avanzado en la reducción del déficit habitacional, pero el problema está lejos de resolverse. Según el IX Informe de Calidad de Vida, en 2025 el déficit se redujo a 8.5%, unas 112,715 viviendas. Sin embargo, al incorporar las carencias de agua potable, saneamiento y electricidad, el déficit habitacional ampliado alcanza 24.3%, equivalente a 322,755 viviendas.

Las mayores brechas se concentran en las comarcas indígenas y territorios con mayores rezagos socioeconómicos. Una vivienda digna requiere, además, seguridad, servicios básicos, habitabilidad adecuada y acceso razonable a educación, salud, empleo y movilidad.

El problema, por tanto, es mucho más amplio que el número de casas que faltan.

En ese sentido, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la cadena de valor de la vivienda en Panamá identifica la complejidad del desafío: disponibilidad y costo del suelo, financiamiento, subsidios, vivienda de interés social, planificación urbana, normativa, sostenibilidad, identificación de la población objetivo y coordinación entre los diferentes actores. A ello se suman 413 asentamientos informales, principalmente en Panamá Oeste, Bocas del Toro, Panamá Norte y Chepo.

Esto nos obliga a reconocer una realidad incómoda: cuando el Estado y el mercado formal no ofrecen alternativas accesibles, las familias no dejan de necesitar una vivienda; simplemente buscan otra manera de resolverla.

Y aquí aparece otra dimensión de la crisis: la capacidad de pago. Panamá ha utilizado durante años subsidios y mecanismos de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda. Pero aumentar la oferta no garantiza por sí mismo que las viviendas lleguen a quienes más las necesitan. El mercado inmobiliario también muestra señales de segmentación: mientras determinados segmentos de apartamentos mantienen dinamismo, la vivienda de menor costo enfrenta mayores dificultades. La discusión, por ello, no puede limitarse a cuánto se construye, sino a qué se construye, dónde se construye y quién puede acceder a ello.

Hay además una dimensión territorial que no podemos ignorar. El crecimiento urbano de Panamá ha producido una ciudad extensa, dependiente del automóvil y con grandes diferencias entre los lugares donde vive la población y aquellos donde se concentran los empleos y los servicios. Una vivienda barata ubicada muy lejos del trabajo, de las escuelas, de los centros de salud y del transporte público puede terminar siendo una vivienda cara para la familia, porque el ahorro en alquiler o hipoteca se transforma en horas de viaje y mayores costos de transporte. Por eso la política de vivienda debe ser también una política de ciudad.

El propio Miviot ha planteado en su Plan de Vivienda 2024-2029 la necesidad de combinar la reducción del déficit habitacional con el ordenamiento territorial y la modernización institucional. Son esfuerzos importantes, pero el desafío exige continuidad, escala y una visión de largo plazo.

Panamá necesita una política nacional de vivienda y hábitat que trascienda los períodos gubernamentales y que articule al Miviot con los municipios, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, las empresas de servicios públicos, el sector privado y las comunidades. Y debemos hacerlo con especial atención a las familias de menores ingresos, a las comunidades indígenas y rurales y a quienes viven en territorios expuestos a riesgos ambientales y climáticos.

La ONU tiene razón al recordarnos que la vivienda es un derecho humano. Pero reconocer ese derecho no significa que el Estado tenga que construir una casa para cada ciudadano. Significa algo más profundo: crear las condiciones para que todas las personas puedan acceder a una vivienda adecuada, segura, asequible y bien localizada, sin que su nivel de ingreso determine la calidad del lugar donde viven.

La crisis de la vivienda en Panamá no se resolverá solamente construyendo más casas. Se resolverá cuando logremos construir hogares, barrios y ciudades donde las personas puedan vivir con dignidad y tener oportunidades. Ese debería ser el verdadero propósito de nuestra política de vivienda.