La crisis de legitimidad y la salida constituyente (IX)

En artículos anteriores sobre este mismo tema, he destacado, entre otras cosas, que: “El descomedido atraso, perpetrado por los sectores dominantes, en renovar y modernizar una real inserción de Panamá en el mercado mundial, al tiempo que han mantenido su régimen político autista y depredador; unas capas medias ilustradas pero ignoradas junto a su peso social en la sociedad, junto a “un sector trabajador cronológicamente joven, que desconoce y rechaza la autoridad de los viejos aparatos políticos y sindicales desprestigiados e incapaces, pujan con fuerza por desembarazarse de las ataduras de un régimen político agotado, caduco e inservible para dirimir los conflictos y exigencias surgidas de los grandes cambios y portentosas transformaciones materiales ocurridas durante los últimos 50 años”.

Los distintos sectores de la sociedad panameña vienen clamando, cada uno a su manera dada la atomización social, por una efectiva y verdadera democratización del régimen político impuesto a través de la constitución de 1972 y su Código electoral. Si la Constituyente tiene que ser incluyente, es justamente por lo extremadamente excluyente del régimen político imperante y, que se ha ido degenerando más y más, desde la invasión hasta el presente. De ahí es que surge la crisis de legitimidad que se agrava.

Resurge entonces la interrogante: ¿Cómo pretender mantener un sistema que es esencialmente antidemocrático, el cual excluye no solo el debate constituyente sino también a los sectores que lo están demandando?

Hoy por hoy, ante la crisis de legitimidad imperante, una nueva legitimidad solo podrá emanar de un verdadero diálogo y debate de y entre todas las fuerzas políticas y sociales que integran nuestra sociedad. Y, aunque existan voces agoreras que plantean solo reformas, hoy por hoy, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es el camino. ¡No hay otro camino!

La ventana de apertura para encender el motor de arranque Constituyente ya ha sido abierta. De hecho, aunque algunos lo duden, nos encontramos en un proceso constituyente que avanza, sin prisa pero sin pausa, hacia la cristalización de las fases que, democráticamente, deben preceder a la instauración de los constituyentes electos para el debate y aprobación de los proyectos que se les presenten para una nueva Constitución, su correspondiente difusión, previa convocatoria al Referéndum a que tiene derecho el pueblo ciudadano soberano, para aceptarla o no.

Recordemos y reafirmemos que la Asamblea Nacional Constituyente es el escenario en el que, a los ciudadanos, nos corresponde debatir abierta, democrática y públicamente, las bases sólidas de una nueva legitimidad republicana y del que emanará el nuevo pacto social que la regulará.

Para avanzar en ello, tenemos muy presente que se requiere el acuerdo sobre una normativa electoral democrática que facilite y posibilite la participación democrática de todos los ciudadanos en las elecciones de los constituyentes.