La economía política de la pobreza igualitaria

En el debate político contemporáneo, pocas cuestiones son tan determinantes, -y a la vez tan deliberadamente oscurecidas-, como la economía política que subyace a los proyectos ideológicos de la izquierda internacional. Más allá de los discursos sobre justicia social, equidad o sostenibilidad, se está consolidando, a nivel global, un modelo con rasgos bien definidos: una economía política que no busca la prosperidad general, sino la igualación descendente. Es, en esencia, la arquitectura de lo que, en mi artículo anterior, “El Caballo de Troya de Occidente: La Metamorfosis de las Izquierdas”, denominé una “pobreza igualitaria” y que ampliaré en esta ocasión.

Este modelo no se presenta de forma honesta ante la ciudadanía. Se reviste de objetivos nobles para ocultar un patrón consistente: la expansión sistemática del Estado como actor omnipotente, la erosión de la autonomía económica de ciudadanos y empresas, y la sustitución de la creación de riqueza por su confiscación política. La premisa es que la desigualdad es el único mal a combatir, incluso si para lograrlo es necesario sacrificar crecimiento, innovación y movilidad social. El resultado no es elevar a los individuos, sino limitar su capacidad de éxito, construyendo una igualdad sostenida en la contención y el estancamiento.

El instrumento fundamental es la hipertrofia del aparato estatal. El crecimiento del sector público deja de ser un medio para garantizar servicios y se convierte en un fin en sí mismo. La burocracia se multiplica, la regulación se densifica y la intervención estatal se extiende a cada rincón de la actividad privada. Este proceso genera una dependencia estructural de la sociedad respecto del poder político. A medida que el Estado crece, su voracidad financiera aumenta; la presión fiscal se vuelve asfixiante, afectando especialmente a la clase media y a los emprendedores. Lejos de ser redistributiva, la política tributaria actúa como un mecanismo de control: quien depende menos del Estado es libre; quien depende más, es un rehén de sus decisiones.

En paralelo, se configura un esquema de dependencia basado en subsidios, transferencias y contratos públicos. Ciudadanos y empresas se ven incentivados a alinearse con el poder de turno a cambio de migajas de estabilidad. La iniciativa privada deja de orientarse hacia la creación de valor y pasa a buscar la proximidad con el presupuesto estatal como única fuente de seguridad. Se distorsiona el mercado y se debilita el tejido empresarial independiente, premiando la obediencia sobre la eficiencia. Esta es la economía política de la sumisión: subsidios por silencio, regulación por control.

La clase media, pilar de estabilidad de una democracia liberal, es la víctima propiciatoria. La carga fiscal, la inflación regulatoria y la incertidumbre, reducen su capacidad de ahorro e inversión. Al mismo tiempo, el emprendimiento es castigado por un entorno hostil que penaliza el riesgo y premia la burocracia. La medición del éxito económico también se pervierte: ya no importan la productividad o la competitividad, sino el alcance de los programas estatales. El crecimiento deja de ser una función de la actividad real y pasa a asociarse con la expansión del gasto. Este patrón económico oculta que el sistema se devora a sí mismo mientras celebra el aumento del déficit.

Otro rasgo distintivo es la gestión permanente del miedo. Crisis sucesivas, -sanitarias, climáticas o energéticas-, se utilizan como marcos para justificar niveles intolerables de intervención. La excepcionalidad se normaliza para ampliar el poder estatal sobre la vida cotidiana. Se exige a los ciudadanos consumir menos, viajar menos y producir menos, mientras se incrementa su carga fiscal. En lugar de implementar soluciones estratégicas que garanticen energía barata o seguridad, se obliga al ciudadano a pagar el costo de la inacción. Es un modelo que prefiere sociedades asustadas y crispadas, más fáciles de tutelar.

A nivel internacional, esta agenda se infiltra en organismos multilaterales como la ONU o la OEA, promoviendo agendas que imponen visiones colectivistas bajo el disfraz del globalismo y que buscan una convergencia hacia sistemas donde el margen de decisión individual desaparece. El resultado que se persigue es una sociedad más dependiente, más controlada y, en última instancia, más pobre. Al priorizar la igualdad, entendida como uniformidad gris, se sacrifica el dinamismo que impulsa el desarrollo humano. Al reforzar la dependencia, se aniquila la libertad.

Esta “economía política de la pobreza igualitaria”, -contenida en el Caballo de Troya de las izquierdas-, es el mayor riesgo para las naciones que aspiran a la libertad. En Panamá, un país que ha prosperado gracias a su apertura al mundo, a su dinamismo logístico y a su espíritu emprendedor, no podemos permitir que estas doctrinas echen raíces. Nuestra identidad nacional se ha forjado en el esfuerzo, el comercio y la libertad individual, no en la sumisión al subsidio estatal ni en la asfixia burocrática. Debemos rechazar con firmeza este modelo de dependencia que ha asolado a vecinos de la región y amenaza con infiltrarse en nuestras instituciones. Panamá debe tenerlo claro: esta economía política de la pobreza y el control no es la que quiere para labrar su presente, ni para hipotecar su futuro. La ruta debe seguir siendo la de la libertad, el mérito y la prosperidad real, lejos de las garras de un colectivismo populista que solo sabe repartir escasez y miseria. Es hora de defender una economía política de la libertad, frente a quienes, ya en Panamá, proponen igualarnos en la carencia y el sometimiento.