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¿La evasión fiscal existe en Panamá?

Imagen de la ciudad de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
  • 27/06/2025 01:00

En días pasados, La Estrella de Panamá publico dos artículos relacionados con el tema de la evasión fiscal en Panamá. En uno de los artículos se habla de una evasión de cerca de $8.000 millones, lo cual no cuenta con ningún sustento analítico ni toma en cuenta las leyes fiscales que otorgan exoneraciones u otros tipos de beneficios. Por ejemplo, tenemos el impuesto al consumo (ITBMS) más bajo en la región de un 7 %. Sin embargo, la tasa efectiva es de solo 3,85 % porque el 45 % de la actividad comercial está exenta del cobro del ITBMS. Estos son comida, salud, educación y vivienda.

En este escrito quiero enfocarme en el deterioro en las recaudaciones del Estado panameño del 2013 hasta la fecha. En el 2013, los ingresos totales del gobierno central fueron de $6.958 millones. Los tributarios fueron por $5.202 millones y los no tributarios fueron por $1.865 millones. Las personas jurídicas pagaron 1.031 millones y las naturales pagaron 679 millones. Como porcentaje del PIB los ingresos corrientes están en un 14,72 %, los tributarios en 10,6 % y los no tributarios están en 4 %. Las personas jurídicas representan un 2,2 % y las naturales un 1,4 %.

En el 2024, los ingresos totales del Gobierno central fueron de $9.302 millones. Los tributarios fueron por $5.628 millones y los no tributarios fueron por $3.644 millones. Las personas jurídicas pagaron $965 millones en impuesto y las naturales $1.389 millones. Como porcentaje del PIB los ingresos totales representan un 10,6%, los tributarios un 6,4% y los no tributarios un 4,2%. Las personas jurídicas representan un 1,1% del PIB y las personas naturales un 1,6%.

Un simple ejercicio aritmético nos lleva a las siguientes conclusiones:

1. Los ingresos corrientes del Gobierno central han bajado un 4.1% del PIB del 2013 al 2024.

2. Los ingresos tributarios han caído un 4,2 % del 2013 al 2024.

3. Los ingresos no tributarios han aumentado 0,2 % del 2013 al 2024. Esto se debe principalmente al incremento de los aportes del Canal gracias al tercer juego de esclusas.

4. Las personas jurídicas están pagando un 50 % menos (de 2,2 % a un 1,1 %).

5. Las personas naturales están pagando más de un 1,4 a un 1,6 % lo que da un incremento de 0,2 %. Es más fácil cobrarles impuesto a las personas naturales, ya que la mayoría reciben pago de planilla donde el descuento del impuesto se hace de manera directa.

Las calificadoras de riesgo tienen tiempo señalando el problema estructural que tienen las finanzas del país y es que el deterioro en la efectividad de cobrar impuestos (desde hace ya 11 años) está poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Resuelto el tema del programa IVM de la CSS, este es nuestro riesgo más grande, aunque algunos opinólogos del patio digan lo contrario. Bajar un 4,1 % del PIB en las recaudaciones representa $3.683 millones. Si se hubiese logrado ser igual de eficiente en el cobro de los impuestos en el 2024 como en el 2013, el déficit del 2024 que fue de $6.426 millones (7,35 % del PIB) hubiese sido de $2.743 millones (3,1 % del PIB).

Entonces nos toca preguntar ¿de dónde vienen estas diferencias tan grandes? Cambios en la legislación fiscal no son. ¿Cómo nos explicamos que se cobró más impuesto a las personas jurídicas en el 2013 que en el 2024 cuando la economía ha aumentado un 86 % en ese periodo? Todo esto nos lleva a la conclusión que si existe la evasión fiscal, que se da tanto en los cobros de ITBMS (también dicho por el MEF) como en los impuestos sobre la renta. Y con esto no quiero decir que en el 2013 no había evasión de impuestos, porque sí lo había. Que esa evasión está por el orden de los $3.600 millones mínimo, pero ni cerca a los $8.000 millones que dijeron los autores del artículo que publicó La Estrella. Es cuestión de voluntad y de usar todas las herramientas, tanto tecnológicas como de recurso humano, para recobrar ese nivel de recaudación que teníamos antes. Esto nos ayudaría enormemente en la sostenibilidad de las finanzas públicas y en nuestra calificación de riesgo.

*El autor es exministro de Economía y Finanzas, financista y político