La gobernabilidad no se decreta: se construye resolviendo los problemas de la gente

Cada vez que Panamá atraviesa una crisis política, social o institucional -como es frecuente-, la capacidad de un gobierno y sus instituciones para responder eficazmente a las demandas de la sociedad vuelve al centro del debate. Los panameños hablamos de falta de gobernabilidad cuando hay protestas, tensiones entre órganos del Estado, bloqueos o resistencia a determinadas políticas públicas.

Y es que la verdadera gobernabilidad no se decreta. No depende únicamente de la autoridad de un gobierno ni de la existencia de instituciones formales. Se construye cuando el Estado y la sociedad son capaces de enfrentar los problemas colectivos de manera legítima, eficaz y sostenible.

Eso es así porque los ciudadanos evalúan la gobernabilidad a partir de su experiencia cotidiana. Cuando buscan empleo y no lo encuentran, cuando enfrentan largas esperas para recibir atención médica, cuando observan el deterioro de la calidad educativa o cuando sienten incertidumbre sobre el futuro de sus pensiones. También cuando les preocupa la seguridad de sus familias, perciben corrupción o temen que el agua deje de estar disponible para las próximas generaciones.

En todos esos casos, lo que está en juego es mucho más que políticas sectoriales. Es la confianza en la capacidad del país para resolver sus desafíos. Veamos solo algunos ejemplos. Todos constituyen desafíos de gobernabilidad.

La crisis minera que vive Panamá mantiene una importante lección en esta materia. Más allá de las posiciones a favor o en contra de la minería metálica, el conflicto evidencia una profunda fractura de confianza entre instituciones y ciudadanía. Para muchos panameños, la discusión dejó de ser exclusivamente ambiental, económica o jurídica.

Hace tres años, la intensidad de la reacción social _que puede repetirse_ demostró que la gobernabilidad no depende únicamente de que una decisión sea legal. Aquí tuvimos y tenemos un debate sobre transparencia, participación, legitimidad y modelo de desarrollo.

Algo similar ocurre con el desafío del agua. La situación de la cuenca del Canal, la búsqueda de nuevas fuentes hídricas y proyectos como Río Indio obligan al país a tomar decisiones complejas que afectan a múltiples personas. No se trata solamente de infraestructura o ingeniería. Se trata de construir acuerdos que permitan garantizar simultáneamente la seguridad hídrica, la sostenibilidad ambiental, el bienestar de las comunidades y el desarrollo económico.

También lo es el debate sobre la Caja de Seguro Social. Durante décadas, Panamá ha postergado decisiones difíciles sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, los problemas no desaparecen por ignorarlos. Resolver este desafío exige liderazgo político, diálogo social, responsabilidad intergeneracional y capacidad para construir acuerdos que trasciendan los ciclos electorales.

La educación y la salud representan desafíos igualmente estratégicos. Resulta difícil aspirar a mayores niveles de competitividad, productividad e inclusión cuando persisten brechas significativas en los aprendizajes de nuestros estudiantes o cuando miles de personas enfrentan dificultades para acceder oportunamente a servicios de salud de calidad. La inversión en desarrollo humano no es únicamente una política social; es una condición indispensable para el desarrollo sostenible y la cohesión social.

A ello se suma un tema que preocupa crecientemente a la ciudadanía: la delincuencia, la violencia y la expansión del crimen organizado. La reciente fuga de privados de libertad de La Joyita reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, hacer cumplir la ley y mantener el control efectivo del sistema penitenciario.

Sin embargo, la seguridad ciudadana no puede reducirse únicamente a más policías, penas más severas o nuevas cárceles. La experiencia demuestra que requiere una acción firme contra el delito, pero también políticas sostenidas de prevención, educación, empleo, recuperación de espacios comunitarios, reinserción social y fortalecimiento institucional.

Todo ello conduce a una conclusión fundamental: la gobernabilidad del siglo XXI no puede sostenerse exclusivamente sobre la autoridad, los discursos y las promesas. Debe construirse sobre la confianza. Y la confianza no surge de los discursos. Surge de los resultados. Surge cuando las instituciones funcionan, cuando las políticas públicas responden a las necesidades de la población y cuando los ciudadanos perciben que sus preocupaciones son escuchadas y atendidas.

Panamá posee enormes fortalezas: una ubicación geográfica privilegiada, una economía abierta al mundo, una democracia resiliente y una sociedad diversa y emprendedora. Pero ninguna de esas ventajas garantiza por sí sola el desarrollo sostenible.

La gobernabilidad se pone a prueba cuando un país debe decidir qué hacer con sus recursos minerales, cómo garantizar el agua de las próximas generaciones, cómo proteger las pensiones, cómo mejorar la educación y la salud, y cómo enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Son debates distintos, pero comparten una misma pregunta de fondo: ¿tenemos la capacidad colectiva para construir soluciones legítimas, sostenibles y orientadas al bienestar de la gente?

Porque, al final, la gobernabilidad no consiste en que el Estado logre imponer sus decisiones. Consiste en que la ciudadanía reconozca que las instituciones están trabajando para resolver sus problemas, ampliar sus oportunidades y construir un futuro compartido.

La gobernabilidad no se decreta. Se construye resolviendo los problemas de la gente.