La oportunidad de hacer integral y eficiente la gestión de residuos en Panamá

La gestión de residuos sólidos es un servicio público, una necesidad básica de salud y un problema global de carácter antropogénico. En Panamá, la gestión de los residuos sólidos ha sido poco estudiada, salvo en el distrito capital.

Existe la percepción de que el panameño no tiene buenos hábitos de gestión de residuos. Sin embargo, fue el saneamiento el principal factor que hizo posible la construcción del Canal de Panamá: los panameños tenemos una historia de éxito.

En la actualidad, Panamá atraviesa una crisis ambiental y de salud debido a la deficiente gestión de residuos sólidos. Plantear el problema es clave para encontrar soluciones; en ese sentido, se requiere un marco teórico y conceptual robusto, que permita establecer un marco legal.

En Panamá existe un marco legal basado en la Ley 41, Ley General de Ambiente (1998); la Ley 33, que establece la Política Basura Cero y su marco de acción para la gestión integral de residuos, y dicta otras disposiciones (2018); y la Ley 276, que regula la gestión integral de residuos sólidos en la República de Panamá (2021), entre otras disposiciones. Sin embargo, las leyes 33 y 276 aún no se han reglamentado.

Por otro lado, se han invertido más de 6 millones de dólares en estudios para desarrollar un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. El Banco Interamericano de Desarrollo actualmente actualiza el plan desarrollado por la empresa INECO en el 2017.

Se comprende la gestión integral de residuos como un sistema, lo que nos obliga a definir los elementos que lo integran: generación, recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final. Además, debemos considerar los diferentes niveles o contextos en los que se desarrolla, los cuales tienen diferentes competencias, definidas por el estatus y rol de los actores involucrados.

El actual gobierno licita, por 146 millones de dólares y un periodo de 82 meses, el servicio para la recolección y transporte de residuos. Estos son elementos clave del sistema. Igualmente, el municipio de Chame licita la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos por 20 años y 18 millones de dólares. Cabe señalar que ambos contratos tienen criterios diferentes y no contemplan principios rectores del actual marco legal, lo cual evidencia la carencia de una política pública a nivel nacional.

El desafío que representa la gestión integral de residuos es complejo; por tanto, requiere que el gobierno nacional y locales tengan un planteamiento claro del problema, que les permita diseñar políticas públicas basadas en la ciencia, para lograr un equilibrio social, ambiental y económico.

Toda crisis representa una oportunidad, y esta ocasión no es diferente. Es un reto interesante el que afrontamos como Estado y que nuestros gobernantes deben liderar. Debemos resaltar que Panamá cuenta con los medios y recursos para enfrentar el desafío y tiene una historia de éxito. Pero requiere que los gobernantes diseñen y desarrollen la ciencia política, y no solo política.